El Congreso congela la cuesti¨®n de confianza sobre S¨¢nchez que exige Junts
Los socialistas ganan tiempo para seguir negociando con Junts y evitar la ruptura

El Gobierno ha vuelto a ganar tiempo para intentar reconducir la tormentosa relaci¨®n con Junts. La ruptura con la formaci¨®n independentista estuvo planeando hasta ¨²ltima hora, ante la insistencia de los socialistas en que no admitir¨ªan a tr¨¢mite en la Mesa del Congreso, convocada para la ma?ana de este jueves, la propuesta de los independentistas para que el pleno de la C¨¢mara instase a Pedro S¨¢nchez a someterse a una cuesti¨®n de confianza. La formaci¨®n de Carles Puigdemont, que tiene previsto un pronunciamiento p¨²blico este viernes en Bruselas, amenazaba con cortar cualquier apoyo parlamentario al Gobierno si se vetaba su iniciativa. Tras un tenso tira y afloja, la Mesa, con mayor¨ªa de PSOE y Sumar, ha vuelto a hacer lo mismo que en diciembre, cuando Puigdemont lanz¨® su ¨®rdago: aplazar cualquier decisi¨®n alegando que existen dudas jur¨ªdicas sobre la pertinencia de una iniciativa que algunos ven como una moci¨®n de censura encubierta. La ruptura se ha evitado por ahora, pero todo queda a expensas de nuevas negociaciones.
Aunque Junts no se ha pronunciado, fuentes parlamentarias aseguran que la formaci¨®n ha valorado como apropiado este nuevo aplazamiento. El secretario de la Mesa y representante de Sumar, Gerardo Pisarello, inform¨® de que ahora se buscar¨¢ la manera de ¡°adaptar¡± la propuesta de Junts a lo que requiere el Reglamento de la C¨¢mara baja sobre una prerrogativa, la de someterse a una cuesti¨®n de confianza, que solo corresponde plantear al propio jefe del Ejecutivo.
La reuni¨®n de la Mesa se ha prolongado durante m¨¢s de una hora, ante el debate planteado por el PP, favorable a admitir a tr¨¢mite la iniciativa indepedentista. Los populares pretend¨ªan forzar que se votase este mismo jueves, a sabiendas que Puigdemont ha convocado el viernes en Bruselas a la c¨²pula de su partido y, en caso de rechazo a sus pretensiones en el Congreso, probablemente dar¨ªa por rotas sus relaciones con el Gobierno. Pero los votos de los cinco miembros de PSOE y Sumar, frente a los cuatro populares, lo han impedido.
Pisarello, secretario de la Mesa, ha apelado a razones ¡°jur¨ªdicas y pol¨ªticas¡± para justificar el aplazamiento. Por un lado, el dirigente de los comunes catalanes y de Sumar ha se?alado que persisten las dudas entre la mayor¨ªa del ¨®rgano del gobierno de la C¨¢mara sobre el encaje reglamentario de la iniciativa, una idea sobre la que insistieron fuentes socialistas. En el apartado pol¨ªtico, Pisarello ha hablado de la necesidad de seguir negociando para apuntalar la ¡°mayor¨ªa de investidura¡±. Y en ese punto ha urgido a emprender ¡°un despliegue pol¨ªtico de la amnist¨ªa¡± en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la negativa del Supremo a aplicarla a Puigdemont y Junqueras. Eso implicar¨ªa ¡°reconocer como personas amnistiadas e interlocutores¡± a los m¨¢ximos dirigentes de Junts y ERC. S¨¢nchez ya se ha mostrado dispuesto a reunirse con ambos, aunque el Gobierno no ha concretado m¨¢s.
Los letrados del Congreso asumieron en un informe interno el pasado diciembre que exist¨ªa base jur¨ªdica tanto para tramitar como para vetar la iniciativa de Junts, siempre con la salvedad de que su hipot¨¦tica aprobaci¨®n no ser¨ªa vinculante para el presidente. Una de las posibilidades que se han manejado es que Junts reformule iniciativa para dejar claro que se trata de una mera declaraci¨®n pol¨ªtica que no compromete legalmente al Ejecutivo. El partido de Puigdemont exigi¨® que el Congreso votase esa propuesta porque entiende que su relaci¨®n con el Gobierno de S¨¢nchez no pasa por un buen momento y porque cree que no se han cumplido algunos de los compromisos adquiridos hace un a?o en el acuerdo de investidura. Junts alude a la transferencia ¨ªntegra de las competencias en materia de inmigraci¨®n, la posibilidad de usar el catal¨¢n en las instituciones europeas o la aplicaci¨®n general de la pol¨¦mica ley de amnist¨ªa, que ya no depende de las actuaciones del Ejecutivo y de cuyos beneficiarios el Supremo excluy¨® a Puigdemont.
Los partidos con grupo parlamentario tienen una serie de cupos para registrar este tipo de propuestas en el Congreso a fin de ser debatidas en pleno. El de Junts, en este nuevo periodo de sesiones, corresponder¨ªa a finales de febrero, lo que significa que a¨²n tendr¨ªan tiempo para insitir con su proposici¨®n, que la Mesa la volviese a estudiar y que pudiera debatirse y hasta aprobarse en un pleno en esas fechas. Que la cuesti¨®n de confianza fuese reclamada por el pleno de la C¨¢mara, pese a no obligar en nada al jefe del Ejecutivo, supondr¨ªa un varapalo pol¨ªtico en un momento ya bastante convulso de la legislatura y cuando en teor¨ªa se est¨¢ perfilando la negociaci¨®n para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, los primeros de este mandato.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, hab¨ªa dicho esta misma ma?ana en una entrevista en Canal Sur que la Mesa del Congreso no pod¨ªa tramitar la proposici¨®n de Junts tal y como se hab¨ªa presentado. ¡°Es bastante de sentido com¨²n que una cuesti¨®n de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, la Mesa del Parlamento no puede tramitar esa proposici¨®n no de ley que, adem¨¢s, no tiene ning¨²n otro tipo de efecto m¨¢s all¨¢ de parecer¡±, ha a?adido.
Por su parte, el Partido Popular ha querido es aprovechar esta situaci¨®n para subrayar la dependencia del Gobierno de S¨¢nchez del partido de Puigdemont, al tiempo que ha admitido sus dificultades de interlocuci¨®n con el partido independentista para plantear una eventual moci¨®n de censura conjunta, el instrumento previsto en el Reglamento del Congreso para que la oposici¨®n promueva la retirada de la confianza y la ca¨ªda del Ejecutivo. La vicesecretaria popular Ester Mu?oz ha descartado este jueves que el PP vaya a abrir contactos con el l¨ªder de Junts, porque tiene su residencia fuera de Espa?a tras huir de la justicia espa?ola en 2017. ¡°Es complicado, el se?or Puigdemont est¨¢ en Waterloo y nosotros en Espa?a¡±, ha aseverado Mu?oz preguntada sobre posibles contactos con ese partido, informa Elsa Garc¨ªa de Blas
La Mesa del Congreso ha aprovechado su reuni¨®n de este jueves para incluir en el orden del d¨ªa del pleno extraordinario de la semana que viene, el mi¨¦rcoles 22, la aprobaci¨®n del dictamen adoptado por unanimidad por la comisi¨®n del Estatuto del Diputado sobre la concesi¨®n del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para retirar la inmunidad parlamentaria al diputado ahora del Grupo Mixto Jos¨¦ Luis ?balos, exministro y ex secretario de Organizaci¨®n del PSOE. De ese modo el Supremo tendr¨¢ ya v¨ªa libre para investigar a ?balos por su implicaci¨®n en el llamado caso Koldo.
Perder una cuesti¨®n de confianza s¨ª tiene consecuencias y abre un proceso de investidura
La presentación y posible aprobación o rechazo de una cuestión de confianza no es un asunto menor, sin consecuencias políticas para el Gobierno y su presidente. El artículo 112 de la Constitución refleja cómo debe articularse y en teoría por quién: “El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”. El artículo 114 específica: “Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99”. Este artículo es el que regula normalmente los procesos de investidura.
Lo que Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha registrado en el Congreso es una proposición no de ley en la que solo se puede instar, si fuese aceptada, a que sea el jefe del Gobierno el que asuma esa reclamación de la cuestión de confianza, en principio sin más consecuencias. El debate técnico, jurídico y político en ciernes es precisamente sobre hasta qué punto asumir esa propuesta tendría consecuencias y vinculaciones obligatorias para el presidente para aceptar ese debate, pero también sobre si ese hecho podría suponer en realidad ya un cierto cuestionamiento o varapalo de la propia labor del presidente. En el propio grupo socialista hay posiciones diferentes y dudas al respecto y también en Sumar. Pero lo que los letrados del Congreso han ratificado a preguntas de miembros de la Mesa es que si el debate de la cuestión de confianza llegase a pleno y esta fuese rechazada por una mayoría, se tendría que poner en marcha un proceso de investidura.
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