El fracaso de una ley

No es de extra?ar que la presi¨®n urban¨ªstica de los ¨²ltimos a?os sobre el litoral haya alcanzado intensamente a la franja de dominio p¨²blico costero. Un concepto este ¨²ltimo, bastante difuminado y sobre el que pesan, desde que el mar se convirti¨® en recurso de ocio, presiones de todo tipo.

La Ley de Costas de 1988, que inici¨® su tr¨¢mite con fuerte oposici¨®n y amplia pol¨¦mica, es ahora cuestionada de nuevo por motivos an¨¢logos a los de entonces.

No creo que resulte muy arriesgado afirmar que la ley ha resultado, en su aplicaci¨®n y gesti¨®n, un fracaso. Para empezar, los sucesivos gobiernos han sido superados por la dificultad de aplicar una norma que afecta a competencias de 10 comunidades aut¨®nomas, 25 provincias y casi 500 municipios. Una norma compleja que inclu¨ªa objetivos no solo sancionadores, sino tambi¨¦n de planificaci¨®n y gesti¨®n, que si bien pon¨ªa el acento en la defensa del dominio p¨²blico, prestaba escaso cuidado a las cuestiones medioambientales.

Necesita una reforma a fondo, para simplificar su gesti¨®n y acentuar su car¨¢cter proteccionista

En el plano urban¨ªstico, la ley era -y sigue siendo- un elemento fraccionador del orden jur¨ªdico-administrativo, al establecer un territorio -la quinta provincia catalana gobernada desde Madrid, como lo calific¨® entonces el diputado Miquel Roca en el debate del Congreso- con unas particularidades dif¨ªciles de conjugar con la legislaci¨®n del suelo, ya de por s¨ª excesivamente compleja y cambiante.

Por si fuera poco, el ¨¢mbito de su aplicaci¨®n, el dominio p¨²blico litoral, estaba -y todav¨ªa lo est¨¢ en algunos puntos- por delimitar, ya que la modorra administrativa y los conflictos jur¨ªdicos han impedido completar el preceptivo deslinde. Una delimitaci¨®n que pon¨ªa el ¨¦nfasis en la zona de tierra, olvidando que tambi¨¦n la ley trataba de proteger el mar litoral.

La cr¨ªtica de aquel momento al "excesivo af¨¢n proteccionista" de dicho dominio p¨²blico, vistas las consecuencias de su aplicaci¨®n, resulta hoy un sarcasmo, basta comprobar los desmanes que han salpicado nuestras costas. En este sentido, parad¨®jicamente, una aplicaci¨®n sesgada de la ley ha generado, por un lado, una absurda inseguridad jur¨ªdica sobre realizaciones que eran legales con anterioridad a 1988 (a causa, la mayor parte de las veces, de cambios en el deslinde ocasionados por obras promovidas o consentidas por la Administraci¨®n) mientras ha consentido actuaciones posteriores claramente contrarias a la norma.

La protecci¨®n se ha centrado, por otra parte, en garantizar el uso l¨²dico del litoral: construcci¨®n de paseos mar¨ªtimos, no siempre acertados, y una pl¨¦yade de costos¨ªsimas obras de regeneraci¨®n de playas que, en algunos casos, una y otra vez han sido arruinadas por los temporales. Otras atenciones y cuidados que requer¨ªa el litoral han quedado in¨¦ditos.

Mientras tanto, el urbanismo depredador, desde el lado "privado" del litoral fue salt¨¢ndose a la torera la ley, sus limitaciones, sus zonas de afecci¨®n, creando, ante la confusi¨®n competencial y a r¨ªo revuelto, barreras de hormig¨®n y ladrillo, alterando el r¨¦gimen de brisas y en definitiva el paisaje costero. En cuanto a los usos que la ley permit¨ªa para la zona de dominio p¨²blico, se ha creado la sensaci¨®n de que todo era posible en esa preciosa franja de territorio de todos.

La reciente crisis de los chiringuitos es una buena prueba de esto ¨²ltimo. La permisividad de las administraciones y la impunidad con la que se ha actuado, han favorecido la proliferaci¨®n de pr¨¢cticas abusivas. Las presiones de los empresarios para mantener situaciones irregulares nos han deparado el lamentable espect¨¢culo de unas administraciones locales incitando lisa y llanamente a incumplir la ley, utilizando el populismo y la demagogia hasta niveles insoportables. No es, por desgracia, el primer intento de desobediencia o boicot que nuestra Administraci¨®n auton¨®mica viene practicando en los ¨²ltimos a?os contra leyes del Gobierno del Estado. Para completar el espect¨¢culo, cabe lamentar la posici¨®n del l¨ªder de la oposici¨®n socialista valenciana sum¨¢ndose al coro y pidiendo una reforma de la ley para consolidar los "excesos". No he podido evitar, al leer la noticia en este diario, mirar la p¨¢gina contigua (s¨¢lvense todas las distancias), donde se daba cuenta de la propuesta del Consell para desproteger El Cabanyal. No son los ¨²nicos casos en que aparece una regresi¨®n muy preocupante respecto de las leyes que en los a?os ochenta impulsaron la protecci¨®n de nuestro patrimonio natural y arquitect¨®nico. V¨¦ase, por citar una muestra, lo ocurrido en un valioso tramo virgen de la costa de Murcia, donde el Gobierno regional desprotegi¨® 11.000 hect¨¢reas de terreno en 2001 para permitir una urbanizaci¨®n. Y en cuyo caso, por cierto, el perezoso Tribunal Constitucional lleva ocho a?os sin resolver el conflicto planteado.

Probablemente la ley necesita una reforma a fondo, para simplificar su gesti¨®n, resolver de manera razonable el conflicto de competencias, acentuar su car¨¢cter proteccionista, ampliando ambientalmente los objetivos y tambi¨¦n, c¨®mo no, para garantizar un uso p¨²blico democr¨¢tico de la franja costera.

Los ciudadanos necesitamos acercarnos al mar con la seguridad de que unos servicios p¨²blicos en condiciones van a garantizar nuestro ocio, el disfrute o simplemente el paseo. Eso afecta no solo a los establecimientos hoteleros, tan respetables como los de tierra adentro, pero que han de entender que ocupan un suelo p¨²blico de alto valor; tambi¨¦n ata?e a los servicios de seguridad, de transporte colectivo, de higiene o de simple capacidad para acoger otras actividades no mercantiles, tan escasas en nuestras costas, como por ejemplo, entre otras, la de favorecer instalaciones para muchas familias que no se pueden permitir acudir a los restaurantes. Todo ello, insisto, reforzando el car¨¢cter p¨²blico, protegiendo los valores ambientales y paisaj¨ªsticos, y admitiendo, por tanto, en algunos casos, restricciones al uso humano.

Al releer lo que escrib¨ª en este mismo diario hace 20 a?os, analizando las dificultades que presum¨ªa para la aplicaci¨®n de la nueva ley por su complejidad (17-12-1988) compruebo que el mensaje que se difundi¨® por aquellas fechas desde determinados sectores (que la nueva norma no respetaba los derechos adquiridos, y que iba a suponer un obst¨¢culo al crecimiento del turismo costero), acab¨® calando en las sucesivas administraciones, y al mismo tiempo constato que mis temores de entonces, sobre el futuro de nuestras costas, lamentablemente, estaban fundados.

Joan Olmos es ingeniero de caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Polit¨¦cnica de Valencia.