El fiscal acusa de un doble delito de prevaricaci¨®n al presidente de Portos

Con las elecciones auton¨®micas de 2005 ya perdidas, al ¨²ltimo Gobierno de Manuel Fraga, del que Alberto N¨²?ez Feij¨®o era vicepresidente primero, le entraron las prisas por dejar listo su plan de acuicultura, que amparaba 21 piscifactor¨ªas en distintos lugares de la costa. Mientras PSdeG y Bloque negociaban ya el reparto de carteras de la coalici¨®n, la Xunta en funciones de Fraga y Feij¨®o aprob¨® el 29 de julio de 2005 ese proyecto que aquel Gobierno del PP consider¨® "estrat¨¦gico para la econom¨ªa gallega". Dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaban de tumbar uno de las plantas acu¨ªcolas m¨¢s pol¨¦micas de aquel plan, la de Rinlo, en el entorno de As Catedrais, en la Mari?a lucense, que cont¨® adem¨¢s con el benepl¨¢cito del ayuntamiento socialista de Ribadeo. La empresa Acuinor, SL, ya no podr¨¢ construir all¨ª su piscifactor¨ªa, despu¨¦s de que el TSXG haya anulado la preceptiva declaraci¨®n de impacto ambiental. Y mucho menos despu¨¦s de que un segundo fallo invalidara aquel acuerdo de Fraga.

El actual titular de Portos era en 2005 alto cargo de Medio Ambiente

Pero las consecuencias jur¨ªdicas de autorizar una piscifactor¨ªa en un espacio protegido de la Red Natura con h¨¢bitats prioritarios pueden no terminar ah¨ª. El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, acaba de presentar una denuncia penal contra el entonces director general de Calidade e Avaliaci¨®n Ambiental, Jos¨¦ Manuel ?lvarez-Campana, por el modo en que tramit¨® la declaraci¨®n de impacto ambiental de la planta acu¨ªcola en 2005. Campana es ahora presidente de Portos de Galicia.El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, que parte de una denuncia previa del colectivo ecologista Adega, atribuye a Jos¨¦ Manuel ?lvarez-Campana dos delitos de prevaricaci¨®n medioambiental y prevaricaci¨®n urban¨ªstica. En su denuncia, de nueve p¨¢ginas, que ha presentado en los juzgados de instrucci¨®n de Santiago y que obra en poder de Adega, el fiscal explica que en la zona de Ribadeo donde la Xunta de Manuel Fraga pretend¨ªa instalar la piscifactor¨ªa, el Inventario Nacional de H¨¢bitats detecta dos de car¨¢cter prioritario y un tercero de inter¨¦s comunitario.

No s¨®lo eso. Subraya el ministerio p¨²blico que toda esta informaci¨®n la ten¨ªa ya en 2005 la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, que dirig¨ªa entonces Xos¨¦ Manuel Barreiro. Seg¨²n consta en el escrito enviado al juez, la "Administraci¨®n Medioambiental es consciente no s¨®lo de la condici¨®n de LIC/ZEPVN [Lugares de Inter¨¦s Comunitario / Zonas de Especial Protecci¨®n de Valores Naturales] de As Catedrais, su inclusi¨®n en Red Natura 2000, sino tambi¨¦n de la presencia, en los terrenos sobre los que se autorizan las obras, de h¨¢bitats prioritarios y no prioritario".

El fiscal de Medio Ambiente cita el Real Decreto 1997/1995, coincidente con la directiva comunitaria sobre h¨¢bitats, para recordar que, para autorizar proyectos sobre terrenos afectados por la Red Natura donde se detectan h¨¢bitats prioritarios, "¨²nicamente se podr¨¢n alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad p¨²blica, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisi¨®n Europea, otras razones imperiosas de inter¨¦s p¨²blico de primer orden".

El ministerio p¨²blico va m¨¢s lejos y concluye que la declaraci¨®n de impacto ambiental firmada por el entonces director general de Calidade e Avaliaci¨®n Ambiental intent¨® eludir los controles de la Uni¨®n Europea sobre estos espacios protegidos, con el objetivo de salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza econ¨®mica".

Todo ello figura en el texto de la denuncia que estudia ya el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de la capital gallega: "Con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias, pese a la constancia de que se trataba de un espacio protegido, as¨ª determinado en la directiva y en los inventarios, y por si ello fuera poco, consignado con un asterisco en el numeral que los identificaba, no consult¨® a la Comisi¨®n Europea, tal y como establece el punto 4 del art¨ªculo 6 de la directiva, la inmisi¨®n en este espacio protegido, pues la aprobaci¨®n del proyecto no se refer¨ªa a consideraciones relacionadas con la vida humana y la seguridad p¨²blica, ni a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, sino simplemente, la respuesta a intereses ajenos y de naturaleza econ¨®mica".

La denuncia cita las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que han anulado esa declaraci¨®n de impacto ambiental y la autorizaci¨®n para la planta de Rinlo, y pide al juzgado que solicite a la Xunta el expediente completo sobre esta piscifactor¨ªa y tome declaraci¨®n en calidad de imputado al actual presidente de Portos de Galicia, Jos¨¦ Manuel ?lvarez-Campana, a quien atribuye los citados delitos de prevaricaci¨®n medioambiental y urban¨ªstica. Portos es un ente adscrito a la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

Ex concejal en A Coru?a, la trayectoria pol¨ªtica de ?lvarez Campana siempre estuvo ligada a las siglas del Partido Popular. Con la Xunta de Manuel Fraga permaneci¨® en el cargo de director general de Calidade e Avaliaci¨®n Ambiental hasta que fue relevado en oto?o de 2005 por el bipartito. Dio entonces el salto a la direcci¨®n de la C¨¢mara minera, una patronal de empresas donde figuran representadas varias de las firmas energ¨¦ticas con las que el propio ?lvarez Campana hab¨ªa tratado en la Administraci¨®n, desde el departamento que emit¨ªa los informes de impacto ambiental para canteras, minicentrales y otras obras susceptibles de da?ar el medio ambiente. S¨®lo dej¨® la C¨¢mara minera para concurrir a las elecciones auton¨®micas en las listas del PP en febrero de 2009. Con Feij¨®o de vuelta en la Xunta, recuper¨® su despacho en la Administraci¨®n, ahora como presidente de Portos de Galicia.