Una mayor¨ªa del Constitucional apoya vetar 15 art¨ªculos del Estatuto

Las ¨²ltimas deliberaciones en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Catalu?a han permitido vislumbrar un principio de acuerdo en el bloque progresista, compuesto por cinco de los diez magistrados que forman el pleno que debe deliberar sobre este asunto. El Partido Popular recurri¨® en total 126 art¨ªculos del texto. El principio de acuerdo alcanzado en el seno del bloque progresista implicar¨ªa el retoque de 35 art¨ªculos, es decir, pr¨¢cticamente un tercio de los cuestionados.

Con el voto de calidad de la presidenta del tribunal, Mar¨ªa Emilia Casas, que forma parte del bloque progresista, ser¨ªa suficiente para sacar adelante la sentencia, m¨¢s de tres a?os despu¨¦s de presentado el recurso. El acuerdo de principios al que se ha llegado se inclina por considerar inconstitucionales 15 art¨ªculos del Estatuto auton¨®mico y por reinterpretar otros 20 con el objeto de explicar al Gobierno catal¨¢n la f¨®rmula de aplicaci¨®n para que no resulten inconstitucionales. El bloque progresista aspira a conseguir ahora el respaldo de al menos uno de los cinco magistrados del bloque conservador para poder de esta forma sacar adelante el texto acordado sin necesidad de que la presidenta se vea obligada a hacer uso de su voto de calidad.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este peri¨®dico aseguran que todo est¨¢ abierto y que en ning¨²n caso habr¨¢ decisi¨®n antes de 15 d¨ªas.

Si este principio de acuerdo sigue adelante, la sentencia del Tribunal Constitucional corregir¨¢ algunos de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del Estatuto auton¨®mico. En el pre¨¢mbulo (que seg¨²n la jurisprudencia constitucional carece de valor normativo o jur¨ªdico), el Estatuto hace referencia a Catalu?a para definirla como "naci¨®n".

El Estatuto que salga del Constitucional podr¨ªa admitir el principio de bilateralidad del art¨ªculo 3, pondr¨ªa m¨²ltiples pegas a todo lo relacionado con los derechos hist¨®ricos del art¨ªculo 5 y, sobre todo, a los s¨ªmbolos nacionales del art¨ªculo 8, en cuanto podr¨ªan interpretarse como un derecho a la nacionalidad de los catalanes.

El art¨ªculo 6, que establece la obligatoriedad de conocer el catal¨¢n por todos los ciudadanos de Catalu?a, tambi¨¦n ser¨¢ reinterpretado. El Estatuto mantendr¨ªa una parte sustancial de las nuevas competencias, pese a que ese apartado tambi¨¦n ha sido recurrido por el PP. Tambi¨¦n fue impugnado por el PP el cap¨ªtulo de financiaci¨®n y el que se refiere al Poder Judicial en Catalu?a. El Estatuto define el Consejo de Justicia catal¨¢n como "¨®rgano de gobierno" de los jueces y "¨®rgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno tripartito de la Generalitat (PSE, ERC e ICV), se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de cualquier modificaci¨®n del texto, con el argumento de que el Estatuto fue aprobado por el Parlamento auton¨®mico, por el Congreso de los Diputados y por los ciudadanos de Catalu?a en consulta p¨²blica.

El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, asegur¨® en una entrevista emitida hace una semana por la televisi¨®n auton¨®mica catalana que "la mayor parte de preceptos del Estatuto son constitucionales". No quiso especificar qu¨¦ art¨ªculos podr¨ªan vulnerar la Ley Fundamental, aunque s¨ª dej¨® claro que prefiere definir a Catalu?a como una "nacionalidad" o una "comunidad aut¨®noma", en lugar de emplear el t¨¦rmino "naci¨®n" que aparece en el pre¨¢mbulo de la carta auton¨®mica.