Vivienda recomprar¨¢ las VPO cuyas hipotecas no puedan ser pagadas

El Gobierno trata de evitar que la crisis afecte al parque de vivienda protegida. Este mes firm¨¢ra un convenio con 26 entidades financieras (entre ellas todas las vascas) que contempla la recompra de VPO cuyas hipotecas se encuentren en situaci¨®n de impago. El objetivo es que los bancos y cajas vean menos riesgo en la concesi¨®n de pr¨¦stamos para la adquisici¨®n de pisos de protecci¨®n a personas que han resultado adjudicatarias en los sorteos.

La situaci¨®n de bonanza econ¨®mica en la ¨²ltima d¨¦cada llev¨® a que personas con ingresos de 9.000 euros anuales accedieran a la compra de viviendas protegidas. La crisis econ¨®mica y la brusca subida de los intereses de los pr¨¦stamos han supuesto que este colectivo no pueda pagar al banco el cr¨¦dito solicitado. El Departamento de Vivienda sostiene que la recompra "es una medida in¨²til" para estos casos pero s¨ª puede servir para "los que est¨¢n en el filo de la navaja, gente con ingresos de entre 16.000 y 18.000 euros y a los que los bancos les deniegan el pr¨¦stamo por un poquito", se?alan fuentes del Departamento.

Se pretende que los bancos vean menos riesgo para suscribir cr¨¦ditos

Cree que ayudar¨¢ a los adjudicatarios con rentas anuales de 18.000 euros

La consejer¨ªa que dirige I?aki Arriola cree que la recompra es un mecanismo v¨¢lido para estos casos, ya que los bancos y cajas, en los casos de impago, tendr¨¢n la garant¨ªa de que el Gobierno les pagar¨¢ la parte pendiente de abonarse del pr¨¦stamo en vez de quedarse con un inmueble. Vivienda no tiene un c¨¢lculo preciso de los pisos protegidos que podr¨ªa recomprar con esta medida. "Tenemos alguna idea pero no creemos que vaya a haber much¨ªsimos casos", aseguran.

El convenio, cuyas l¨ªneas generales fueran aprobadas hace dos semanas por el Gobierno, establece que la recompra se limita a los casos de impago en los nueve primeros a?os desde la adquisici¨®n de la VPO. El Departamento podr¨¢ adquirir el piso bien al inquilino deudor o a la entidad financiera y, una vez realizada, el propietario no podr¨¢ acceder a su compra ni al alquiler. ?nicamente, si el motivo del impago es que se encuentra en paro, Vivienda le colocar¨¢ en una situaci¨®n prioritariapara acceder al programa Bizigune, el alquiler de viviendas vac¨ªas de propietarios privados. Si hay otra raz¨®n para no haber pagado la hipoteca de la VPO, solamente se podr¨¢ inscribir como demandante de vivienda del servicio Etxebide.

El convenio, al que se van a adherir todos las principales entidades financieras en Euskadi, desde el BBVA, el Santander, las cajas de ahorro y hasta entidades de otras comunidades aut¨®nomas como Arag¨®n, La Rioja o Galicia, obliga al banco a comunicar al Gobierno cualquier caso de impago antes de iniciar el procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria. Una vez empezado este proceso, si el Ejecutivo acomete la recompra, la entidad renunciar¨¢ a las comisiones de cancelaci¨®n anticipada del pr¨¦stamo y los intereses de demora.

El acuerdo que se prev¨¦ suscribir este mes contempla otros cambios en el sistema actual de financiaci¨®n en lo referente a los tipos de inter¨¦s, cuya anterior regulaci¨®n es de 2004. El nuevo ¨ªndice de referencia ser¨¢ el Euribor, ya que es el predominante en el mercado actual. Adem¨¢s, el nuevo modelo financiero se aplicar¨¢ a otras viviendas con alg¨²n tipo de protecci¨®n, como las tasadas (de mayor precio que las VPO) y los alojamientos dotacionales.

Vivienda incorpora, en el decreto aprobado, un cambio en el programa Bizigune, al reducir la cantidad fijada de su renta. Frente a los 750 euros mensuales de cuant¨ªa m¨¢xima establecidos hasta ahora, se baja a los 600. La consejer¨ªa lo justifica por la actual crisis econ¨®mica y la situaci¨®n de oferta y demanda. "Esta cifra [los 750 euros] resulta excesiva y procede rebajarla".

La recesi¨®n ha elevado (de los 900 que hab¨ªa en junio a 2.300 actuales) el n¨²mero de propietarios interesados en alquilar sus pisos a trav¨¦s de Bizigune, el sistema puesto en marcho hace seis a?os, que convierte al Gobierno en el arrendatario. El Ejecutivo paga al due?o el precio del mercado (una media de 560 euros al mes) y el inquilino abona un alquiler reducido, en torno a 235 euros. La diferencia es asumida por el Departamento de Vivienda, que adem¨¢s garantiza el mantenimiento del piso y su devoluci¨®n en buen estado, y financia obras de reforma de hasta 18.000 euros con un inter¨¦s cero.