Ilegales al cumplir los 18
Comunidades aut¨®nomas y subdelegaciones del Gobierno incumplen el deber de documentar a los inmigrantes mientras son menores
Abandonan su aldea siendo ni?os, con el peso de la deuda contra¨ªda por sus padres para pagar su viaje y la promesa de enviar dinero a casa. Una vez aqu¨ª, descubren que en Espa?a, la educaci¨®n es obligatoria. Como devolver a un chaval a los padres que le han enviado a jugarse la vida en un cayuco resulta dif¨ªcil, la mayor¨ªa se queda -de los 995 expedientes de repatriaci¨®n de menores del a?o pasado se llevaron a cabo diez y s¨®lo uno de ellos era subsahariano-. Las comunidades aut¨®nomas se convierten en sus tutoras. La administraci¨®n invierte mucho dinero en acogerles y formarles. Pero cuando cumplen los 18 muchos se convierten en inmigrantes irregulares camino de un expediente de expulsi¨®n. ?La causa? Que las Administraciones incumplen e interpretan de manera arbitraria la ley que les obliga a documentarles mientras son menores. Cumplen 18 sin haber tenido papeles.
La Administraci¨®n invierte mucho dinero en formar a futuros 'expulsables'
El Defensor del Pueblo lo achaca a "cuestiones de conveniencia"
"?ste es uno de nuestros caballos de batalla con las autoridades", explica Mar¨ªa Luisa Cava de Llano, adjunta primera a la oficina del Defensor del Pueblo. "No es s¨®lo un problema de diversidad de criterios sino de renuncia a asumir lo que con arreglo a la legislaci¨®n es muy claro. La mayor¨ªa de las veces no se tiene claro que sobre la condici¨®n de extranjero ha de primar la condici¨®n de menor". Para Cava de Llano, la legislaci¨®n es "inequ¨ªvoca" y si no se aplica es por "cuestiones de oportunidad o conveniencia".
La fiscal¨ªa de sala de menores y la de extranjer¨ªa se vieron obligadas a enviar un oficio a todos los fiscales de Espa?a para que instasen a las comunidades (las tutoras) a que a su vez, instasen a las subdelegaciones del Gobierno (las que conceden las tarjetas de residencia) a documentar a los menores sin esperar si quiera el plazo de nueve meses previsto en el reglamento. Siguen sin hacerlo.
El Defensor del Pueblo sigue detectando "demoras generalizadas, falta de diligencia en la obtenci¨®n de pasaportes, denegaciones faltas de motivaci¨®n" y lo que llama "excesiva creatividad en la exigencia de requisitos" por parte de la administraci¨®n. "Una de esas ideas creativas es hacer coincidir la vigencia de la autorizaci¨®n de la residencia con el d¨ªa en que el menor alcanza la mayor¨ªa de edad. Es decir, que se otorguen residencias por 23 d¨ªas, por ejemplo". El Defensor del Pueblo ha recibido quejas de "pr¨¢cticamente todas las comunidades aut¨®nomas" y ha recordado a las Administraciones sus "deberes legales". En lo que va de a?o les ha enviado 15 recomendaciones, 23 sugerencias y 28 recordatorios.
"?Es, no dir¨¦ l¨®gico, sino meramente admisible desperdiciar todo el esfuerzo y los recursos empleados cuando cumplen los 18?", se pregunta Cava de Llano.
En 2006 llegaron a las costas espa?olas 1.378 menores extranjeros no acompa?ados. En 2007, 1.172 y el a?o pasado, 1.195. La incoherencia sale muy cara. El Gobierno, que aporta mucho dinero en acogerles y formarles, conoce el problema. Por eso ha hecho un grupo de trabajo con fiscales, polic¨ªas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n para tratar de elaborar un protocolo que llevar a las delegaciones del Gobierno.
Fuentes jur¨ªdicas que tratan a diario con este problema, opinan que la soluci¨®n pasa por que el Estado asuma la tutela y documentaci¨®n de menores.
El Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola y Unicef comparten, tras consultar con m¨¢s de 700 organismos implicados, el diagn¨®stico de descoordinaci¨®n e inseguridad jur¨ªdica a la que las Administraciones est¨¢n sometiendo al menor inmigrante. En un informe elaborado con la Fundaci¨®n Banesto hablan de "negaci¨®n del derecho a ser reconocido". "La autorizaci¨®n de residencia les reconoce ese derecho a ser ellos mismos", explica el informe.
Cava de Llano insiste: "No es f¨¢cil enfrentarse a la frustraci¨®n que esto despierta no s¨®lo entre los menores sino entre sus educadores e incluso en los empresarios que los conocen porque han realizado pr¨¢cticas con ellos y pretenden contratarlos".
Fernando Saleta, responsable del colectivo La Calle, lanza una pregunta: "?Se imaginan que un padre echara a su hijo de casa al cumplir los 18, pero sin posibilidad de trabajar o valerse por s¨ª mismo?". "Los chavales me preguntan: '?cuando cumpla los 18 que va a pasar conmigo?' Yo les digo que a nosotros nos da igual la edad que tengan, que lo importante es que estudien. Ellos est¨¢n cumpliendo su parte, tengo un chico que saca notazas en historia de Espa?a, pero la administraci¨®n no est¨¢ cumpliendo la suya".
"Me detuvieron cuatro veces en un mes"
A Abdoul, senegal¨¦s, le echaron de un centro de Salamanca al d¨ªa siguiente de su 18 cumplea?os. No tiene papeles. "Me dijeron que me ten¨ªa que ir de all¨ª", dice. Fernando Saleta, responsable de la ONG La Calle, contin¨²a el relato. "Se fue a casa de unos amigos en Granada, que le dijeron que para vivir all¨ª ten¨ªa que aportar algo, as¨ª que le dieron CD para vender. Para ¨¦l era un chollo que le regalaran cosas para vender. Le detuvo la polic¨ªa y fue a juicio. Cuando le conoc¨ª en Madrid me pregunt¨® qu¨¦ era la propiedad intelectual".
Saleta acude a la cita con 10 chavales subsaharianos que han cumplido la mayor¨ªa de edad sin haber tenido documentaci¨®n. Casi todos llegaron a Espa?a con 15 o 16 a?os en cayucos. Todos han hecho cursos para aprender un oficio: jardinero, fontanero, alba?il... financiados con dinero p¨²blico. "Hay empresarios que despu¨¦s de tenerlos de pr¨¢cticas han querido contratarlos, pero como no tienen papeles no pueden. Es muy frustrante", explica Saleta. Muchos hablan de acoso policial. "A m¨ª me han detenido ya cuatro veces en un mes", explica Banjou, de Mal¨ª. Varios chicos relatan un episodio que a¨²n enciende a Saleta. "Est¨¢bamos jugando al f¨²tbol y de repente llegaron un mont¨®n de polic¨ªas. Nos pusieron boca abajo. Uno me puso el pie en la espalda mientras otro me vaciaba los bolsillos", cuenta Abdoul.
Mikel Malmierka, responsable de un centro de acogida en Lezo (Guip¨²zcoa), opina que la ¨²nica forma de completar la integraci¨®n de estos chavales es que cumplan la mayor¨ªa de edad con una tarjeta de residencia. "Al cumplir los 18 se van a la calle como inmigrantes ilegales y he visto a muchos caer en problemas de consumo de drogas, robos...". Una frustraci¨®n que comparte Jos¨¦ Miguel Morales, secretario general de Andaluc¨ªa Acoge. "Hay casos sangrantes. Falta una protecci¨®n del Estado, un criterio ¨²nico que garantice hasta el final proyectos de integraci¨®n social".
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