Orden audiovisual

Casi quince a?os ha costado sacar adelante una Ley General Audiovisual que ordene un mercado que durante todo este tiempo ha estado marcado por transformaciones profundas. La pr¨®xima tendr¨¢ lugar en apenas tres meses, cuando se produzca, el 3 de abril, el apag¨®n anal¨®gico; y ¨¦sa es justamente la fecha que el Gobierno ha tomado como referencia para acelerar los tr¨¢mites parlamentarios de la nueva norma.

Con ella, varias leyes relativas a la industria audiovisual quedar¨¢n derogadas y su articulado supondr¨¢ una importante mejora en la protecci¨®n de los menores, como es la prohibici¨®n de emitir en abierto contenidos pornogr¨¢ficos y de violencia gratuita o las restricciones a la publicidad de productos que promuevan el culto al cuerpo. Se incorporan las normas establecidas para la TDT de pago que el Gobierno aprob¨® en pleno mes de agosto pasado, con una urgencia inapropiada, y se introducen nuevos l¨ªmites a los tiempos de emisi¨®n de publicidad.

La esperada ley ordena el panorama y crea el organismo que velar¨¢ por su cumplimiento

Probablemente, la novedad m¨¢s determinante del proyecto es la creaci¨®n del Consejo Audiovisual, que velar¨¢ por el cumplimiento de la ley. Era una carencia que empezaba a ser una anomal¨ªa frente a otros pa¨ªses europeos y frente a comunidades aut¨®nomas espa?olas que ya disponen de organismos semejantes. Su creaci¨®n es importante porque si algo ha caracterizado a las normas en vigor es su incumplimiento casi sistem¨¢tico, en especial en lo que a los tiempos de emisi¨®n publicitaria se refiere, lo que le ha valido a Espa?a constantes reprimendas de la Comisi¨®n Europea. Se han sentado, adem¨¢s, las bases para dotar de eficacia la persecuci¨®n y cierre de emisoras sin licencia, un fen¨®meno muy extendido que lesiona los intereses de las estaciones de radio legales.

La nueva normativa nace con dos escollos. Por una parte, la premura con la que el Gobierno ha obligado a los grupos pol¨ªticos a abordar un cambio legislativo que requer¨ªa tiempo y transparencia. En su lugar, La Moncloa envi¨® al Congreso el anteproyecto de ley en octubre, lo que ha obligado a tramitar hasta ayer en tiempo r¨¦cord m¨¢s de 600 enmiendas, a pesar del plante de casi todos los grupos pol¨ªticos el pasado 22 de diciembre que oblig¨® a aplazar los tr¨¢mites hasta enero.

El segundo escollo es la cuesti¨®n de inconstitucionalidad planteada en diciembre por el Tribunal Supremo contra la obligaci¨®n de que televisiones y operadores de telecomunicaciones destinen un 5% de sus ingresos brutos a financiar el cine espa?ol y europeo. El texto incorpora este mandato, que se aplica desde 1999, e incluso eleva, en el caso de los operadores p¨²blicos, como RTVE, hasta el 6% el porcentaje que tendr¨¢n que destinar a tal fin. La objeci¨®n del tribunal, que estima que esta obligaci¨®n es contraria a la libertad de empresa, no invalidar¨ªa la nueva ley, pero la dejar¨ªa coja al poco de echar a andar en caso de que se pronuncie definitivamente en contra.