Los alcaldes evitan tirar 3.000 edificios ilegales por el coste de las demoliciones

El urbanismo gallego se resiente de a?os de laxitud normativa. Galicia acumula, por varios miles, sentencias judiciales de derribo de inmuebles -la mayor parte de las veces por concesi¨®n de licencias ilegales- que en buena medida acaban sin ejecutar. Responsables municipales de urbanismo, promotores y arquitectos coinciden en dibujar un complejo panorama urban¨ªstico que comienza con el "dejar hacer" de los gobiernos locales y acaba erosionando las arcas municipales.

Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no s¨®lo a afrontar el gasto de la demolici¨®n de la obra declarada ilegal, sino tambi¨¦n el de indemnizaci¨®n a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con lo que se embarcan en un v¨ªa crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario p¨²blico de cada Administraci¨®n local.

"Los que tienen mejores equipos eluden los derribos con apelaciones"

Los arquitectos culpan del problema al "tradicional dejar hacer"

"Aunque la ley es igual para todos, los ayuntamientos con mejores equipos jur¨ªdicos suelen evitar la demolici¨®n tras las continuas apelaciones", sostiene Benito Iglesias, presidente de la asociaci¨®n de promotores inmobiliarios de Ourense (Adeido).

Los ayuntamientos disponen de una partida econ¨®mica para asumir los gastos de los derribos de inmuebles que var¨ªa en funci¨®n de sus presupuestos, pero que siempre resulta insuficiente. En Ourense, las ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan en el Plan Xeral de Ordenaci¨®n Municipal (PXOM) dan cuenta de la situaci¨®n urban¨ªstica en que se encuentra la ciudad.

La concejala responsable de este departamento, ?urea Soto, estim¨® en 40 millones de euros la demolici¨®n, ordenada por sentencia, de la plaza de San Antonio, en el centro de la ciudad. El gobierno anterior, que hab¨ªa concedido la licencia, solicit¨® en su d¨ªa la no ejecuci¨®n y el tribunal la neg¨®. El nuevo grupo de gobierno volvi¨® a pedirla. Y la consigui¨®. "Presentamos una propuesta muy bien elaborada con el trabajo de la asesor¨ªa jur¨ªdica del Ayuntamiento, del coordinador de Urbanismo y con una buena asistencia t¨¦cnica", se?ala Soto. El alto tribunal gallego acept¨® que no se ejecutase e impuso al Ayuntamiento el pago de una indemnizaci¨®n de 360.000 euros a la demandante. El ahorro fue considerable.

El representante de los promotores echa en falta una normativa "unificada y clara" en lugar de "la multitud existente de leyes" que permite "a los mejores juristas" conseguir su prop¨®sito de dejar en pie el edificio mientras los ayuntamientos con menos recursos "suelen acabar asumiendo estos costes".

Iglesias lamenta, adem¨¢s, la "ausencia" de ¨®rganos de control fundamentales "tanto municipales como judiciales" para evitar en un caso la concesi¨®n de licencias irregulares y, en el otro, el "desigual cumplimiento de las sentencias".

El arquitecto, y presidente del colectivo ourensano, Xan Rodr¨ªguez, enmarca el problema en el "tradicional dejar hacer" de las Administraciones y sostiene que ahora pagan "todos los ciudadanos las consecuencias". Rodr¨ªguez reconoce que los ayuntamientos tienen herramientas para cumplir las sentencias "pero sale caro y, adem¨¢s, es muy impopular", y dif¨ªcil de asumir, en especial para los pol¨ªticos con licencias ilegales otorgadas por sus antecesores.

Las herramientas con las que cuentan los ayuntamientos son contadas: "Buenos t¨¦cnicos y buenos jur¨ªdicos con dedicaci¨®n exclusiva a la Administraci¨®n" que redacten buenos documentos o que "controlen la calidad de los externos", explica Soto. Se trata de un largo proceso, porque los expedientes duran una media de 10 a?os.

Los ayuntamientos de ciudades como Vigo, A Coru?a, Santiago y Ourense se han dotado de los servicios de despachos externos paralelos a los que pueden solicitar que se centren en un expediente concreto cada cierto tiempo, garantiz¨¢ndose as¨ª la presentaci¨®n de los mejores recursos ante la Justicia. Los que carecen de estos medios estiran en lo posible los plazos mientras intentan legalizar sus planeamientos urban¨ªsticos, aunque al final "el peso de la ley acaba cayendo siempre sobre ellos", sentencia el promotor inmobiliario.