El Estatuto mete al Constitucional en un callej¨®n sin salida

El Tribunal Constitucional se dispone a recortar el Estatuto catal¨¢n, anulando algunos art¨ªculos y matizando al menos otros 40, seg¨²n las ¨²ltimas deliberaciones. Pero el camino para llegar a la sentencia se vislumbra largo y tortuoso. Los diez magistrados del Tribunal Constitucional que dirimen el futuro del Estatuto de Catalu?a no encuentran a¨²n una salida para alumbrar la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que present¨® hace tres a?os el Partido Popular.

Las interminables deliberaciones en el pleno -la ¨²ltima sucedi¨® hace s¨®lo tres d¨ªas- han puesto de manifiesto una divisi¨®n tan profunda y unas posturas tan aparentemente irreconciliables entre magistrados que parece inviable la aprobaci¨®n inminente de un texto de sentencia por falta de una mayor¨ªa suficiente, seg¨²n fuentes del alto tribunal.

Los seis magistrados que rechazan la ponencia no forman un bloque monol¨ªtico

Hay coincidencia en tumbar varios art¨ªculos y retocar cerca de 40

En el plenario que delibera sobre el recurso del PP contra el Estatuto catal¨¢n se sientan cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y otros cinco respaldados en su d¨ªa por el PP. Pero eso no significa que haya dos bandos. En realidad, hay al menos tres, nada homog¨¦neos, y cada uno de ellos carece del benepl¨¢cito de los otros, con lo que es imposible sumar los votos necesarios -un m¨ªnimo de cinco, siempre que entre ellos est¨¦ el de la presidenta del Tribunal Constitucional- para sacar adelante nada.

La magistrada progresista Elisa P¨¦rez Vera, encargada de redactar la ponencia, ha tenido que corregir varias veces en los ¨²ltimos meses un proyecto de sentencia -favorable a la mayor parte del Estatuto de Catalu?a, aunque recoge importantes recortes a la norma- que, todav¨ªa hoy, cuenta con m¨¢s votos en contra (seis) que a favor (cuatro). Pero ni siquiera entre el grupo de seis magistrados que se oponen al texto de P¨¦rez Vera existe consenso suficiente para sacar adelante una propuesta alternativa.

A estos seis magistrados (cinco conservadores y el progresista Manuel Arag¨®n Reyes) que se han pronunciado contra la ponencia de P¨¦rez Vera les une una interpretaci¨®n restrictiva del t¨¦rmino "naci¨®n" incorporado al pre¨¢mbulo -sostienen que carece de validez jur¨ªdica- y de los s¨ªmbolos nacionales de Catalu?a que recoge el t¨ªtulo preliminar. Adem¨¢s, cuestionan el apartado que se refiere al "derecho y deber de conocer el catal¨¢n".

Lo que ocurre es que el acuerdo de esos seis jueces termina ah¨ª: si tuvieran que proponer una redacci¨®n alternativa de esos aspectos del Estatuto no podr¨ªan, porque sostienen posturas diferentes: unos son m¨¢s moderados -Arag¨®n Reyes-, mientras otros querr¨ªan una sentencia m¨¢s dura de inconstitucionalidad. As¨ª que esa ponencia alternativa tampoco tendr¨ªa una mayor¨ªa de seis votos. Del mismo modo, entre los cuatro magistrados progresistas que hoy d¨ªa apoyan el texto de P¨¦rez Vera las posturas son diversas: hay quienes aceptar¨ªan una redacci¨®n m¨¢s tajante contra el Estatuto y quienes se cerrar¨ªan en banda ante esa posibilidad. As¨ª que, en este momento, lo ¨²nico claro es que la actual ponencia genera el rechazo de la mayor¨ªa, pero nadie sabe qu¨¦ ponencia concitar¨ªa un apoyo suficiente.

En esas circunstancias, parece imposible aventurar el desenlace de un proceso que ha herido de muerte a la instituci¨®n judicial m¨¢s importante de Espa?a y ha crispado la vida pol¨ªtica hasta cimas impensables. Especialmente en Catalu?a, donde en estos d¨ªas los principales representantes de la clase pol¨ªtica, de los sectores econ¨®micos y de las entidades ciudadanas han advertido de las nefastas consecuencias que tendr¨ªa una sentencia adversa al Estatuto.

En la recta final, el Tribunal Constitucional encara la elaboraci¨®n de una sentencia hist¨®rica con un miembro menos, por el fallecimiento de Roberto Garc¨ªa Calvo, que no ha sido sustituido; otro recusado, el progresista Pablo P¨¦rez Tremps, y un tercio de sus componentes con el mandato cumplido desde hace dos a?os, mientras PP y PSOE son incapaces de acordar su renovaci¨®n.

Independientemente del acuerdo final que permita desbloquear la actual situaci¨®n, los magistrados han alcanzado un cierto grado de consenso para retocar y, en alg¨²n caso, eliminar por problemas de constitucionalidad, 40 de los casi 120 art¨ªculos recurridos por el PP, entre ellos los referidos a la lengua, el Defensor del Pueblo o el Poder Judicial catal¨¢n.