"Venir a Catalu?a es ir a galeras"

Catalu?a es la comunidad aut¨®noma con m¨¢s rotaci¨®n de jueces y la que tiene m¨¢s vacantes. Concretamente, 159 de 735 plazas. Si se a?aden los que est¨¢n de baja y los que no ejercen por alg¨²n motivo, resulta que el 27% de las plazas no tienen titular y las cubren sustitutos. El gran n¨²mero de pleitos acumulados, el d¨¦ficit de juzgados que se agrava cada a?o, la elevada tasa de funcionarios interinos, la falta de opositores catalanes y la supresi¨®n del ascenso forzoso de juez a magistrado explican la situaci¨®n. Los responsables son, en mayor o menor medida, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que se culpan mutuamente del panorama actual, que podr¨ªa derivar en la suspensi¨®n de juicios.

El Poder Judicial no prev¨¦ convocatorias extraordinarias ni masivas de jueces

El ministerio se resiste a traspasar el personal interino, que supone el 40%

"Venir a Catalu?a de juez es como ir a galeras. Si se pueden escoger otros destinos en los que se trabaje en mejores condiciones, nadie pide una plaza aqu¨ª", reconocen varios jueces consultados. Las cifras oficiales les dan la raz¨®n. El 95% de los juzgados de Catalu?a superan el m¨®dulo de trabajo que considera razonable el CGPJ y el ¨ªndice de rotaci¨®n en los juzgados de primera instancia de Catalu?a dobla con creces la media espa?ola. Lo mismo ocurre con los juzgados mixtos (de primera instancia e instrucci¨®n). En el ¨²ltimo concurso de ascenso de juez a magistrado se ofertaron 62 plazos en Catalu?a y s¨®lo se cubrieron 12. El resto quedaron desiertas y se cubrir¨¢n con sustitutos, pues ahora ya no se puede obligar a nadie a ir a un destino.

La creaci¨®n de juzgados depende del Ministerio de Justicia. Al Poder Judicial le corresponde hacer las convocatorias de plazas para cubrir los juzgados nuevos y las que est¨¢n en manos de sustitutos, fijar el n¨²mero de jueces y aplicar los mecanismos previstos para abordar el d¨¦ficit end¨¦mico de plantilla que afecta especialmente a Catalu?a y, en menor medida, a Canarias y el Pa¨ªs Vasco. El a?o pasado, la Sala de Gobierno del TSJC solicit¨® al ministerio 166 nuevas plazas judiciales en Catalu?a. Se concedieron 23. A?o tras a?o se va agravando la situaci¨®n, de manera que ahora hay 27 juzgados en Catalu?a que ni siquiera est¨¢n cubiertos con sustitutos porque tampoco hay m¨¢s. La consecuencia es que un destino ya de por s¨ª infernal lo acaba cubriendo por el mismo precio el juez de al lado, que ya est¨¢ desbordado con sus pleitos."?No tenemos una fotocopiadora de clonaci¨®n de jueces!", proclama Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, antes de referirse al compromiso del ministro Caama?o de incrementar la plantilla de jueces espa?oles en 750 plazas en tres a?os.

"Vamos a tomar medidas para abordar la situaci¨®n de Catalu?a", explica F¨¦lix Az¨®n, vocal del Consejo General del Poder Judicial. ?Cu¨¢les? "Primar la retribuci¨®n de las plazas que no se cubren, pero no va a ser en tres meses, porque eso ha de ir a la Ley de Presupuestos". ?Y primar la permanencia en Catalu?a, como propone el Tribunal Superior? "No podemos. Para eso hay que modificar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial", responde Az¨®n.

Lleva m¨¢s de un a?o en el cargo y explica que el primer o segundo destino judicial no resulta c¨®modo por las condiciones de trabajo, pero equipara la situaci¨®n a una suerte de inevitable precariedad laboral hasta lograr la estabilidad. Az¨®n tambi¨¦n descarta una convocatoria extraordinaria de jueces, como reclama la presidenta del TSJC, Mar¨ªa Eugenia Alegret, as¨ª como convocar todas las plazas que no convoc¨® el anterior CGPJ a trav¨¦s del llamado cuarto turno de acceso a la judicatura, reservado a juristas de prestigio, como exige la consejera de Justicia, Montserrat Tura. "Yo me he comprometido a que por esa v¨ªa entren 300 jueces en ese mandato", dice Az¨®n. "Son insuficientes", replica Tura.

"Los jueces no se quedan porque no los incentivamos. La mayor¨ªa son mujeres casadas que est¨¢n aqu¨ª sin familia y s¨®lo les ofrecemos mucho trabajo y un nivel de vida car¨ªsimo. Y despu¨¦s est¨¢ la lengua, que aunque no es lo principal, porque tambi¨¦n se da en otras comunidades en las que hay menos movilidad, supone una dificultad a?adida", explica Alegret. Lleva m¨¢s de cinco a?os de mandato y nunca hab¨ªa puesto el grito en el cielo por la cruda realidad. Ahora reclama medidas dr¨¢sticas.

La consejera Tura rechaza de plano que haya incentivos para que los jueces no se vayan. "No tenemos competencias y la soluci¨®n no es que las comunidades aut¨®nomas pongan m¨¢s dinero", explica. Lo que s¨ª es competencia de la Generalitat es la formaci¨®n del personal interino que llega a los juzgados y que en Catalu?a supera el 40% de la plantilla. Los jueces catalanes coinciden en la escasa preparaci¨®n de algunos de esos funcionarios. Y eso tampoco estimula la permanencia. "Si has de estar vigilando todos los escritos que firmas porque no te f¨ªas, eso supone un trabajo a?adido. Y los juzgados de Catalu?a ya son de por s¨ª muy duros", explica Miguel ?ngel Gimeno, presidente de la Secci¨®n Sexta de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Jueces para la Democracia. "El alto ¨ªndice de interinos que tenemos es escalofriante y los cursos de formaci¨®n que da la Generalitat son insuficientes, porque cuando han aprendido un poco en una jurisdicci¨®n, los cambian", dice Gimeno.

"Que el ministerio nos traspase las competencias para hacer las convocatorias de los funcionarios y se acabar¨¢ el problema", exige Tura. "Estamos estudiando ese traspaso a Catalu?a y a otras comunidades, pero eso hay que hablarlo con los afectados", explica el secretario de Estado de Justicia, dejando entrever su recelo de que la medida subleve a los funcionarios al romperse la actual estructura de cuerpo nacional. Es el mismo dilema que hace a?os se plante¨® con los m¨¦dicos y los profesores, y entonces hubo voluntad pol¨ªtica para traspasarlos. A la hora de asignar juzgados, el ministerio tiene en cuenta la carga de trabajo, pero con esas cifras se pueden hacer trampas, como sucede ahora en algunos juzgados de Madrid, seg¨²n explican en privado sus colegas de Barcelona. La trampa consiste en que un procedimiento civil puede acabar contando por tres o cuatro en Madrid y por uno en Barcelona. Y si hay m¨¢s trabajo, se cree que hacen falta m¨¢s juzgados en una ciudad que en otra, cuando la realidad es otra. La vocal del CGPJ Margarita Robles reconoce que se ha detectado que "la forma de registrar los asuntos no es la misma en toda Espa?a. Los jueces deber¨ªan contar de igual manera los asuntos que tramitan y eso no lo est¨¢n haciendo. Estamos trabajando para fijar unos par¨¢metros iguales para todos, pero no es f¨¢cil". Robles tambi¨¦n coincide con la presidenta con Alegret en que las autonom¨ªas no se pueden desentender de los jueces y deber¨ªan fomentar las ayudas.