El Gobierno permitir¨¢ denegar el padr¨®n por "inhabitabilidad"
Una nueva ley limitar¨¢ el n¨²mero de ciudadanos inscritos en funci¨®n del tama?o de las viviendas para evitar el fraude
El Gobierno se dispone a dar a los ayuntamientos la posibilidad de denegar el empadronamiento en domicilios que rebasen una determinada proporci¨®n de habitantes por metro cuadrado. Esta llamada "causa de inhabilitabilidad" ser¨¢ incluida en la nueva Ley de Gobierno Local, que reformar¨¢ la Ley de Bases de R¨¦gimen Local de 1985 y que el Ejecutivo pretende remitir al Parlamento en el primer trimestre del a?o.
Aunque el baremo a partir del cual las solicitudes de empadronamiento ser¨¢n denegadas a¨²n no est¨¢ decidido, fuentes del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial adelantan que ser¨¢ muy inferior a los 20 metros cuadrados por habitante que exig¨ªa el Ayuntamiento de Torrej¨®n de Ardoz (Madrid) y que provocaron una pol¨¦mica por la discriminaci¨®n que supon¨ªan hacia los inmigrantes.
El baremo rebaja los 20 metros por persona que propuso Torrej¨®n
La norma subraya el derecho al empadronamiento con y sin papeles
La medida pretende combatir los 'pisos patera' de inmigrantes
Tambi¨¦n busca acabar con el fraude electoral en pueblos peque?os
Las mismas fuentes insistieron en que esta medida no ha sido dise?ada para los inmigrantes, aunque reconocieron que han tenido en cuenta que puede ser efectiva para combatir los llamados pisos patera. De hecho, un pionero en el establecimiento de estos criterios fue el actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuando era alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
La intenci¨®n del Gobierno coincide tambi¨¦n con la solicitud que le formul¨® el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, el pasado d¨ªa 14, en plena pol¨¦mica por los casos de Vic (Barcelona) y de Torrej¨®n de Ardoz (Madrid). "En funci¨®n de los metros cuadrados de un domicilio", afirm¨®, "existe un l¨ªmite de capacidad para albergar a un n¨²mero de personas, y tiene que haber un criterio por normativa estatal a partir del cual los ayuntamientos no estemos obligados a realizar empadronamientos que f¨ªsicamente sabemos que no pueden responder a la realidad".
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido evitar numerosos empadronamientos ficticios por un m¨¦todo de factura propia. Cuando una persona acude a empadronarse y el funcionario comprueba que en el domicilio que da figuran al menos otras 15 personas, suspende el tr¨¢mite hasta que una patrulla municipal visita la vivienda y comprueba que, efectivamente, el solicitante vive en ella.
Algo parecido sucede en Barcelona, donde el padr¨®n env¨ªa una alerta cuando en una vivienda hay m¨¢s de 15 personas empadronadas. En esos casos, los funcionarios comprueban si realmente eso es as¨ª, por lo general enviando una carta al domicilio en cuesti¨®n o con una visita de inspecci¨®n, informa Blanca Cia.
Pero la medida que el Ejecutivo se dispone a introducir en la nueva Ley de Gobierno Local tambi¨¦n pretende acabar con el fraude electoral en los pueblos peque?os, en los cuales algunos candidatos pueden hinchar el censo con afines para ganar elecciones. El hecho de que en Espa?a el 85% de los municipios tengan menos de 5.000 habitantes facilita ese tipo de fraude. Otro fraude que la iniciativa trata de evitar consiste en que el Ayuntamiento aumente artificialmente el n¨²mero de habitantes para beneficiarse de la PIE (Participaci¨®n de Ingresos del Estado) y de planes provinciales de las diputaciones.
El secretario de Estado de Pol¨ªtica Territorial, Gaspar Zarr¨ªas, adelant¨® ayer algunas de estas novedades en un encuentro con la direcci¨®n de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP). Zarr¨ªas afirm¨® que la nueva norma dejar¨¢ perfectamente claro que, todo ciudadano, documentado o no, tiene el derecho y el deber de empadronarse en el lugar en el que vive habitualmente, informa Anabel D¨ªez.
Seg¨²n explic¨®, la nueva ley mejorar¨¢ los mecanismos entre el Instituto Nacional de Estad¨ªstica y los Ayuntamientos para que estos ¨²ltimos agilicen las altas y bajas en el padr¨®n, de forma que puedan obligar a grupos de ciudadanos que se establecen en su territorio a empadronarse o, al contrario, puedan dar de baja a otros que ya no viven en ¨¦l.
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