El caso de Vic abre el debate sobre el empadronamiento de 'sin papeles'

La pol¨¦mica desatada por la decisi¨®n del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a inmigrantes sin papeles ha reabierto el debate sobre la pol¨ªtica de inmigraci¨®n del Gobierno. Los dirigentes del PP aprovecharon ayer la ocasi¨®n para, al mismo tiempo que demandaban el cumplimiento de la ley, pedir una revisi¨®n de la misma. M¨¢s lejos ha ido el responsable de Uni¨® Democr¨¢tica de Catalunya, Josep Antoni Duran, quien defendi¨® la iniciativa del alcalde de Vic: "Ya era hora de que alguien se atreviera a plantarse" ante la inmigraci¨®n irregular, afirm¨®.

El ejemplo m¨¢s claro de la postura de los l¨ªderes populares lo expuso el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Afirm¨® que no ten¨ªa ninguna duda de que la decisi¨®n del Ayuntamiento de Vic era, "hoy por hoy, ilegal". Pero, a continuaci¨®n, revel¨® que ha solicitado al Gobierno que modifique las leyes para introducir en ellas baremos que relacionen la superficie de las viviendas con el n¨²mero de personas que pueden empadronarse en ellas, informa Elena Sevillano.

Gallard¨®n pide que se regule un tope de inscripciones por vivienda

"En funci¨®n de los metros cuadrados de un domicilio", afirm¨®, "existe un l¨ªmite de capacidad para albergar a un n¨²mero de personas, y tiene que haber un criterio por normativa estatal a partir del cual los ayuntamientos no estemos obligados a realizar empadronamientos que f¨ªsicamente sabemos que no pueden responder a la realidad".

Otros dirigentes del PP fueron menos claros que Gallard¨®n, pero tambi¨¦n evitaron condenar el fondo de las pretensiones del Ayuntamiento de Vic. El vicesecretario de Comunicaci¨®n, Esteban Gonz¨¢lez Pons, dijo que su partido a¨²n no sabe si tomar posici¨®n o no en la pol¨¦mica. Y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, se remiti¨® a que la ley establece "la obligatoriedad de empadronar", pero a?adi¨®: "Si la ley permite no empadronar a las personas que no re¨²nan las condiciones que establece la ley, pues eso es lo que tendr¨¢ que aplicar [el Ayuntamiento de Vic]".

M¨¢s directo fue el consejero de Solidaridad y Ciudadan¨ªa de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, que calific¨® la pol¨ªtica de inmigraci¨®n del Gobierno de "camarote de los hermanos Marx". "Si en Espa?a hubiera una verdadera pol¨ªtica de inmigraci¨®n", dijo, "estas situaciones [como la de Vic] no se dar¨ªan".

S¨®lo uno de los responsables del partido que lidera Mariano Rajoy, el portavoz econ¨®mico, Crist¨®bal Montoro, calific¨® de "xen¨®foba" la intenci¨®n que ha movido al consistorio catal¨¢n.

En la pol¨¦mica terciaron los m¨¢ximos responsables del Gobierno. Desde Bratislava, el jefe del Ejecutivo, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, record¨® que "las personas que vienen de fuera tienen derechos humanos, son seres humanos", y critic¨® la actuaci¨®n del Ayuntamiento de Vic, sin citarlo, porque, seg¨²n dijo, es "una estrategia cortoplacista", informa Fernando Garea.

Tambi¨¦n la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, volvi¨® a aludir al problema. Lo hizo en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, y delante de Jos¨¦ Montilla, cuyo partido, el PSC, forma parte del equipo de gobierno de Vic. Aludi¨® a "alg¨²n intento aislado" de "orillar la legalidad, dando marcha atr¨¢s en conquistas de ciudadan¨ªa", que "debe estar necesariamente condenado al fracaso".

En el ¨¢mbito jur¨ªdico tambi¨¦n hubo pronunciamientos. El Consejo General de la Abogac¨ªa hizo p¨²blico un comunicado en el que recuerda que "ninguna norma exige al extranjero el probar que su residencia en Espa?a es regular". Y advierte: "Por ello, la actuaci¨®n municipal denegatoria de la inscripci¨®n padronal, a sabiendas de la injusticia de su resoluci¨®n, podr¨ªa llegar a incurrir en infracci¨®n de alg¨²n precepto de la legislaci¨®n penal". El juez Baltasar Garz¨®n dijo que la actitud del Ayuntamiento de Vic "huele a xenofobia".

En el debate quiere terciar asimismo la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP). A iniciativa de su presidente, Pedro Castro, sus servicios jur¨ªdicos van a elaborar un informe, con "criterios uniformes para todos los ayuntamientos de Espa?a", que el d¨ªa 26 someter¨¢n a la ejecutiva de ese organismo. Esos criterios apuntan a que "el ayuntamiento tiene que inscribir en su censo a quien presente el pasaporte, y no puede arrogarse la capacidad de solicitar otros documentos que otras Administraciones puedan pedir para otros fines", informa Anabel D¨ªez.