El Tribunal de Cuentas investigar¨¢ la financiaci¨®n de la Dependencia

El Tribunal de Cuentas investigar¨¢ de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia se est¨¢n efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que est¨¢n obligadas. Tres a?os despu¨¦s de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto.

La fiscalizaci¨®n de la gesti¨®n econ¨®mico-financiera y de la aplicaci¨®n de esta ley por parte del Tribunal de Cuentas se hace a propuesta del consejero Ciriaco de Vicente, que est¨¢ al frente del Departamento Sociolaboral y de la Seguridad Social, pero tambi¨¦n contar¨¢ con la participaci¨®n del departamento de Comunidades Aut¨®nomas, a cargo del presidente del Tribunal, Manuel N¨²?ez P¨¦rez, seg¨²n ha sabido este peri¨®dico.

Los recursos que destinan a esta norma las regiones son una inc¨®gnita

Un informe del Gobierno alertaba ya de opacidad en el dinero empleado

Desde el Tribunal de Cuentas creen que es conveniente analizar "la aplicaci¨®n de la ley desde su aprobaci¨®n hasta ahora" en lo que se refiere a la correcta utilizaci¨®n de los fondos previstos para su desarrollo as¨ª como del cumplimiento de los plazos establecidos para el beneficio de los ciudadanos.

Que los plazos para la tramitaci¨®n y recepci¨®n de las ayudas de la Dependencia no se est¨¢n cumpliendo en casi ninguna comunidad es algo que las propias administraciones han reconocido recientemente, cuando todas aprobaron acortar el tiempo que emplean en esas gestiones.

Nivel acordado

Pero sobre la financiaci¨®n todo son inc¨®gnitas. Se sabe lo que aporta el Gobierno, pero nada del uso que de ello est¨¢n haciendo algunas comunidades. Tambi¨¦n se desconoce si las administraciones regionales cofinancian esta ley, es decir, si destinan para su aplicaci¨®n la misma cantidad que reciben del Estado, tal y como est¨¢n obligadas (en el llamado nivel acordado).

Un informe de la Agencia de Evaluaci¨®n que depende del Gobierno ya pon¨ªa de manifiesto que "no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia". Este informe estaba listo en diciembre de 2008, pero no se hizo p¨²blico hasta 16 meses despu¨¦s, cuando algunas de las irregularidades que denunciaba ya se hab¨ªan ido corrigiendo.

La financiaci¨®n de la Ley de Dependencia ha sido desde su entrada en vigor el asunto m¨¢s controvertido. Las comunidades insisten en que necesitan m¨¢s dinero y varios estudios de expertos, incluido el que encarg¨® el Parlamento, han coincidido en que las dificultades econ¨®micas podr¨ªan hacerla inviable. Se necesita, dijo el informe de expertos encargado por el Congreso, una "financiaci¨®n p¨²blica de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advirtieron en su estudio. Y alertaron de que "la universalidad de la ley, como ambici¨®n, puede romper el saco de su financiaci¨®n". Aquel informe econ¨®mico, como todos los dem¨¢s, no contaba, sin embargo, con una informaci¨®n fundamental: el dinero que aportan las comunidades para sufragar esta ley. Y no lo ten¨ªan porque ninguna comunidad lo ha hecho p¨²blico con claridad.

A pesar de todo, con los mismos recursos, son muchas las diferencias en el desarrollo de la ley entre unas comunidades y otras.

As¨ª lo reconoci¨® la ministra de Sanidad y Pol¨ªtica Social, Trinidad Jim¨¦nez, quien acus¨® a las comunidades hace unos d¨ªas en el Congreso de tener "errores de c¨¢lculo" cuando elaboran sus cuentas de la Dependencia. "No es que las comunidades mientan, pero hay errores", dijo. "A veces, cuando las comunidades hacen c¨¢lculos [sobre financiaci¨®n y coste de la Dependencia], b¨¢sicamente hacen un c¨®mputo del gasto total de Pol¨ªtica Social sin ce?irse al c¨®mputo de la Dependencia. Por eso nos encontramos con tantas dificultades para hacer esos c¨¢lculos", asegur¨®.

Y en esa misma comparecencia anunci¨® que el ministerio est¨¢ preparando un estudio donde se especifiquen los recursos que aporta cada comunidad para la implantaci¨®n de la ley. El documento, dijo Jim¨¦nez, deber¨¢ estar listo en los pr¨®ximos meses.

Otra cosa es que pasen otros 16 para hacerlo p¨²blico.

No hay un solo consejo interterritorial, en el que se re¨²nen los consejeros del ¨¢rea de Bienestar Social con la ministra Jim¨¦nez, en el que las comunidades no reclamen m¨¢s dinero para aplicar la Dependencia. Sin embargo, el citado informe de la Agencia de Evaluaci¨®n Estatal, criticaba que el consejo territorial pr¨¢cticamente "se ha limitado a establecer el reparto entre las comunidades" del dinero que destina el Ejecutivo, sin llegar a muchos m¨¢s acuerdos.

Ahora, el pleno del Tribunal de Cuentas ya ha aprobado la fiscalizaci¨®n de esta ley. Falta determinar los aspectos t¨¦cnicos que se revisar¨¢n. Este a?o se iniciar¨¢ el trabajo de campo, es decir, los inspectores del Tribunal deben visitar las administraciones y revisar los documentos. Si se detectaran irregularidades contables, el Tribunal de Cuentas tiene competencia jurisdiccional para intervenir.

Hoy mismo, el presidente del tribunal, Manuel N¨²?ez P¨¦rez, comparecer¨¢ ante la comisi¨®n mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. All¨ª se detallar¨¢ el plan de fiscalizaciones que el tribunal ha previsto para 2010. La Ley de Dependencia ser¨¢ parte de ¨¦l, y el tribunal lo hace a instancias propias. Quiz¨¢ se ha abierto el camino para disipar algunas dudas.