Lo que les une
La regeneraci¨®n democr¨¢tica exige la modificaci¨®n de una Ley Electoral que prima a los dos grandes partidos y castiga al resto. No todos los votos valen igual en Espa?a. Pero PSOE y PP taponan esta reforma
El d¨ªa 23 de febrero defend¨ª en el Congreso de los Diputados una Proposici¨®n no de Ley para instar al Gobierno a que impulse urgentemente la reforma de la Ley Electoral. Lo hice a la vista de que nuestra iniciativa legislativa duerme el sue?o de los justos desde abril de 2008 en la Comisi¨®n Constitucional. ?nicamente Izquierda Unida (IU) me apoy¨®. El resto de grupos parlamentarios vot¨® en contra y afe¨® mi conducta: "C¨®mo se atreve usted a traer aqu¨ª este tema que ya estamos analizando en la subcomisi¨®n... Esto es una burla al Parlamento...". Conclusi¨®n de su trabajo: carpetazo a cualquier reforma que garantice m¨¢s igualdad y m¨¢s proporcionalidad.
No cabe duda de que el sistema electoral espa?ol, dise?ado en plena transici¨®n pol¨ªtica, cumpli¨® con las necesidades del momento: promover un bipartidismo fuerte y evitar la excesiva atomizaci¨®n de fuerzas pol¨ªticas en el Parlamento para facilitar los acuerdos y construir la democracia. Pero no puede consolidarse en el tiempo un sistema injusto y contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Un esca?o le cuesta a PSOE y PP 66.000 votos; a UPD, 306.000, y a Izquierda Unida, 484.000
No puede consolidarse en el tiempo un sistema contrario a la igualdad de derechos de los ciudadanos
El argumento principal para proponer una reforma urgente de la Ley Electoral es la defensa de la igualdad, consagrada y conectada en distintos art¨ªculos claves de nuestra Constituci¨®n: el 1.1 (igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jur¨ªdico); 9.2 (participaci¨®n de los ciudadanos en la vida pol¨ªtica); 23.2 (acceso a los cargos p¨²blicos) y 68.1 (voto igual).
El sistema actual conculca dos derechos fundamentales: el derecho pasivo de todas las formaciones pol¨ªticas a ser elegidas en igualdad de condiciones y el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de elegir en igualdad de condiciones. Lo m¨¢s intolerable en t¨¦rminos democr¨¢ticos es que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente en funci¨®n de la parte de Espa?a en la que viva y de la opci¨®n pol¨ªtica que elija. Dicho de otra manera: lo que urge corregir es el hecho de que el voto de mi vecino, que vota PNV, valga seis veces m¨¢s que el m¨ªo.
En el Pleno de 23 de febrero se me dijo (todos los grupos, salvo IU lo hicieron de forma descalificadora y algunos hasta grosera) que ya est¨¢ creada una subcomisi¨®n para analizar todas estas cuestiones. Pero ya hemos visto cu¨¢l era el objetivo: cercenar todo tipo de avance hacia un sistema m¨¢s justo y mantener el pacto de hierro entre el PSOE y el PP para que nada cambie y se consoliden los privilegios y la desigualdad.
Resulta muy interesante analizar el informe del Consejo de Estado y sus propuestas, tales como aumentar el n¨²mero de diputados de 350 a 400; rebajar la representaci¨®n m¨ªnima inicial de dos a un diputado o buscar una f¨®rmula electoral m¨¢s proporcional que la D'Hont (como la Hare, Droop, Sainte Lag¨¹e...).
Pero es importante que nos fijemos en sus argumentos. El informe confirma un primer problema indiscutible: existen desigualdades en la distribuci¨®n y atribuci¨®n de esca?os, lo que ataca directamente el principio constitucional de igualdad de voto o sufragio. Por eso, el Consejo plantea reducir el m¨ªnimo por circunscripci¨®n y elevar a 400 el n¨²mero de diputados para buscar "un incremento de la calidad democr¨¢tica del sistema pol¨ªtico".
El informe afirma tambi¨¦n que el sistema actual produce "primas que obtienen los partidos m¨¢s votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos ¨²ltimos cuentan con un electorado disperso". O sea, prima a las dos grandes formaciones pol¨ªticas de ¨¢mbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los n¨²meros de las ¨²ltimas elecciones generales: el Partido Socialista Obrero Espa?ol necesit¨® 66.801 votos para conseguir un esca?o; el Partido Popular necesit¨® 66.740 votos; Izquierda Unida, 484.973 y Uni¨®n Progreso y Democracia, 306.079. M¨¢s claro, agua.
Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relaci¨®n con la igualdad de voto. Dice as¨ª: "En principio, la igualdad de sufragio se contempl¨® en los textos constitucionales para significar que cada elector tiene un solo voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esta interpretaci¨®n cl¨¢sica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto el igual valor num¨¦rico como el igual valor del resultado del sufragio: igual valor num¨¦rico significa que el n¨²mero y la fuerza del voto de cada elector deben ser los mismos; igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtenci¨®n de representaci¨®n". Es claro el ejemplo: mi vecino s¨®lo vota una vez, pero su voto vale seis veces m¨¢s que el m¨ªo; luego el principio de igualdad est¨¢ claramente pervertido.
Sigue analizando el Consejo las peculiaridades del sistema proporcional en relaci¨®n con el mayoritario en el que s¨®lo son eficaces los votos emitidos a favor del candidato ganador. E insiste en que "en un sistema proporcional los votos deben tener, aparte de un id¨¦ntico valor num¨¦rico, un igual valor de resultado", con los l¨ªmites que se establezcan en raz¨®n de la racionalizaci¨®n y eficacia de gobiernos parlamentarios.
Quiero llamar la atenci¨®n sobre el C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas en materia electoral, aprobado en 2002 por la Comisi¨®n de Venecia, donde se distingue entre la igualdad en los derechos de voto y la igualdad del poder del voto. Es esta referencia la que le sirve al informe del Consejo para sostener que, si bien la igualdad de los derechos de voto no est¨¢ amenazada salvo en las democracias emergentes, "la igualdad del poder del voto se ve puesta en cuesti¨®n en algunos pa¨ªses" (como en Espa?a) "mediante la aplicaci¨®n de mecanismos tales como la asignaci¨®n de un n¨²mero fijo de representantes a cada una de ellas con independencia de su poblaci¨®n y el establecimiento de una reducida composici¨®n de la C¨¢mara, que determina un diferente peso del sufragio antes de ser emitido en funci¨®n de la circunscripci¨®n en que se encuentre el elector". O sea, que el voto "vale" diferente en funci¨®n de la parte de Espa?a en que vivas, lo cual es un claro atentado al principio de igualdad.
El citado C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas indica que la igualdad proporcional implica que los partidos deben ser tratados en funci¨®n de su n¨²mero de votos. Es por eso que el informe del Consejo insiste en que "el mayor o menor grado de proporcionalidad de un sistema electoral afecta a la igualdad de oportunidades de tales partidos, en cuanto verdaderos actores de la competici¨®n electoral...". "En raz¨®n de estas consideraciones", prosigue, "el an¨¢lisis cr¨ªtico de las desigualdades en la atribuci¨®n de esca?os no debe realizarse (s¨®lo) desde la perspectiva del poder del voto de los electores, sino de la igualdad de oportunidades de las distintas candidaturas".
Es indiscutible que el resultado pr¨¢ctico de la aplicaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General (LOREG) est¨¢ produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias en el valor del voto atribuido a cada ciudadano. Si nuestra Constituci¨®n proclama en su art¨ªculo 1.2 que "la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol, del que emanan todos los poderes del Estado", el sistema electoral ha de ser respetuoso con ese principio esencial de la democracia y no puede distorsionar la voluntad libremente manifestada por los ciudadanos en las urnas. La regeneraci¨®n democr¨¢tica exige una modificaci¨®n y mejora democr¨¢tica de nuestra ley electoral que se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales.
Resulta curioso confirmar c¨®mo el PSOE y el PP -tan empe?ados en explicitar ante sus votantes cu¨¢nto les diferencia- taponan esta reforma fundamental, origen y causa de desvertebraci¨®n y desigualdad. Y es que en el fondo ambos se parecen tanto como una VISA a una Master Card: s¨®lo aspiran a mantener su cuota de mercado; aunque para ello hayan de vulnerar la libertad individual y la igualdad jur¨ªdica de los ciudadanos. Eso es lo que les une: el inter¨¦s. Tan vergonzoso como cierto.
Rosa D¨ªez Gonz¨¢lez es diputada nacional y portavoz de UPyD.
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