Los sindicatos preparan una batalla judicial contra los bomberos privados

La pelea de los bomberos para poner freno a la privatizaci¨®n de los parques comarcales ya no ser¨¢ con bocinas, pancartas y gases de colores ante los edificios administrativos de la Xunta. El conflicto trasciende ya a las federaciones sectoriales de los sindicatos. Las direcciones de UGT, Comisiones Obreras y CIG han pactado iniciar una bater¨ªa de denuncias en los tribunales para poner fin a un modelo, la subcontrataci¨®n de personal en los servicios de emergencias, ¨²nico en Espa?a, que Galicia inaugur¨® en 2001.

En la actualidad, a la espera de que este a?o se abran los primeros tres parques en Lugo, cuya privatizaci¨®n negocian ya la Conseller¨ªa de Presidencia y la Diputaci¨®n, de las 17 estaciones comarcales que se han instalado en la comunidad, 16, todas menos la del Deza, ubicada en Silleda, est¨¢n en manos de empresas privadas. La intenci¨®n de la Xunta es perpetuar la f¨®rmula, que seg¨²n el conselleiro Alfonso Rueda "funciona aceptablemente en el resto de Galicia", para abrir los parques de Barreiros y Sarria durante 2010 y que los de Chantada, Viveiro y Vilalba sigan despu¨¦s el mismo camino.

Fuentes sindicales han confirmado a este diario que la decisi¨®n de impugnar el modelo que se pretende implantar en Lugo desde los tribunales cuenta con el aval de las c¨²pulas nacionales de UGT y CC OO que est¨¢n dispuestas a agotar todas las v¨ªas judiciales y evitar que la subcontrataci¨®n de empresas para que administren los parques de bomberos pueda ser copiada por otros gobiernos auton¨®micos.

A la espera de recibir el informe jur¨ªdico que han encargado, las centrales, incluida CIG, han pactado emplear una doble v¨ªa si se confirma la privatizaci¨®n en Lugo: el recurso al tribunal de lo contencioso-administrativo "contra la privatizaci¨®n de un servicio p¨²blico" y una segunda demanda que se presentar¨¢ en los juzgados de lo social. Esta ¨²ltima denuncia tendr¨ªa como base la "cesi¨®n ilegal de trabajadores" por parte de las empresas concesionarias a los distintos consorcios provinciales. Sus alegaciones se dirigen s¨®lo a la red de parques de Lugo, dado que recurrir las f¨®rmulas de los consorcios en el resto de provincias ser¨ªa un acto extempor¨¢neo.

Los tres sindicatos coinciden en que las subcontratas operan como meras intermediarias para evitar que el personal de las emergencias tenga la categor¨ªa de funcionario y dependa directamente de las administraciones p¨²blicas (Xunta o diputaciones, que integran los consorcios).

Los argumentos que manejan las centrales parten de la idea de que las adjudicatarias de los parques "no prestan servicio, ni siquiera compran medios para equipar las instalaciones, un gasto que comparten Xunta y diputaciones". La petici¨®n de los sindicatos para que Presidencia revierta el modelo, a lo que finalmente se hab¨ªa comprometido el bipartito despu¨¦s de las repetidas protestas de los colectivos de emergencias, est¨¢ acompa?ada de un informe comparativo que "prueba que los parques consorciados de gesti¨®n directa no son m¨¢s caros" que los que ya operan en Galicia. Desde CC OO calculan que el beneficio que ingresan empresas como Veycar, SL, Natutecnia y la UTE Celta Prix Invercon, SL, concesionarias de los parques en A Coru?a, Pontevedra y Ourense, ronda el 35% de sus presupuestos.

El informe censura adem¨¢s que estas firmas apenas apuesten por la formaci¨®n de sus trabajadores, clave para las urgencias que deben atender. Tambi¨¦n cuestiona que, a diferencia de lo que sucede en la mayor¨ªa de provincias espa?olas, las guardias en los parques gallegos se encomienden a equipos de s¨®lo tres personas. Por su parte, la Xunta ha mostrado su disposici¨®n a ir mejorando paulatinamente los sueldos de los bomberos privados y garantiza que ser¨¢n formados en los cursos que imparta la Academia Galega de Seguridade.