En defensa del sistema de pensiones

El derecho subjetivo a recibir una pensi¨®n al final de la vida laboral es quiz¨¢s una de las mayores conquistas de los trabajadores y trabajadoras, constituy¨¦ndose como la columna vertebral del Estado del Bienestar. Es, ante todo, un derecho, no una d¨¢diva, que el trabajador genera durante su vida laboral. Por tanto la primera conclusi¨®n es clara: las pensiones son de los trabajadores, las generamos nosotros mismos.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema p¨²blico de pensiones a medio y largo plazo en 1995 se aprob¨® el Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones suscribimos en tres acuerdos sociales, el ¨²ltimo en 2006. Este pacto supuso un compromiso de todos los actores implicados por mantener el sistema al margen de luchas partidistas, cambios de gobierno o circunstancias coyunturales. Segunda conclusi¨®n: cualquier reforma de las pensiones debe hacerse en el seno del Pacto de Toledo y los acuerdos sociales, todo lo dem¨¢s es unilateralismo que deja fuera a los principales afectados, los trabajadores. A ello se suma el disparate, intencionado o no, de enmarcar este anuncio en el plan de estabilidad presupuestaria del Gobierno para luchar contra la crisis, relacionando de forma peligrosa la salida de esta situaci¨®n con el recorte de la protecci¨®n social.

La irresponsabilidad de este anuncio crea alarma social e incertidumbre, y es precisamente en ese clima donde los fondos privados de pensiones, gestionados por las entidades bancarias y grandes grupos aseguradores, ven un gran negocio. Fondos privados, por cierto, que no han garantizado su sostenibilidad y cuyo valor se ha desplomado a causa de la crisis. Y lo que es a¨²n m¨¢s grave, esta irrupci¨®n de lo privado rompe el principio de justicia e igualdad, haciendo que los que m¨¢s tienen puedan comprar una mejor jubilaci¨®n.

La mejor garant¨ªa de futuro es el sistema actual de pensiones p¨²blico, contributivo y de reparto, s¨®lo as¨ª se garantiza la justicia e igualdad. A¨²n as¨ª CC OO es consciente de que cada cierto tiempo son necesarias reformas en el sistema para adaptarlo a las nuevas realidades. No obstante, bas¨¢ndonos en estudios rigurosos, estamos convencidos de que el sistema no necesita subir la edad legal de jubilaci¨®n, y s¨ª apostar por la jubilaci¨®n flexible, incentivando el atraso voluntario despu¨¦s de los 65 a?os y compatibiliz¨¢ndolo con el adelanto de esta edad en los t¨¦rminos hoy vigentes. Igualmente innecesario es ampliar el per¨ªodo de cotizaci¨®n, ya que en el acuerdo de 2006 se pas¨® de los 12,5 a los 15 a?os efectivos.

Lo que s¨ª es imprescindible es cumplir los acuerdos de 2006 a¨²n pendientes: la integraci¨®n del REASS y del R¨¦gimen de Empleadas de Hogar en el R¨¦gimen General, que afectan a m¨¢s de 550.000 andaluces; la separaci¨®n definitiva de las fuentes de financiaci¨®n y concretar los coeficientes reductores para trabajos penosos y peligrosos. ?stas deben ser las prioridades del Gobierno, y no los anuncios irresponsables que generan crispaci¨®n.

La comisi¨®n parlamentaria del Pacto de Toledo debe rechazar la propuesta del Gobierno y plantear recomendaciones que permitan un acuerdo en la mesa de negociaci¨®n con sindicatos y empresarios. Recomendaciones que no deben ce?irse en ajustar el gasto, sino en mejorar los ingresos del sistema, cuesti¨®n que de forma interesada se obvia. Para esa mejora, una vez concluida la separaci¨®n de fuentes, ser¨ªa necesario favorecer la integraci¨®n laboral de mujeres y j¨®venes, aumentar el salario m¨ªnimo, las cotizaciones m¨¢ximas, favorecer la permanencia de los trabajadores de m¨¢s edad en el empleo y combatir la econom¨ªa sumergida, entre otras.

Estamos dispuestos a hablar de estas cuestiones, pero no permitiremos que se imponga una reforma unilateral. Por eso pedimos a la ciudadan¨ªa andaluza que se manifieste hoy. Es la mejor forma de celebrar 30 a?os de autonom¨ªa, defendiendo uno de los derechos m¨¢s importantes, el derecho a vivir una jubilaci¨®n en dignidad.

Francisco Carbonero es secretario general de CC OO de Andaluc¨ªa.