Enmienda inoportuna

Los accionistas que acudieron a la junta de Iberdrola del viernes pasado asistieron en directo al enfrentamiento entre el Consejo de Administraci¨®n de Iberdrola, presidido por Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n, con la constructora ACS, cuyo presidente, Florentino P¨¦rez, intenta nombrar un consejero en representaci¨®n del 12% del capital de Iberdrola. ACS propuso el nombramiento de Jos¨¦ Mar¨ªa Loizaga como representante en el Consejo; inmediatamente despu¨¦s, uno de los accionistas presentes pidi¨® que se revocara el nombramiento argumentando que ACS es una empresa competidora de Iberdrola en el negocio de la energ¨ªa.

Como en los mejores sainetes, el consejero nombrado sali¨® por la misma puerta que hab¨ªa entrado; ACS impugn¨® la junta y espera la decisi¨®n de los tribunales, que es donde deben resolverse las diferencias.

El conflicto societario en Iberdrola es uno de los motivos (el otro ser¨ªa la pretensi¨®n de la constructora Sacyr de aumentar su poder de decisi¨®n en el grupo petrolero Repsol) que, cual secreto a voces, impuls¨® la enmienda a la Ley de Auditor¨ªas mediante la cual el grupo parlamentario socialista pretend¨ªa eliminar los blindajes accionariales, es decir, la limitaci¨®n de voto vigente en la actualidad que impide que cualquier accionista vote por m¨¢s del 1% del capital. Con buen criterio, el PSOE aplaz¨® el mi¨¦rcoles pasado la votaci¨®n sobre la enmienda hasta el pr¨®ximo 6 de abril; y el presidente del Gobierno demostrar¨ªa que comparte ese criterio si decidiera aplazar sine d¨ªe, o al menos hasta que la recuperaci¨®n econ¨®mica sea algo m¨¢s que un vago presentimiento, la supresi¨®n de los blindajes. Para reconsiderar el espinoso problema de los blindajes accionariales es necesario un periodo de reflexi¨®n imparcial; una condici¨®n que hoy, en pleno fragor de la batalla de presiones en torno a Iberdrola y Repsol, con el PNV totalmente en contra de la reforma y el resto de los partidos pol¨ªticos sin posiciones definidas, no se da.

Hay dos razones pol¨ªticas para retrasar un debate sobre la cuesti¨®n. La primera es de oportunidad: para el Gobierno, la prioridad debe estar en reducir el paro, organizar un plan para recortar el gasto p¨²blico y recapitalizar las entidades bancarias. La segunda es que no se debe recurrir a costosos cambios normativos para resolver problemas individuales; hay indicios suficientes de que la enmienda antiblindajes s¨®lo responde a los problemas de ACS y Sacyr.

Pero hay una raz¨®n m¨¢s de fondo que desaconseja el cambio legal. Iberdrola y Repsol son empresas estrat¨¦gicas. Operan en mercados regulados y en r¨¦gimen de tarifa. Su estabilidad accionarial y sus decisiones ejecutivas no deben estar sometidas a los vaivenes del mercado inmobiliario o a la irrupci¨®n de accionistas que entienden el negocio de la energ¨ªa como fuente para equilibrar las cuentas. Si el Gobierno esgrimi¨® el car¨¢cter estrat¨¦gico para evitar que E.ON comprase Endesa, ser¨ªa una grave inconsecuencia que ahora, sin que medie una reflexi¨®n m¨ªnima y a trav¨¦s de una enmienda precipitada, se desentendiese del futuro de Iberdrola y Repsol.