El 'botiguer' gana la batalla al h¨ªper

No fue necesaria la pr¨®rroga. Casi en el tiempo de descuento, ayer el Gobierno catal¨¢n aprob¨® el decreto ley de equipamientos comerciales, a tiempo para cumplir con los plazos requeridos por la Uni¨®n Europea para adaptarse a su directiva de servicios. Y el botiguer volvi¨® a ganar el partido, aunque con reparos al texto que sali¨® del Consell Executiu.

S¨®lo las poblaciones de m¨¢s de 5.000 habitantes, y no las urbanizaciones, podr¨¢n tener medianas y grandes superficies comerciales. Y adem¨¢s los ayuntamientos ya no podr¨¢n decidir sobre los establecimientos de m¨¢s de 1.300 metros cuadrados.

Con el decreto, la Generalitat evit¨® un vac¨ªo legal para cuando entre en vigor la directiva europea de servicios. A pesar de que la filosof¨ªa de la directiva Bolkenstein es de signo liberal respecto a las nuevas superficies, el Ejecutivo catal¨¢n se aferra a las excepciones "medioambientales y urban¨ªsticas" de la directiva para restringir la apertura de grandes superficies fuera de las tramas urbanas consolidadas, es decir, la ciudad ya construida.

El Gobierno alega razones urban¨ªsticas para restringir las grandes superficies

La tardanza se ha debido sobre todo a las discrepancias internas del Gobierno, en especial entre ERC y el PSC, explican fuentes cercanas a las negociaciones en el consejo t¨¦cnico. Este ¨®rgano estaba integrado por el departamentos de Innovaci¨®n, en manos de los republicanos, y los de Pol¨ªtica Territorial y Econom¨ªa, dirigidos por el PSC. Las consejer¨ªas quitan hierro a las diferencias.

La ¨²ltima disputa tuvo que ver con el coto que impone el decreto al poder municipal. La Generalitat, y no los ayuntamientos, tendr¨¢ ahora la potestad de dar las licencias comerciales a los establecimientos de m¨¢s de 1.300 metros cuadrados, cuando hasta ahora el Ejecutivo decid¨ªa s¨®lo sobre los de m¨¢s de 2.500 metros.

La decisi¨®n da satisfacci¨®n a lo que reclamaban los peque?os y medianos comercios, que creen que los municipios pueden sucumbir a la tentaci¨®n de abrir la puerta a m¨¢s ingresos a costa del peque?o comercio de la localidad o ceder a las presiones de los grandes operadores. Pero a la vez, seg¨²n fuentes cercanas al Gobierno, chocaba con las demandas de los ayuntamientos -sobre todo los grandes, gobernados por el PSC-, que ped¨ªan margen para poder decidir sobre el comercio que demandaba su municipio.

Detr¨¢s de este pulso que ha ganado ERC estaba tambi¨¦n la disputa por el voto del botiguer que los republicanos mantienen con CiU, el partido que tradicionalmente ha aprovechado ese granero.La lucha por portar la bandera del comercio qued¨® clara ya en 2005, cuando el consejero Josep Huguet sali¨® en defensa de los tenderos tras un estudio encargado por Econom¨ªa que relacionaba la diferencia de inflaci¨®n que ten¨ªa Catalu?a respecto a otras comunidades con la atomizada estructura comercial de la comunidad.

Ayer, CiU fue directamente a atacar a ERC y no al Gobierno tripartito. La federaci¨®n nacionalista acus¨® a los republicaciones de haber "arrojado la toalla" y "someterse" al PSC "carg¨¢ndose la ley de comercio" y promoviendo unas medidas que causar¨¢n "perjuicios irreparables al comercio".

La Confederaci¨®n de Comercio de Catalu?a (CCC), que agrupa a peque?os y medianos tenderos, se lament¨® de que el decreto abra la puerta a que las superficies de m¨¢s de 1.300 metros cuadrados puedan implantarse en municipios de m¨¢s de 5.000 habitantes. Hasta ahora s¨®lo pod¨ªan hacerlo en localidades de m¨¢s de 10.000. Fuentes de la Generalitat recordaron que la autorizaci¨®n de estas superficies la dar¨¢ el Ejecutivo catal¨¢n.

Las grandes superficies, agrupadas en Anged, opinan lo contrario. "El texto aprobado no supone la trasposici¨®n de la directiva de servicios de la Uni¨®n Europea", sostuvieron con rotundidad. A su juicio, el decreto es restrictivo para las grandes superficies, que llevan 12 a?os sin abrir un establecimiento en Catalu?a.