La fiscal¨ªa pide al juez del 'caso G¨¹rtel' que reclame las cuentas del PP de Valencia

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n intenta reactivar la investigaci¨®n judicial sobre la posible financiaci¨®n irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Los fiscales han pedido por escrito al juez de Madrid que instruye el caso G¨¹rtel, Antonio Pedreira, que reclame la contabilidad del PP de Valencia para tratar de comprobar los indicios que avalar¨ªan la supuesta financiaci¨®n ilegal del partido y que fueron destapados por la Unidad policial contra el Blanqueo del Capitales.

La investigaci¨®n policial apuntaba que la c¨²pula del partido en Valencia hab¨ªa amparado y dirigido la financiaci¨®n ilegal de esta formaci¨®n durante los ¨²ltimos a?os. En concreto, se?alaba al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y al destituido secretario regional del PP, Ricardo Costa, entre otros, como supuestos part¨ªcipes de una trama que habr¨ªa permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red G¨¹rtel para financiar actos del partido.

El Supremo tiene que decidir si reabre el caso de los regalos a Camps

Las dos fiscales de Anticorrupci¨®n han acudido al juez Pedreira para que, ante el par¨®n de la investigaci¨®n en Valencia, sea ¨¦l quien ordene al PP la entrega de todos los extractos de su contabilidad relativos a los ¨²ltimos a?os. El instructor del caso G¨¹rtel en Madrid tiene pendiente responder a esa petici¨®n, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, que sostienen que Pedreira no deber¨ªa acceder a esa solicitud, que supondr¨ªa que el Tribunal Superior de Madrid investigue un caso en el que pueden resultar implicados aforados de Valencia, por lo que ser¨ªa competencia del Tribual Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Precisamente, la Sala del TSJCV recibi¨® en noviembre una querella del Partido Socialista del Pa¨ªs Valenciano sustentada en el exhaustivo informe de la Brigada de Blanqueo que este verano recibi¨® el tribunal pero que no consider¨® oportuno investigarlo. En sus 89 folios y cinco anexos se mencionan a seis empresas valencianas que supuestamente financiaron actos del PP a trav¨¦s de firmas de la red de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, esta ¨²ltima dirigida en Valencia por ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, quien adem¨¢s manten¨ªa una doble contabilidad sobre el PP.

En concreto, el PSPV se querell¨® contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP valenciano, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano; cinco de los cabecillas de la trama G¨¹rtel, con Francisco Correa al frente, y cinco empresarios locales: Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agr¨ªcola Castellonense); Enrique Tom¨¢s Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo LUBASA; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, del grupo SEDESA. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, falsedad documental, delito tributario, alteraci¨®n contable y financiaci¨®n irregular.

La querella tambi¨¦n se dirige contra el ex director general de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV) Pedro Garc¨ªa por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. La cadena adjudic¨® por 6,4 millones de euros la sonorizaci¨®n del acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibi¨® una comisi¨®n de 957.300 euros, seg¨²n la investigaci¨®n policial en la que se basa la querella.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ser¨¢ la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigaci¨®n judicial. La sala que debe determinarlo est¨¢ presidida por Juan Luis de la R¨²a, magistrado a quien p¨²blicamente Francisco Camps se?al¨® como un "m¨¢s que amigo". El tribunal de De la R¨²a archiv¨® la causa abierta contra Camps por el esc¨¢ndalo de los trajes y rechaz¨® investigar el informe policial que recoge indicios de supuesta financiaci¨®n irregular del PP valenciano. De la R¨²a sigue de presidente del TSJV a pesar de que su mandato termin¨® en julio. Y el Consejo General del Poder Judicial no logra llegar a un acuerdo sobre su sucesi¨®n.

Por eso, las fiscales han recurrido al tribunal madrile?o, para que no se demoren m¨¢s las necesarias pesquisas que permitan apuntalar el informe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales. El objetivo de Anticorrupci¨®n es cotejar las cuentas del PP con la contabilidad b intervenida en Orange Market, que incluye una doble caja y la recepci¨®n de dinero de empresas como pagos por la organizaci¨®n de actos del PP.

Aparte de la supuesta financiaci¨®n ilegal de su partido, Camps tiene otro frente judicial abierto, los regalos de trajes y d¨¢divas que recibieron ¨¦l y su familia de la trama G¨¹rtel. Su futuro pol¨ªtico est¨¢ en manos de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en los primeros meses de este a?o el recurso que present¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra el archivo de las diligencias por cohecho impropio (el regalo de trajes) decretado el pasado tres de agosto por el TSJCV.

Si el Supremo revoca el archivo del cohecho impropio y decide que prosiga la investigaci¨®n, casi inevitablemente Camps acabar¨ªa en el banquillo de los acusados. Ante un jurado popular tendr¨ªa que aclarar en concepto de qu¨¦ acept¨® trajes por importe cercano a los 12.000 euros de manos de El Bigotes, cuyas empresas han recibido, a dedo, casi ocho millones de euros durante los mismos a?os en que Camps viene presidiendo el Gobierno valenciano.