El Gobierno lleva al Constitucional el decreto de Camps sobre El Cabanyal

El Gobierno entiende que s¨ª es competente para proteger el patrimonio hist¨®rico de El Cabanyal si existe riesgo de expolio y por eso recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley con el que el Consell le desafi¨® el 7 de enero. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, anunci¨® tras el Consejo de Ministros la presentaci¨®n del recurso. El TC tiene cinco meses de plazo para mantener o levantar la suspensi¨®n del decreto aprobado por el Consell de Francisco Camps.

El Ministerio de Cultura, que dirige ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde dict¨® el 29 de diciembre de 2009 una orden que tumbaba el plan especial de El Cabanyal aprobado por el PP y que prolonga la avenida de Blasco Ib¨¢?ez hasta el mar a costa del derribo de cientos de casas del barrio. Cultura entendi¨® que este plan supone un expolio y ejerci¨® la competencia que le otorga el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n.

El Ayuntamiento de Valencia y el Consell interpretaron la orden como un atentado a su autonom¨ªa. Camps convoc¨® un pleno extraordinario del Consell para aprobar un decreto ley con el que contrarrestar la orden de Gonz¨¢lez-Sinde. El conflicto de competencias estaba servido.

El dictamen del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad, concluye que hay fundamentos jur¨ªdicos suficientes para sacar adelante el recurso e insiste en que no hab¨ªa ni "urgencia" ni "necesidad" de que el Consell aprobase el decreto ley. Y desautoriza tajantemente que el decreto ley del Consell tenga efecto retroactivo y se remonte a 1993, a?o en que se protegi¨® el barrio.

Pero sin duda el argumento de m¨¢s peso son las competencias: "La existencia o no de expoliaci¨®n es algo que compete a la Administraci¨®n General del Estado, de modo que la Generalitat no puede pretender que el Estado carezca de atribuciones", expuso el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta. ?ste enfatiz¨® que quien ha invadido competencias es la Generalitat. "Desde luego, carece de competencia y legitimidad [la Generalitat] para declarar y ordenar que los actos de la ejecuci¨®n del PEPRI no podr¨¢n verse menoscabados por los acuerdos de otras administraciones", a?adi¨®.

No por esperado, el anuncio del recurso caus¨® menos revuelo. La cascada de reacciones no tard¨® en llegar. La alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, arremeti¨® contra el Gobierno por "abuso de poder" e "injerencia". "Goliat se ha puesto de pie y quiere poner su bota sobre David", arremeti¨®. Barber¨¢ insisti¨® en que seguir¨¢ adelante con su plan y horas despu¨¦s el Consell convoc¨® para hoy un pleno extraordinario en el que tomar¨¢ nuevas medidas para seguir con el plan de El Cabanyal.La alcaldesa se quej¨® de que Cultura act¨²e en Valencia y no en otras ciudades espa?olas donde la Unesco ha denunciado expolio, por ejemplo en Torre Pelli de Sevilla, y pregunt¨® varias veces, sin ofrecer m¨¢s datos, a qui¨¦n beneficia esa dilaci¨®n del plan. "La ¨²nica competencia en la zona que no es Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC) es municipal", remach¨®. El consistorio todav¨ªa no ha recurrido formalmente la orden ministerial ante la Audiencia Nacional. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, elev¨® todav¨ªa m¨¢s el tono y se refiri¨® al recurso del Gobierno como "el mayor ataque a los valencianos desde que Felipe V aboli¨® Els Furs".

Los socialistas, por boca de su portavoz municipal, Carmen Alborch, se mostraron satisfechos con la decisi¨®n del Consejo de Ministros. "Supone que la orden ministerial que protege El Cabanyal de posibles derribos est¨¢ plenamente vigente", enfatiz¨® Alborch. La portavoz insisti¨® en que el plan debe paralizarse. Carmen Ninet, portavoz adjunta del PSPV en el Parlamento, consider¨® ejemplar la actitud del Ministerio de Cultura, por mantener su apuesta "por el patrimonio valenciano".

Desde el barrio, la plataforma Salvem El Cabanyal, que lleva 11 a?os de lucha contra el derribo de las casas, solicit¨® al consistorio que suspenda todas las actuaciones administrativas relacionadas con el plan. En concreto los vecinos piden al consistorio que se paralice el proceso de expropiaci¨®n que se lleva a cabo en el bulevar de San Pedro, donde est¨¢ prevista la demolici¨®n de seis inmuebles. "El futuro de El Cabanyal est¨¢ en un plan de rehabilitaci¨®n del barrio que no destruya", insisti¨® la plataforma en un comunicado.

Este colectivo asegura que el recurso paraliza el decreto ley de la Generalitat y deja plenamente vigente la orden ministerial que protege el barrio de los derribos. A partir del lunes est¨¢n citados en las oficinas municipales de distrito los propietarios de varias de estas casas amenazadas por derribo para que entreguen las llaves y las escrituras de sus propiedades como paso previo a la expropiaci¨®n.

La posibilidad de que ayer el Consejo de Ministros aprobase el recurso de inconstitucionalidad -se anunci¨® semanas antes pero no se concret¨® la fecha- salpic¨® el pleno que el Ayuntamiento de Valencia celebr¨® por la ma?ana. El Grupo Socialista present¨® y defendi¨® una moci¨®n en la que ped¨ªa que la Generalitat derogase su decreto ley y apostase por un plan de rehabilitaci¨®n que no tire abajo m¨¢s edificios en El Cabanyal. Los populares votaron en contra y presentaron una moci¨®n alternativa, donde se rechaza el contenido de la orden de Cultura y se defiende la ejecuci¨®n del PEPRI.

Antes de la votaci¨®n, el concejal socialista Vicente Gonz¨¢lez M¨®stoles record¨® que el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Valencia de 1988 calific¨® todo el barrio de Conjunto Hist¨®rico Protegido. Posteriormente, en 1993, la Generalitat declar¨® una parte del conjunto, el ensanche de El Cabanyal, como Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC), reforzando as¨ª su protecci¨®n. "A pesar de ello, el PP aprob¨® en 1998 un PEPRI que supone la destrucci¨®n de una zona de 105 metros de frente, destrozando as¨ª el coraz¨®n del barrio", arguy¨® Gonz¨¢lez M¨®stoles.

Alfonso Grau, primer teniente de alcalde de Valencia, replic¨® que el equipo de gobierno tiene a su favor nueve sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano y tres del Supremo en relaci¨®n con la validez del plan y dej¨® caer de nuevo que los socialistas cuando gobernaron Valencia apostaron por la prolongaci¨®n de la avenida.

El socialista Gonz¨¢lez M¨®stoles neg¨® ese extremo y replic¨® que la ¨²ltima sentencia del Tribunal Supremo, de 2009, que ha dado pie a la orden de Cultura, es la ¨²ltima. "Todas hieren pero la ¨²ltima mata", replic¨® el concejal a Grau echando mano de un aforismo latino referido a las horas.