El Supremo admite que los pol¨ªticos pueden hablar con Batasuna

La Sala Penal del Tribunal Supremo acord¨® ayer, por unanimidad, archivar la causa contra el lehendakari, Patxi L¨®pez, su predecesor en el cargo, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, y el consejero de Interior, Rodolfo Ares, por las reuniones mantenidas con los tambi¨¦n imputados Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la ilegalizada Batasuna, durante la ¨²ltima tregua de ETA, en 2006. El alto tribunal entiende que no puede haber delito de "desobediencia" por hablar con organizaciones ilegalizadas si no hay un requerimiento expreso previo que se haya incumplido.

El Supremo ha ido un paso m¨¢s all¨¢ que el Tribunal Superior de Justicia vasco -que en enero de 2009 archiv¨® el caso por razones de forma-, y tras entrar en el fondo del asunto, acord¨® el sobreseimiento y archivo del proceso por no considerar delictivas las conversaciones del entonces lehendakari Ibarretxe y dirigentes del PSE-PSOE con Batasuna.

El tribunal no ve delito en reunirse con miembros del partido ilegalizado

La sentencia, cuya redacci¨®n ha sido encomendada al magistrado Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta y que se conocer¨¢ en unos d¨ªas, contiene un primer pronunciamiento seg¨²n el cual se estima el recurso de las asociaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, a las que se reconoce "legitimidad" para solicitar la apertura de juicio contra L¨®pez y Ares, Ibarretxe, Otegi y cuatro dirigentes de Batasuna.

El Supremo entiende que el Tribunal Superior vasco no aplic¨® correctamente la doctrina de la Sala Penal sobre la acci¨®n popular, basada en la denominada doctrina Bot¨ªn, llamada as¨ª porque se aplic¨® por primera vez para levantar del banquillo al presidente del Banco Santander. Una vez iniciada la vista, en enero del pasado a?o, el tribunal vasco dio carpetazo al caso al entender que el Foro Ermua y Dignidad y Justicia no estaban legitimadas para acusar penalmente en solitario a los dirigentes pol¨ªticos, dado que el ministerio fiscal se opon¨ªa a la acusaci¨®n. Sin embargo, en las deliberaciones celebradas ayer entre cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo, se impuso la denominada doctrina Atutxa, aplicada para condenar por desobediencia al presidente del Parlamento vasco por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna tras su ilegalizaci¨®n.

En una reinterpretaci¨®n de la doctrina Bot¨ªn, la Sala decidi¨® que en aquellos casos de delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusaci¨®n particular, la acusaci¨®n popular puede instar la apertura del juicio oral aunque el ministerio fiscal no acuse. En ese sentido, y en contra de lo acordado por el tribunal vasco, el Supremo resolvi¨® estimar el recurso de Foro Ermua y Dignidad y Justicia y considerarlas "legitimadas" para acusar a los dirigentes pol¨ªticos. El magistrado Alberto Jorge Barreiro anunci¨® un voto particular a este pronunciamiento dado que ¨¦l no est¨¢ de acuerdo con la doctrina Bot¨ªn ni con la Atutxa, enunciadas antes de su llegada a la Sala Penal. Seg¨²n las fuentes consultadas, Barreiro se inclina porque la acci¨®n popular pueda en todo caso ejercer la acusaci¨®n.

Sin embargo, tras admitir la legitimaci¨®n de las acusaciones populares, el Supremo, en vez de devolver la causa al Pa¨ªs Vasco, estim¨® la petici¨®n de la defensa de Ibarretxe y del fiscal y entr¨® en el fondo del asunto, es decir, en establecer si mantener conversaciones con dirigentes de organizaciones ilegalizadas es delito o no.

Seg¨²n las fuentes consultadas, el alto tribunal aplic¨® en este punto la que podr¨ªa denominarse doctrina Zapatero, en referencia a una resoluci¨®n del 13 de noviembre de 2006 en la que el Supremo aval¨® los encuentros del PSE-PSOE con la ilegalizada Batasuna. Dicha resoluci¨®n rechaz¨® una querella interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y otros, por autorizar una reuni¨®n de Patxi L¨®pez con Batasuna, preparatoria de las conversaciones para poner fin al terrorismo de ETA.

El alto tribunal indic¨® entonces que el encuentro entre el PSE y Batasuna no era un delito porque no hab¨ªa una orden expresa que lo prohibiera. Y a?adi¨®, adem¨¢s, que era un "fraude constitucional" pretender corregir la pol¨ªtica del Gobierno a golpe de querellas en los tribunales. Tambi¨¦n dijo que "sin orden expresa, no puede existir negativa a su cumplimiento".

Habr¨¢ que conocer el tenor de la sentencia para comprobar si la posibilidad de mantener contactos con organizaciones ilegalizadas como Batasuna puede extenderse a eventuales conversaciones con organizaciones terroristas, tal como ha sucedido con los Gobiernos de Gonz¨¢lez, Aznar y Zapatero.