Viaje sin retorno

Todos los factores se han dado cita para convertir la situaci¨®n de Aminetu Haidar -irresuelta en el momento de escribir este comentario- en un caso l¨ªmite. Esta tr¨¢gica historia comenz¨® con la retirada del pasaporte y la expulsi¨®n policial de Marruecos de la activista saharaui a su regreso a El Aai¨²n, procedente de Nueva York v¨ªa Las Palmas. Como independentista que antepone su nacionalidad cultural y pol¨ªtica a su nacionalidad estatal, Aminetu Haidar se proclama saharaui y no marroqu¨ª.

La responsabilidad de Marruecos es evidente: el art¨ªculo 13.2 de la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier pa¨ªs, incluso del propio, y a regresar a su pa¨ªs". Tras el abandono por la Espa?a franquista del S¨¢hara Occidental en 1975 y su ocupaci¨®n de facto por Marruecos, s¨®lo el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n ordenado por Naciones Unidas -pendiente de celebraci¨®n- decidir¨¢ la suerte final del territorio: la incorporaci¨®n de iure al reino alau¨ª o la creaci¨®n de un Estado soberano. Si los campamentos de refugiados de Tinduf resultasen un testimonio insuficiente, la expulsi¨®n de Aminetu Haidar prefigura un ominoso futuro para la poblaci¨®n nativa si la f¨®rmula anexionista no tuviese como marco un verdadero Estado de derecho.

La deportaci¨®n de Aminetu Haidar dictada por Marruecos viola la Declaraci¨®n de Derechos Humanos

El traslado forzoso de Aminetu Haidar desde El Aai¨²n hasta Lanzarote en un avi¨®n espa?ol y su internamiento obligatorio sin pasaporte hace sospechar la existencia de connivencias entre ambos Estados para ese viaje sin aparente retorno; la frustrada tentativa de devolverla a Marruecos cuando ya se hab¨ªa declarado en huelga de hambre demostr¨® el corto ingenio de los astutos inventores de la tramposa estratagema diplom¨¢tica. El ministro de Exteriores ofreci¨® a la deportada el asilo pol¨ªtico o la nacionalidad espa?ola si suspend¨ªa su huelga de hambre; el rechazo de la propuesta provoc¨® la airada y quejumbrosa reacci¨®n de un compungido Moratinos.

El caso de Aminetu Haidar ha sacado a la luz la conciencia de culpa de Espa?a por el abandono a su suerte de los saharauis y por su contradictoria pol¨ªtica sobre la celebraci¨®n del prometido refer¨¦ndum; como ocurri¨® durante la ¨®pera bufa de Perejil, los tradicionales estereotipos xen¨®fobos contra los magreb¨ªes han hecho el resto del trabajo. Ni siquiera han faltado juicios denigratorios contra la activista saharaui por su apelaci¨®n al ejercicio de la libertad de conciencia y por las motivaciones de su gesto; tal vez alg¨²n habitante de Tebas murmurase tambi¨¦n que Ant¨ªgona se pas¨® en sus fastidiosas protestas por las ganas de chantajear a Creonte y de llamar la atenci¨®n. En una situaci¨®n como ¨¦sta, ?debe el Estado asistir impasible a la lenta consunci¨®n de un suicidio expiatorio o tomar, por el contrario, medidas para impedirlo? Ese dilema no puede ser resuelto en t¨¦rminos t¨¦cnico-jur¨ªdicos: la protecci¨®n de los derechos humanos requiere tambi¨¦n el decisivo enfoque de la ¨¦tica pol¨ªtica.