M¨¢s audacia

El Plan Integral de Prevenci¨®n y Correcci¨®n del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social que ayer anunci¨® el Gobierno parece que se ha dise?ado para aumentar la informaci¨®n disponible sobre las bolsas de fraude tributario y laboral y no para intensificar directamente la investigaci¨®n de personas o empresas con indicios de evasi¨®n. El anuncio de ese plan al t¨¦rmino del Consejo de Ministros pec¨® de vaguedad. De las 60 medidas que lo componen, apenas se mencionaron con cierto detalle la utilizaci¨®n compartida de la informaci¨®n disponible en la Agencia Tributaria, en la Seguridad Social y en la Inspecci¨®n de Trabajo, la posibilidad de crear una comisi¨®n mixta con las tres instituciones, una intensificaci¨®n de la cooperaci¨®n internacional para combatir los para¨ªsos fiscales o acuerdos con organizaciones sectoriales para que faciliten informaci¨®n relevante para la Inspecci¨®n.

Los esfuerzos de coordinaci¨®n informativa son beneficiosos, qu¨¦ duda cabe. No es posible oponerse a que la Agencia Tributaria intercambie informaci¨®n con otros organismos del Estado; y un foro con grandes empresas que se encargue de resolver las dudas tributarias reducir¨¢ los conflictos legales de la Agencia Tributaria. Pero, aunque se eluda la cuesti¨®n de por qu¨¦ no se busc¨® antes esta colaboraci¨®n, queda en pie el hecho de que el plan parece poco ambicioso y rutinario. La econom¨ªa espa?ola presenta en estos momentos un d¨¦ficit p¨²blico pr¨®ximo al 12% del PIB y, seg¨²n las estimaciones m¨¢s moderadas, sufre un volumen de econom¨ªa sumergida del 23,3% del PIB. La persecuci¨®n del fraude y la reducci¨®n de la econom¨ªa negra deber¨ªan ser consideradas como fuentes prioritarias de ingresos; con la ventaja adicional de que recaudar parte de ese dinero negro aliviar¨ªa la urgencia de subir impuestos para estabilizar las finanzas p¨²blicas.

Desde esta perspectiva, el objetivo del plan (aumentar en 1.000 millones de euros los ingresos en 2013) es t¨ªmido; no resuelve, ni en poco ni en mucho, la debilidad estructural de los ingresos p¨²blicos. La cortedad del plan sugiere que la Agencia proseguir¨¢ por la senda rutinaria de la inspecci¨®n a los contribuyentes mejor o peor censados: aut¨®nomos, asalariados y peque?as y medianas empresas. Pero no es ah¨ª donde se da mayor probabilidad de ¨¦xito para encontrar las grandes vetas del fraude, sino en las sociedades instrumentales o en las grandes fortunas y corporaciones. Da la sensaci¨®n de que la Agencia Tributaria no se atreve a buscar en esas zonas de sombra, bien por el riesgo de conflictos, bien porque carece de los medios suficientes para ello.

La precaria situaci¨®n de las finanzas p¨²blicas exige un plan contra el fraude m¨¢s contundente; es decir, que tenga efectos inmediatos y que al menos consiga recuperar cada a?o 6.000 millones de euros m¨¢s de los bolsillos de los evasores fiscales. El coste pol¨ªtico de subir impuestos deber¨ªa ser incentivo suficiente para que el Gobierno se tome el fraude fiscal como lo que es: un grave problema de Estado.