PSOE y PP negocian que los emigrantes s¨®lo puedan votar para el Senado

El PSOE y el PP negocian un pacto para que los emigrantes que forman parte del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) s¨®lo puedan votar en las elecciones para el Senado . El acuerdo, que est¨¢ muy avanzado en la subcomisi¨®n parlamentaria sobre la reforma de la Ley Electoral, supondr¨ªa que 1,3 millones de emigrantes espa?oles residentes en todo el mundo dejasen de votar en elecciones municipales, auton¨®micas y para el Congreso de los Diputados.

La f¨®rmula pactada, que est¨¢ ya casi cerrada, pasa por crear una circunscripci¨®n espec¨ªfica en el Senado para estos votantes. Es decir, que habr¨ªa senadores electos por cada provincia, m¨¢s los correspondientes a una circunscripci¨®n exterior, m¨¢s los designados por las comunidades. El proceso electoral se llevar¨ªa a cabo mediante votaci¨®n presencial en los consulados para evitar fraudes. Los emigrantes votar¨ªan en urna en los d¨ªas previos a la jornada electoral, y las papeletas ser¨ªan remitidas despu¨¦s a Espa?a por valija diplom¨¢tica.

Los emigrantes pueden decidir ahora un esca?o o un Ayuntamiento

La C¨¢mara Alta tendr¨ªa una circunscripci¨®n exterior espec¨ªfica

Los electores deber¨¢n votar personalmente en los consulados

Los dos partidos prev¨¦n cerrar otras medidas electorales este mes

Los dos partidos est¨¢n convencidos de que es preciso revisar la actual situaci¨®n, en la que el color pol¨ªtico de un Ayuntamiento o un esca?o del Congreso pueden ser decididos por el voto de ciudadanos que nunca han residido ni residir¨¢n en ese municipio o circunscripci¨®n electoral.

La situaci¨®n ser¨¢ a¨²n m¨¢s significativa en sucesivos procesos electorales cuando se aplique la Ley de Memoria Hist¨®rica, que prev¨¦ que puedan recibir la nacionalidad espa?ola los nietos de espa?oles. En este momento el n¨²mero de solicitudes para lograr el pasaporte rondan las 300.000, seg¨²n los datos manejados por los partidos.

La base legal en la que PSOE y PP se apoyan es el art¨ªculo 68 de la Constituci¨®n, que establece que "la ley reconocer¨¢ y el Estado facilitar¨¢ el ejercicio del derecho de sufragio a los espa?oles que se encuentren fuera del territorio de Espa?a". La expresi¨®n "se encuentren" era interpretada hasta ahora de forma amplia, pero los partidos quieren equipararla a "residencia". Es decir, que si no hay residencia en las respectivas circunscripciones, no debe haber derecho a voto en todas las citas electorales. Se acepta que los emigrantes puedan votar en los referendos, pero queda en el aire si podr¨¢n hacerlo en los comicios europeos.

La reforma de la ley electoral que negocian los dos grandes partidos supone exigir residencia efectiva para votar en las municipales. Para las auton¨®micas se aplicar¨ªa la definici¨®n de los nuevos estatutos sobre los ciudadanos de las comunidades como los que tienen residencia en su territorio.

Otra de las medidas que incluir¨ªa el acuerdo consiste en endurecer los requisitos exigibles para presentar candidaturas. En este momento es reconocido que hay candidaturas que se presentan casi con el ¨²nico fin de disfrutar de beneficios como el acceso al censo, la posibilidad de contar de forma autom¨¢tica con espacios gratuitos de publicidad o las subvenciones para el mailing electoral. Por eso los dos partidos mayoritarios trabajan con f¨®rmulas como exigir un n¨²mero m¨ªnimo de firmas para avalar las candidaturas, o una fianza que disuada a las que no tengan apoyos previos.

Actualmente, la ley electoral ya exige a las agrupaciones electorales un n¨²mero de firmas de aval que resulta disuasorio. Pero los dos grandes partidos prev¨¦n extender esta exigencia a todas las candidaturas.

Entre los flecos que quedan por cerrar est¨¢ la petici¨®n insistente del PP para que en los ayuntamientos gobierne la lista m¨¢s votada. Los nacionalistas no lo ven con malos ojos, pero el PSOE lo rechaza, y eso que los populares han elevado hasta el 42% del voto el l¨ªmite exigido para que gobierne autom¨¢ticamente la lista m¨¢s votada.

Los dos partidos est¨¢n tambi¨¦n de acuerdo en medidas referidas a las campa?as electorales; por ejemplo, que las televisiones privadas est¨¦n obligadas a emitir espacios gratuitos de publicidad electoral como hacen las cadenas p¨²blicas.

Tambi¨¦n hay acuerdo para crear un consejo permanente que se encargue de establecer unas normas fijas para los debates electorales, evitando as¨ª tener que pactarlos cada vez.

Inicialmente, PSOE y PP se inclinaban por eliminar la actual limitaci¨®n legal de no publicar encuestas la ¨²ltima semana de campa?a, y barajaron la posibilidad de permitirlas hasta la misma jornada de reflexi¨®n. No obstante, es probable que fijen el l¨ªmite en el lunes previo al domingo electoral.

Los dos partidos tienen previsto cerrar el acuerdo durante el mes de abril, cuando culmine el mandato de la subcomisi¨®n. Sin embargo, la iniciativa para cambiar la Ley de Partidos y la Ley Electoral con el fin de obligar a la izquierda abertzale a condenar el terrorismo podr¨ªa modificar ese calendario, de forma que se tramitase toda la reforma legal de forma conjunta.

Los partidos nacionalistas apoyan casi todas las modificaciones previstas, aunque la negociaci¨®n se lleva casi de forma bilateral entre PSOE y PP. De los acuerdos globales quedar¨¢n excluidos Izquierda Unida y UPyD.

El diputado Gaspar Llamazares, principal defensor de la reforma de la Ley Electoral, lamenta que el acuerdo haya acabado con la posibilidad de cambiar el sistema para evitar que su formaci¨®n sea discriminada en la atribuci¨®n de esca?os. El diputado de IU es cr¨ªtico con la negociaci¨®n, que, en su opini¨®n, busca perpetuar el bipartidismo.