La Xunta retrasa la sanci¨®n a la constructora de Telmo Mart¨ªn
Medio Ambiente solicita nuevas pruebas que pueden cambiar el expediente
La ley oblig¨® al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, a reabrir el expediente a Construcuatro por el cobro de sobreprecios en viviendas protegidas en Vigo, pero la sanci¨®n est¨¢ lejos de hacerse efectiva. Seg¨²n los anteriores responsables de la Conseller¨ªa de Vivenda, que abri¨® el proceso administrativo contra la promotora del l¨ªder del PP de Pontevedra, Telmo Mart¨ªn, las diligencias se hab¨ªan agotado y la sanci¨®n estaba lista para su ejecuci¨®n. Construcuatro tendr¨ªa que pagar una multa de un mill¨®n de euros, devolver las comisiones ilegales y quedar inhabilitada para edificar vivienda protegida durante seis a?os. Pero no ser¨¢ as¨ª de momento.
El Gobierno bipartito suspendi¨® el expediente a Construcuatro en abril de 2008, tras la apertura por un juzgado de Vigo de actuaciones judiciales, incompatibles legalmente con las administrativas. Una vez archivada la causa penal -en la que se corrobor¨® el pago de sobreprecios, aunque no se demostr¨® la concurrencia de delitos-, la Xunta levant¨® la suspensi¨®n. Ahora bien, el departamento que dirige Agust¨ªn Hern¨¢ndez, amigo personal de Telmo Mart¨ªn, ha decidido solicitar nuevas pruebas, que retrasar¨¢n e incluso podr¨ªan modificar los resultados del expediente.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo determin¨® antes del cambio de Gobierno en Galicia la existencia de infracci¨®n, consistente en la percepci¨®n de sobreprecios en un edificio de la urbanizaci¨®n viguesa de Navia, tipificada como muy grave en la Lei de Vivenda de Galicia. Seg¨²n los anteriores responsables de la conseller¨ªa, s¨®lo restaba comunic¨¢rselo a los afectados y ejecutar la sanci¨®n.
La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento, solicitar¨¢ al juzgado el informe pericial emitido por el inspector de Hacienda, as¨ª como los documentos de contabilidad de la empresa, en los que se recogen los sobreprecios. Adem¨¢s, volver¨¢ a remitir el acuerdo de incoaci¨®n del expediente, que se remonta a octubre de 2007, a 11 de los 87 propietarios compradores afectados, de los que no cuenta con acuse de recibo. Esta decisi¨®n supone la apertura de otro per¨ªodo de 15 d¨ªas para la aportaci¨®n de documentaci¨®n, pero sobre todo abre la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas, y por lo tanto se revise la existencia de la infracci¨®n.
Pero no se terminan ah¨ª las pruebas adicionales que la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, de la que depende el IGVS, quiere estudiar, a pesar de que el cobro de "sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas de protecci¨®n oficial" est¨¢ tipificada en la ley como la m¨¢s grave de las posibles infracciones. Despu¨¦s de la aportaci¨®n de documentos por los 11 afectados que restan por hacerlo, la Xunta "abrir¨¢ per¨ªodo de prueba", en el que incluir¨¢ las declaraciones realizadas por Construcuatro en el curso de las acciones judiciales. La conseller¨ªa incorporar¨¢ como prueba "todo el documento contenido en las actuaciones judiciales que, si es el caso, acredite el presunto pago de sobreprecios".
S¨®lo despu¨¦s de examinar toda esta documentaci¨®n, proceder¨¢ Medio Ambiente a redactar la propuesta de resoluci¨®n. Seg¨²n los anteriores responsables de la Conseller¨ªa de Vivenda, se trata de diligencias innecesarias que demorar¨¢n e incluso modificar¨¢n la tipificaci¨®n de la infracci¨®n, con el objetivo de evitar la sanci¨®n a Construcuatro. La empresa, de la que Telmo Mart¨ªn posee el 33%, cobr¨® sobreprecios al menos a 32 compradores, que pagaron hasta 33.000 euros m¨¢s para no perder los pisos protegidos. Seg¨²n el informe policial que encarg¨® el juzgado, el dinero lo repart¨ªa la empresa con un intermediario.
A la espera de disculpas
Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, las dos sentencias sobre el caso Construcuatro dan por probada la existencia de sobreprecios. La resoluci¨®n considera que no hubo "coacci¨®n de relevancia penal", por lo que absolvi¨® a los imputados. Lo justific¨® as¨ª; "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve per¨ªodo de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". De no acceder a pagar el sobreprecio, los afectados se quedaban sin las viviendas protegidas, lo que no impide a la sala que juzg¨® el caso destacar la inexistencia de "cualquier tipo de fuerza o intimidaci¨®n".
Telmo Mart¨ªn se sinti¨® reforzado por la sentencia. "Espero que aquellas personas que con un inter¨¦s pol¨ªtico intentaron difamarme, manchar mi nombre, ahora reconozcan que yo no comet¨ª ning¨²n delito: que lo digan", ret¨® el dirigente del PP. Lejos de recibir disculpas, deber¨¢ afrontar el expediente administrativo, aunque demorado. La sentencia de la Audiencia Provincial constat¨® que los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura p¨²blica ni en el contrato de compraventa, pero s¨ª en los libros de contabilidad.
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