Justicia sobrecargada
En 2008, la justicia espa?ola acab¨® el a?o con 2.788.198 asuntos en tr¨¢mite, la bolsa de asuntos pendientes hab¨ªa aumentado en casi 400.000 casos (La justicia Dato a Dato. A?o 2008. Estad¨ªstica Judicial. Consejo General del Poder Judicial, p¨¢g. 41). En 2009, la situaci¨®n ha empeorado, pues aunque -sintom¨¢ticamente- tardaremos meses en disponer de estad¨ªsticas fiables, la tasa de congesti¨®n sigue aumentando. Empantanada, la justicia no funciona y el colapso parece inevitable. No lo es.
La respuesta de los poderes p¨²blicos, nos dicen los responsables del funcionamiento de la justicia, consistir¨¢ en incrementar la oferta y dotar 750 plazas m¨¢s de juez por oposici¨®n en tres a?os, que se sumar¨¢n a las 4.674 ya dotadas. Si se tienen en cuenta excedencias y jubilaciones, 250 nuevas plazas por a?o no es soluci¨®n, pero quiz¨¢s cuando el colapso sea total, la propuesta de calado vaya a consistir en abrir la mano al acceso masivo a la judicatura sin oposici¨®n, una medida pol¨¦mica.
Urgen tres medidas: desjudicializar temas, despenalizar conductas y despolitizar la justicia
En todo caso, los servicios p¨²blicos ofrecidos gratis o a precios pol¨ªticos tienden a generar excesiva demanda y, por ello, las medidas deber¨ªan dirigirse a contenerla. Urgen tres: desjudicializar cuestiones, despenalizar conductas y -la m¨¢s dif¨ªcil- despolitizar la justicia espa?ola.
Primero, hay que desjudicializar cuestiones que no tienen por qu¨¦ involucrar a ning¨²n juez: ?por qu¨¦ no permitir el divorcio notarial cuando los c¨®nyuges est¨¢n de acuerdo tanto en la cesaci¨®n de su vida en com¨²n como en el arreglo familiar y econ¨®mico subsiguiente? De hecho y de derecho, ni para casarse, ni para contratar un pr¨¦stamo hipotecario, ni para engendrar y tener hijos, ni para decidir sobre su educaci¨®n, ni para mudarse de casa necesitaron de la bendici¨®n judicial. Y as¨ª cien cosas m¨¢s que podr¨ªan desjudicializarse sin da?o para los interesados y con beneficio del com¨²n.
Luego, no hay que penalizarlo todo. Los ciudadanos de este pa¨ªs estamos acongojados, algo habremos hecho, claro: ?por qu¨¦ hab¨ªa en 2008 m¨¢s presos en Espa?a (73.687) que en Francia (59.655), un pa¨ªs parecido al nuestro, pero con mayor poblaci¨®n?, ?es que acabamos de salir de otra guerra civil? (World Prison Population List -eighth edition-, 2008. King's College London, International Centre for Prison Studies, p. 5). Y en 2009, a¨²n hemos encerrado a m¨¢s gente (ya son 76.090 presos, 157 por cada 100.000 habitantes. ("Crece el n¨²mero de reclusos, pero menos": EL PA?S, 25 de enero de 2010. www.elpais.com). Urge despenalizar, lo contrario de lo que est¨¢ proponiendo nuestra clase pol¨ªtica, la cual, un d¨ªa s¨ª y el otro tambi¨¦n propone nuevas reformas del C¨®digo Penal. Pero, por ejemplo, nadie niega que el ministerio estrella de este Gobierno, el de Interior, ha conseguido reducir los accidentes mortales en carretera hasta menos de 2.000 en 2009, cuando cinco a?os antes hab¨ªan sido el doble. Pero, ?era realmente necesario conminar con penas de prisi¨®n de tres a seis meses, o con multa, y con trabajos en beneficio de la comunidad "al que condujere un veh¨ªculo de motor (...) en los casos de p¨¦rdida de vigencia del permiso (...) por p¨¦rdida total de los puntos asignados legalmente" (art. 384 del C¨®digo Penal)? Probablemente hab¨ªa alternativas administrativas igualmente beneficiosas en vidas salvadas, pero menos costosas.
Por ¨²ltimo, urge despolitizar la justicia, otro tema pol¨¦mico en relaci¨®n con el cual todo el mundo, incluyendo a la clase pol¨ªtica y a los jueces mismos, parece empe?ado en negar la realidad. La justicia es un servicio p¨²blico, como la educaci¨®n, la sanidad o las carreteras, y cuando los ciudadanos acudimos o somos llevados ante ella ansiamos ser tratados por igual, con independencia de la manera de pensar del juez.
Podemos temer la dureza de la ley, pero no tiene sentido que la mayor o menor severidad del juicio tenga que ver con la ideolog¨ªa del juez. Son cosas que ocurren tanto como se niega que pasen: el Gobierno se lo piensa cien veces antes de cursar las instrucciones correspondientes sobre la idoneidad de los candidatos a ocupar plaza de magistrado en las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo. Si quieren disponer de una medida razonable del grado de independencia de nuestro sistema judicial, vean un buen ranking internacional en The World Justice Project - Rule of Law Index 2.0. (www.worldjusticeproject.org, 2009), un proyecto influyente que analiza a 35 pa¨ªses que incluyen al 45% de la poblaci¨®n mundial. Los ¨ªndices sobre fiabilidad, independencia y eficiencia del sistema judicial espa?ol no son malos, pero quedan por debajo de los de otros pa¨ªses de an¨¢logo nivel econ¨®mico y cultural. Podemos mejorar.
Pablo Salvador Coderch es catedr¨¢tico de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.
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