En Torrej¨®n, sin padr¨®n no hay m¨¦dico ni colegio

Torrej¨®n de Ardoz no empadrona a inmigrantes con visado de turista o que vivan en pisos que no tengan 20 metros cuadrados por persona. El alcalde de este municipio de 116.000 habitantes de los que 26.000 son extranjeros, Pedro Roll¨¢n (PP), afirmaba ayer, en una entrevista publicada por este diario, que la denegaci¨®n del "empadronamiento no restringe ning¨²n derecho", como la sanidad o la educaci¨®n, pero ese mismo d¨ªa pudo comprobarse que no es cierto.

Gilbert, de 22 a?os, es dominicano y de camino al centro de salud de la Veredilla cuenta su ¨²ltima experiencia en Torrej¨®n, donde vive desde hace nueve meses. "Me entr¨® una infecci¨®n de garganta, ten¨ªa fiebre. Fui para pedir un m¨¦dico, pero no me atendieron porque no estaba empadronado aqu¨ª", explica. Gilbert tuvo, entonces, que irse a Usera, donde reside su madre y ¨¦l se empadron¨® cuando se lo impidieron en Torrej¨®n, lugar en el que vive con su t¨ªa. Es el caso de otros inmigrantes que, viviendo en la poblaci¨®n, tienen que inscribirse en otros lugares para poder acceder al m¨¦dico, seg¨²n relataban a EL PA?S.

"Sin padr¨®n tiene que pagar el m¨¦dico", aseguran en el ambulatorio

Los extranjeros dicen que hay trabas para borrar a los que ya no viven en las casas

Gilbert se ha prestado a acudir al ambulatorio para comprobar si tiene derecho a un m¨¦dico. Se acerca al mostrador y detalla un malestar. La recepcionista le interroga hasta descubrir que no est¨¢ empadronado. "Vas a tener que pagar", le informa mientras teclea buscando sus datos. El pago, seg¨²n explica la recepcionista, es un m¨ªnimo de 60 euros que da derecho a una consulta con el m¨¦dico de cabecera. La necesidad de enfermera aumenta la tarifa 30 euros. El joven no tiene intenci¨®n de pagar.La recepcionista sigue tecleando hasta que da con el nombre de Gilbert en el ¨¢rea sanitaria de Usera. "Vale, vale. Te encontr¨¦. No tendr¨¢s que pagar nada", le resuelve la empleada. Muy amable le explica que para que le vea un m¨¦dico en Torrej¨®n va a tramitarle un desplazamiento temporal, de un m¨¢ximo de seis meses. Gilbert ya tiene una cita m¨¦dica para hoy y podr¨¢ seguir acudiendo a ese centro hasta el 18 de junio.

La cuesti¨®n es que si en lugar de Gilbert, que al menos est¨¢ empadronado en Usera, hubiese acudido otra persona sin padr¨®n la recepcionista explica que "no tendr¨ªa derecho a la asignaci¨®n de un m¨¦dico" y que en ese caso "debe pagar el importe correspondiente al tipo de consulta".

Las contradicciones surgen tambi¨¦n en materia de educaci¨®n. El alcalde afirm¨®, en la entrevista a EL PA?S, que tanto en sanidad como en cuesti¨®n acad¨¦mica, el empadronamiento "no restringe ning¨²n derecho", pero un portavoz de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n confirm¨® que la inscripci¨®n en el padr¨®n s¨ª es necesaria para la matriculaci¨®n de alumnos en los colegios p¨²blicos. Y que, aunque no fuese as¨ª, los cuatro puntos que el candidato obtiene al demostrar que vive en la misma zona del centro escolar los perder¨ªa, haciendo mucho m¨¢s dif¨ªcil su admisi¨®n: "Sobre todo si se trata de un colegio en el que no sobren plazas".

Magnolia, dominicana como Gilbert, sufri¨® la denegaci¨®n del padr¨®n de su hija Lizzet, de cuatro a?os. La raz¨®n fue, seg¨²n cuenta, que la peque?a, que lleg¨® a Espa?a en noviembre, lo hizo con un visado de turista -uno de los dos motivos por los que el alcalde impide el empadronamiento-. A pesar de todo, el colegio Seis de Diciembre inscribi¨® a la ni?a y, ante la desesperaci¨®n de la madre por registrar a su hija, la remiti¨® a un asistente social que, a trav¨¦s de un abogado, le consigui¨® en dos meses la inscripci¨®n en el padr¨®n.

La comunidad dominicana, en concreto, se est¨¢ convirtiendo en una fuerza muy activa contra el Ayuntamiento. Con motivo de la pol¨¦mica, inmigrantes del pa¨ªs caribe?o quieren crear una asociaci¨®n que, hasta ahora, no consideraban que les hiciese falta. "Para que nos escuchen. Porque hemos visto el rechazo del Ayuntamiento, el acoso en los bares... Ya que no nos escuchan como personas que nos escuchen como asociaci¨®n", rezaba Annie Rosario, la responsable de la inicitiva, ante una decena de compatriotas.

Cada uno de ellos tiene una raz¨®n para estar all¨ª. Por un lado est¨¢ Miguel ?ngel Reinoso, un treinta?ero habitual de las ETT que, ahora mismo, no pertenece a ninguna parte. "Me dieron de baja en el Ayuntamiento de M¨¢laga y aqu¨ª, aunque vivo con mi hermana desde hace meses, me piden tantas cosas que a¨²n no he conseguido empadronarme". A su lado observa silenciosa Virginia Antonia. Vive en Torrej¨®n desde hace tres a?os, pero su padr¨®n dice que habita en Vallecas. Su historia es un l¨ªo, no se da de baja en Vallecas por miedo a quedarse sin coberturas porque en Torrej¨®n le ponen pegas, pero a la vez, el Ayuntamiento, seg¨²n cuenta, alega que mientras est¨¦ empadronada en otro municipio se olvide de Torrej¨®n. Virginia va al m¨¦dico en Vallecas.

Y, por ¨²ltimo, el caso de Annie, la que en una semana se ha convertido en la cara visible de los inmigrantes ante los medios, la due?a de un tel¨¦fono que no deja de sonar pidi¨¦ndole unos minutos ante las c¨¢maras, la t¨ªa de Gilbert.

Annie lleva nueve meses peleando por empadronar a su sobrino en su casa, donde vive con su hijo Abel de 15 a?os y su marido (espa?ol). El problema -y es com¨²n a varios asistentes a la reuni¨®n- es que en su domicilio aparecen inscritas cuatro personas que no viven ah¨ª y el Ayuntamiento, seg¨²n su versi¨®n, requiere que sean esos supuestos inquilinos los que vayan a darse de baja personalmente. Como no lo hacen, el sobrino de Annie cae irremediablemente en el segundo motivo de denegaci¨®n del padr¨®n: no tener un ratio de 20 metros cuadrados por persona en la vivienda.

"Esta gente ni siquiera vivi¨® conmigo. Est¨¢n inscritos ah¨ª desde antes de que yo fuese a esa casa. Algunos ni siquiera est¨¢n en Espa?a", se queja Annie, que regenta un bar dominicano cerca de su casa. Para intentar solucionarlo (y para no dejar de pelear) el 9 de junio de 2009 remiti¨® un escrito al Ayuntamiento en el que expone que las personas que aparecen como residentes en su domicilio no viven ah¨ª y solicita que se les de de baja tanto en el municipio como en su casa. Siete meses despu¨¦s, sigue esperando una respuesta.