Est¨¢n en manos de jueces conservadores

Quince magistrados, la mayor¨ªa de tendencia conservadora y aupados por el PP a trav¨¦s del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego pol¨ªtico de Espa?a. Las decisiones que deber¨¢n adoptar en las pr¨®ximas semanas afectar¨¢n al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos m¨¢s importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupci¨®n, las redes de narcotr¨¢fico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garz¨®n, el recurso de Anticorrupci¨®n contra la exoneraci¨®n del presidente valenciano Francisco Camps de sus v¨ªnculos con la trama G¨¹rtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis B¨¢rcenas.

En la etapa de Aznar entraron 8 jueces conservadores y s¨®lo 3 progresistas

La estrategia del PP pasa por liquidar al juez instructor y anular las escuchas

Los tr¨¢mites del recurso del fiscal contra Camps ya est¨¢n terminados

Las decisiones sobre B¨¢rcenas pueden afectar al PP en ¨¦poca electoral

Como tel¨®n de fondo, las escuchas ordenadas por Garz¨®n a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulaci¨®n de las escuchas.

Cuando el Gobierno de Zapatero lleg¨® al poder en mayo de 2004 enseguida se percat¨® de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayor¨ªa conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estrat¨¦gicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a pol¨ªticos y jueces relevantes. El desequilibrio era m¨¢s que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, hab¨ªan entrado ocho magistrados conservadores por s¨®lo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabar¨¢n matando a trav¨¦s de una sala estrat¨¦gica en la Administraci¨®n de Justicia, donde han conseguido una mayor¨ªa apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.

La soluci¨®n no arregl¨® demasiado las cosas. Una reforma legal exigi¨® que los nombramientos del Supremo y de las presidencias de tribunales superiores se aprobaran por mayor¨ªa cualificada, lo que exig¨ªa el acuerdo de 13 de 21 vocales del Poder Judicial. La situaci¨®n ha degenerado en el inevitable mercadeo entre los colectivos judiciales m¨¢s representados en el Consejo, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), para evitar el bloqueo permanente de las plazas de altos cargos.

Los ocho magistrados que accedieron en la ¨¦poca de Aznar siguen marcando la diferencia. En la composici¨®n actual de la Sala Penal, de una plantilla de 15 magistrados, nueve pertenecen al bloque conservador, y los otros seis, al progresista. El desequilibrio se acentuar¨¢ si, como apuntan fuentes del Poder Judicial, el pr¨®ximo en acceder a la Sala es el fiscal Antonio del Moral, un conservador del Opus Dei, cuyo nombramiento promueven sus hom¨®logos a cambio de que el candidato de la vocal Margarita Robles, el portavoz de JpD, Miguel ?ngel Jimeno, presida el Tribunal Superior de Catalu?a.

Las normas internas de la propia Sala, impulsadas por la mayor¨ªa conservadora, contribuyen a mantener la situaci¨®n. Los magistrados em¨¦ritos, que siguen en activo tras cumplir los 70 a?os, han sido excluidos de las "causas especiales" -las que afectan a pol¨ªticos y jueces aforados- y de los plenos jurisdiccionales. Tres de ellos son progresistas y el cuarto, conservador. "Nos tienen para sacar papel", alega el progresista Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, uno de los cuatro que siguen en la Sala.

La estrategia del PP para la red G¨¹rtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiaci¨®n ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Dise?ada por Trillo, funcion¨® entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruy¨® la causa y, a rengl¨®n seguido, anular las escuchas telef¨®nicas y cuanto "traiga causa de ellas".

En las pr¨®ximas semanas, la Sala Penal proseguir¨¢ la instrucci¨®n de las tres causas abiertas al juez Garz¨®n en menos de nueve meses. Durante sus 20 a?os en la Audiencia Nacional, a Garz¨®n le han presentado m¨¢s de 40 querellas, pero la Sala Penal nunca admiti¨® a tr¨¢mite ninguna. Las primeras informaciones sobre el caso G¨¹rtel se divulgaron en febrero de 2009. En mayo de ese a?o se admiti¨® la primera querella, por la investigaci¨®n de los cr¨ªmenes del franquismo. En septiembre se reabri¨® la investigaci¨®n sobre el patrocinio por el banco Santander de unos cursos en Nueva York que imparti¨® Garz¨®n y el pasado jueves le cay¨® la tercera, por las escuchas a la red G¨¹rtel.

En el cerco a Garz¨®n no ha influido un sector ideol¨®gico concreto. Por un motivo u otro han coincidido magistrados de todas las tendencias. Algunos, como el asociado a JpD Luciano Varela o el ultraconservador Adolfo Prego, "con una especial dedicaci¨®n a la causa", seg¨²n fuentes del alto tribunal. Ahora, con Garz¨®n en fase terminal, la Sala debe enfrentarse a las ramificaciones del caso G¨¹rtel, las m¨¢s susceptibles de levantar suspicacias.

Entre ellas, la Sala debe resolver el recurso del fiscal contra el auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que exoner¨® al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio que no apreciaron el presidente del tribunal y "m¨¢s que amigo" de Camps, seg¨²n dijo ¨¦ste, Juan Luis de la R¨²a, y el juez Francisco Ceres. Seg¨²n fuentes fiscales, "en principio todos los tr¨¢mites del recurso ya est¨¢n hechos y ahora es un problema de agenda". Anticorrupci¨®n no pidi¨® en su momento vista para el recurso y no parece que Camps tenga inter¨¦s en ello. De la decisi¨®n de la Sala puede depender su carrera pol¨ªtica y, sobre todo, el curso de las pr¨®ximas elecciones valencianas.

Las finanzas del PP deben estar siendo analizadas por el magistrado del Supremo Francisco Monterde, instructor de la causa contra B¨¢rcenas y Merino, quienes deben a Garz¨®n su implicaci¨®n en la trama. Monterde ejerci¨® casi toda su carrera en Valencia hasta que fue llevado al Consejo del Poder Judicial por el PP. Luego, fue promovido a la Sala Penal por los vocales afines a ese partido. Monterde, un magistrado discreto, acaba de decretar la s¨¦ptima pr¨®rroga del secreto de un sumario hasta ahora impenetrable. Sus decisiones sobre B¨¢rcenas pueden suponer un trastorno mayor para el PP en ¨¦poca preelectoral (catalanas en noviembre de 2010; municipales y auton¨®micas, en mayo de 2011 y generales, en marzo de 2012).

Desde que las conversaciones grabadas a la trama G¨¹rtel revelaron la gravedad de las conductas de dirigentes populares, este partido ha promovido una campa?a contra el sistema de interceptaci¨®n de comunicaciones denominado Sitel. El PP, que contrat¨® esa tecnolog¨ªa cuando gobernaba, no se hab¨ªa preocupado de la misma hasta que se destap¨® la mayor trama de corrupci¨®n que le ha salpicado en toda su historia. En el Supremo hab¨ªa nueve sentencias avalando la legalidad del Sitel. Hasta que el PP culp¨® al sistema de vulnerar las garant¨ªas y reclam¨® su regulaci¨®n por una norma con rango de ley org¨¢nica.

A primeros de este mes llegaron los primeros votos disidentes del sistema Sitel por parte de dos magistrados del sector conservador, que aseguraban que el sistema convierte a juzgados y tribunales en una "tierra de nadie" y que no hay seguridad de que los DVD que contienen las grabaciones no puedan sufrir alteraciones por parte de los agentes de polic¨ªa que los llevan al juzgado. La propuesta de los magistrados disidentes exige comprobar que los agentes policiales no han abierto ni suprimido fragmentos de conversaciones, un sistema de sellado electr¨®nico y hasta la intervenci¨®n de un tercero que garantice la integridad del documento.

Este embri¨®n de doctrina contiene dinamita para las grabaciones del caso G¨¹rtel que, como todas las obtenidas de tel¨¦fonos m¨®viles en los ¨²ltimos a?os, proceden de la utilizaci¨®n del sistema Sitel. Por ahora la postura es minoritaria, pero si gana adeptos podr¨ªa convertirse en criterio oficial de la Sala.

Fuentes del Supremo apuntan a que antes de que se extienda ese criterio, deber¨ªa estudiarse el criterio en Sala general por todos los magistrados. Una sala que seguir¨¢ dominada por los conservadores durante mucho tiempo todav¨ªa y que la semana pasada acord¨®, por 12 votos 8, restringir las diligencias de investigaci¨®n que practican polic¨ªas y fiscales, que a partir de ahora tendr¨¢n que acudir ante el juez para solicitar la identidad de los titulares de los tel¨¦fonos m¨®viles.