Dependientes, ancianos y pol¨ªticos sin alma

Envejecer puede ser, adem¨¢s de irremediable, una peque?a faena de la vida. Envejecer y ser dependiente en Espa?a es, sencillamente, una condena que nos aleja del primer mundo al que supuestamente pertenecemos. Nuestro sistema pol¨ªtico, con un nivel de protecci¨®n social muy por debajo de nuestros socios europeos y una pensi¨®n media de jubilaci¨®n de 874 euros que tambi¨¦n nos sit¨²a a la cola, sentencia a la mayor¨ªa de nuestros mayores y a sus familias a vivir la ¨²ltima etapa de su existencia como un desesperante calvario.

Los datos son dram¨¢ticos: 250.000 personas y, por tanto, 250.000 familias esperan a d¨ªa de hoy angustiadas a que su comunidad aut¨®noma correspondiente, en caso de que haya tenido a bien responder a sus requerimientos, les otorgue la ayuda a la que, por ley, tienen derecho. La mayor¨ªa de los grandes dependientes son ancianos que en muchas ocasiones morir¨¢n antes de ser atendidos. El ¨²ltimo estudio de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras [no es una errata; es el nombre de la organizaci¨®n en un sector fuertemente feminizado] y Gerentes de Servicios Sociales asegura que la media de espera para lograr ese apoyo estatal tarda entre 12 y 18 meses durante los cuales los ciudadanos est¨¢n obligados a enredarse en torturantes tr¨¢mites burocr¨¢ticos.

Las ayudas a la dependencia o no llegan o se adjudican demasiado tarde

La sanidad p¨²blica no asume el tratamiento de nuestros grandes dependientes; personas con sus capacidades mentales y f¨ªsicas mermadas por complicaciones de salud acumuladas en el tiempo. Sus allegados deben hacer malabares en este pa¨ªs para atender a su profesi¨®n, a sus hijos y a su vida social mientras cuidan a un mayor que, en ocasiones, necesita ayuda durante las 24 horas del d¨ªa. Son familias a las que s¨®lo libera la muerte del ser querido. ?sa es la irritante realidad.

Los centros p¨²blicos, ya sean residencias o centros de d¨ªa, administrados por ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas, suelen estar completos y, adem¨¢s, s¨®lo son accesibles para las rentas m¨¢s bajas. A los centros privados s¨®lo pueden optar los m¨¢s pudientes. El resultado es que la mayor¨ªa de las familias de este pa¨ªs a?aden al dolor de la enfermedad y la p¨¦rdida la irritaci¨®n y la impotencia frente a unos poderes p¨²blicos que no ponen el m¨¢s m¨ªnimo inter¨¦s por aplicar la ley (la de Dependencia) y administrar correctamente los fondos p¨²blicos que esos mismos ciudadanos maltratados generan con su esfuerzo y sus impuestos.

Hay pocas comunidades aut¨®nomas que hayan desarrollado tan importante ley con la celeridad que merece. Es verdad que la aplicaci¨®n de la ley requiere estructuras y personal antes inexistentes, pero la enorme disparidad entre unas comunidades aut¨®nomas y otras pone de manifiesto que son otros los obst¨¢culos. Hay comunidades en las que los procesos y la cobertura est¨¢ m¨¢s avanzada. Son los casos de Andaluc¨ªa, La Rioja, Castilla y Le¨®n o Navarra. Otras est¨¢n regidas por pol¨ªticos que prefieren ocuparse de otras cosas m¨¢s importantes, como las bondades de instaurar la cadena perpetua o la visita del Papa a precio de oro.

Deber¨ªamos grabarnos los nombres de algunos de los m¨¢s desalmados en este terreno: Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, Paulino Rivero Baute... No son nombres elegidos al azar o en funci¨®n de las afinidades pol¨ªticas. Son los presidentes de las cuatro comunidades aut¨®nomas con un menor ¨ªndice de poblaci¨®n atendida y una gesti¨®n escandalosa que obliga a las familias a hacer papeleos aun m¨¢s all¨¢ del a?o y medio. Esta misma semana, todas se han comprometido a reducir los plazos a seis meses. S¨®lo el tiempo dir¨¢ si se cumple el compromiso.

Tres a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, estos se?ores, que no tolerar¨ªan un solo d¨ªa de sus vidas sin su coche oficial, siguen poniendo palos en las ruedas de esta norma tan crucial para tantos ciudadanos. Nos escandaliza que en Estados Unidos haya m¨¢s de 40 millones de personas sin seguro m¨¦dico alguno. Aqu¨ª somos 46 millones de habitantes con el riesgo potencial en un futuro m¨¢s o menos pr¨®ximo de ser abandonados a nuestra suerte cuando m¨¢s lo necesitemos.

El gasto adicional de la Ley de Dependencia lo sufragan al 50% las comunidades aut¨®nomas y la Administraci¨®n central. Es una debilidad de origen, dado que est¨¢ sujeta a la confrontaci¨®n y los c¨¢lculos electorales de pol¨ªticos que olvidan que su mandato fundamental consiste en administrar correctamente los fondos p¨²blicos que los ciudadanos les han confiado.

Hay en Madrid un centro privado donde intentar la rehabilitaci¨®n de una persona paralizada por un accidente cardiovascular cuesta 3.200 euros al mes. Los hay m¨¢s caros y hay algunos (pocos) m¨¢s baratos. Algunas familias, al cabo de los meses, se llevan al enfermo a casa huyendo de la ruina, aun sabiendo que eso supondr¨¢ una tragedia para sus propias vidas. En el vest¨ªbulo del centro hay una placa con el nombre de Esperanza Aguirre y la credencial de calidad de la Comunidad de Madrid. Algunos familiares preguntan si eso significa que podr¨¢n obtener alguna ayuda p¨²blica por insignificante que sea. La respuesta es no. No hay apoyo p¨²blico; es que la se?ora Aguirre fue all¨ª un d¨ªa a cortar la cinta y dejar inaugurado el lugar.