El Constitucional suspende la aplicaci¨®n de la ley de cajas gallega

El Tribunal Constitucional (TC) suspendi¨® ayer la aplicaci¨®n de 10 puntos de la ley gallega de cajas, que fue recurrida por el Gobierno central el pasado 9 de febrero. En la pr¨¢ctica significa congelarla por completo, porque entre los art¨ªculos suspendidos (dos en total, junto a una disposici¨®n transitoria), el TC paraliza la renovaci¨®n de los ¨®rganos de gobierno, que iba a significar un vuelco en el equilibrio de poder de las asambleas. Aunque esperado, es un jarro de agua fr¨ªa para las aspiraciones del presidente gallego, Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP), y para los nacionalistas del BNG que apoyan la reforma.

El texto suspendido fue tramitado en tiempo r¨¦cord, apenas un mes, con el objetivo claro de forzar una fusi¨®n entre las dos cajas de ahorro gallegas (Caixanova y Caixa Galicia) a costa de torcer la voluntad actual de Caixanova, cuyo Consejo de Administraci¨®n se opone en redondo.

La ley establece un f¨¦rreo control sobre la obra social de las entidades

Para ello, por primera vez, la ley establece la entrada de representantes del Parlamento en las asambleas de las cajas con el 20% de la representaci¨®n, algo que el recurso no cuestiona. Lo que s¨ª impugna es que obligue a cambiar en dos meses los ¨®rganos de gobierno. Los plazos hab¨ªan sido medidos para poder firmar el protocolo de integraci¨®n antes de que se terminen las ayudas del FROB, el pr¨®ximo 31 de junio.

La suspensi¨®n anunciada ayer se esperaba desde el d¨ªa en que la ministra Elena Salgado advirti¨® que los visos de inconstitucionalidad iban "m¨¢s all¨¢ de las cuestiones que provocaron en su d¨ªa el recurso contra la ley madrile?a". Sin embargo, tanto el PP como los nacionalistas ven clara la intencionalidad pol¨ªtica, y no se cansan de explicar que lo que se acepta en otras comunidades, como la regulaci¨®n del Sistema Institucional de Protecci¨®n (SIP), no sirve para Galicia. Los titulares de las consejer¨ªas de Hacienda y Presidencia mantuvieron dos reuniones esta semana con el secretario de Estado de Cooperaci¨®n Territorial para desbloquear el recurso. No fue posible.

En la ¨²ltima, la negociaci¨®n entr¨® en punto muerto. Pese a todo, el presidente de la Xunta se mostr¨® ayer optimista con la posibilidad de "desbloquear la ley y que Galicia pueda tener la quinta caja de Espa?a". El recurso que ha admitido el alto tribunal tambi¨¦n impugna cuestiones relativas a la obra social, las mayor¨ªas para tomar decisiones y los altos cargos.

- SIP. La ley gallega establece que un criterio de valoraci¨®n para vetar un SIP son las consecuencias "que pudieran derivarse para el cumplimiento de la finalidad financiera en Galicia". El recurso dice que el Gobierno aut¨®nomo no puede utilizar este criterio, y s¨ª otros, como la solvencia, para vetar una fusi¨®n fr¨ªa.

- Obra social. El texto aprobado por el Parlamento gallego establece un f¨¦rreo control sobre la obra social, de modo que las inversiones de m¨¢s de medio mill¨®n de euros en tres ejercicios deber¨¢n contar con la aprobaci¨®n de Hacienda. La Xunta tambi¨¦n decidir¨¢ el porcentaje de los excedentes que se destinar¨¢n a acci¨®n social. Seg¨²n el recurso, esto vulnerar¨ªa el principio de independencia y respeto a las decisiones de las entidades.

- Renovaci¨®n. En su primera disposici¨®n transitoria, establece la renovaci¨®n "total", de los ¨®rganos de gobierno en el plazo de dos meses. Aunque despu¨¦s deja la renovaci¨®n en el 75% de los miembros de las asambleas, el Gobierno considera que este punto resta estabilidad a las cajas, que normalmente cambian sus asambleas por mitades.