?Debe el Estado buscar a Garc¨ªa Lorca?

La sublevaci¨®n militar de julio de 1936 inaugur¨® en Espa?a un tiempo sin ley. La obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje de las armas, el desprecio a los derechos humanos y el culto a la violencia. Bajo esas circunstancias, sin ley que obedecer, sin miedo al castigo, aparecieron por todas partes bandas de asesinos, amparadas por los militares, por terratenientes y burgueses asustados por la revoluci¨®n, que organizaban cacer¨ªas y ajustes de cuentas.

Esa oleada de terror, que dejaba a los ciudadanos all¨ª donde ca¨ªan abatidos, en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los r¨ªos, en pozos y minas abandonados, acab¨® con la vida de Federico Garc¨ªa Lorca. Tambi¨¦n con las de otros miles de personas, alcaldes, gobernadores civiles, presidentes de las Diputaciones provinciales, diputados elegidos por la coalici¨®n del Frente Popular en febrero de 1936, dirigentes sindicales y pol¨ªticos, campesinos y trabajadores. Los muertos no cab¨ªan en los cementerios y por eso se cavaban grandes fosas comunes,cualquier lugar era bueno para matar y abandonar los cad¨¢veres.

?Quiere o no esta democracia poner los medios necesarios para restituir a las v¨ªctimas su identidad?

Los asesinos ocultaron los cuerpos porque eso aseguraba su impunidad, borraba las pruebas del crimen. Adem¨¢s, como despu¨¦s ganaron la guerra, nunca tuvieron que dar explicaciones sobre su paradero porque nadie les pidi¨® cuentas. M¨¢s de setenta a?os despu¨¦s, muchos de los familiares de esas v¨ªctimas no saben d¨®nde est¨¢n sus restos, desperdigados por lugares insospechados. Es normal que los busquen, que quieran desenterrarlos, obtener la satisfacci¨®n sentimental y simb¨®lica de volver a enterrarlos con dignidad. Mientras no se desvele la suerte de sus antepasados, esa historia traum¨¢tica seguir¨¢ presente entre ellos.

?Qu¨¦ puede o debe hacer el Estado democr¨¢tico, sus principales responsables e instituciones, para gestionar ese pasado de violencia y muerte? Hay opiniones para todos los gustos.

Est¨¢n los que se r¨ªen de quienes "remueven tierra buscando huesos", proponen pasar p¨¢gina, negar el recuerdo, cancelar el pasado. Aznar y Rajoy, voces autorizadas para millones de personas que piensan como ellos, lo repiten siempre que sale el tema: el Gobierno no puede dedicarse a tonter¨ªas como la memoria hist¨®rica o a la investigaci¨®n sobre miles de desaparecidos en el pasado. Es la sombra alargada del legado ideol¨®gico de la dictadura de Franco, un legado pesado que regresa con diferentes significados, que actualizan desde la democracia sus herederos, pol¨ªticos, periodistas o aficionados a la historia.

Frente a la cancelaci¨®n ideol¨®gica de ese pasado, hay quienes proponen su recuperaci¨®n, tambi¨¦n ideol¨®gica, basada en la memoria testimonial, de grupo, partido o asociaci¨®n, en el recuerdo del acontecimiento contado por los contempor¨¢neos y sus descendientes. Detr¨¢s de esa explosi¨®n de recuerdos, que muchos llaman memoria hist¨®rica, hay b¨¢sicamente dos supuestos que la legitiman y le dan fuerza frente a la historia m¨¢s profesional y cient¨ªfica: por un lado, que esos recuerdos cuentan cosas que la historia oficial, acad¨¦mica o salida de los documentos, nunca registr¨®; por otro, que lo que hacen los recuerdos es colmar una necesidad irresuelta de justicia y retribuci¨®n despu¨¦s de tantos a?os de silencio y olvido. Y nada mejor para ello que buscar los restos, localizar fosas, desenterrar a los muertos y volver a enterrarlos.

Si se atiende a esa corriente de "recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica", la b¨²squeda de los restos de Federico Garc¨ªa Lorca no deber¨ªa ser m¨¢s importante o primordial que la de miles de campesinos o trabajadores que nadie recuerda o la de autoridades que sirvieron a la Rep¨²blica y lo pagaron con sus vidas. Adem¨¢s, por lo que respecta a las v¨ªctimas de la Guerra Civil, una pol¨ªtica p¨²blica de memoria y educaci¨®n, decidida desde la democracia, deber¨ªa tener en cuenta a todos los asesinados sin procedimientos judiciales ni garant¨ªas previas que hubo en las dos zonas, aunque sabemos, y hay que seguir record¨¢ndolo, que fueron los golpistas de julio de 1936 quienes provocaron la guerra, la ganaron e impusieron despu¨¦s una cruel dictadura en la que varias decenas de miles de vencidos, perdedores, acabaron tambi¨¦n con sus cuerpos bajo tierra.

El conocimiento hist¨®rico tiene que ir m¨¢s all¨¢ de la memoria testimonial. Necesitamos una investigaci¨®n exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas v¨ªctimas de un tiempo sin ley, una agenda de investigaci¨®n sobre los hechos todav¨ªa inexplorados y las personas sin localizar. Una parte de esa labor estar¨ªa ya resuelta si el Gobierno hubiera prestado la debida atenci¨®n al requerimiento del juez Baltasar Garz¨®n y hubiera creado una Comisi¨®n Nacional sobre la Desaparici¨®n de Personas por la violencia pol¨ªtica durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Los intereses pol¨ªticos y judiciales del presente han dominado, sin embargo, sobre la necesaria comprensi¨®n y explicaci¨®n de lo que ocurri¨®. La pregunta es si este Estado democr¨¢tico que tenemos quiere o no poner los medios necesarios para restituir a las v¨ªctimas su identidad. Y no s¨®lo a Federico Garc¨ªa Lorca.

Juli¨¢n Casanova es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Zaragoza.