Insostenible indecisi¨®n

La elevada tasa de paro espa?ol, agravada por la crisis econ¨®mica y financiera, y el envejecimiento de la poblaci¨®n est¨¢n poniendo en jaque nuestro Estado de bienestar. A los tradicionales cantos de sirena de que el sistema ser¨¢ incapaz de garantizar las pensiones futuras se han sumado los Gobiernos aut¨®nomos de Catalu?a, Galicia y Valencia planteando por vez primera una reflexi¨®n sobre el proceso de aplicaci¨®n completa de la Ley de la Dependencia. Ello se suma al hecho de que algunos Ejecutivos regionales del PP, como los de Madrid y Murcia, ya est¨¢n aplicando, de facto, una moratoria. Esta norma puede ser la v¨ªctima m¨¢s propicia a corto plazo de esta crisis. Las arcas p¨²blicas adelgazan en plena aplicaci¨®n de un derecho que, por novedoso, algunos creen que bien puede esperar. Pero hacer ahorros en ese cap¨ªtulo es una tentaci¨®n tan f¨¢cil como est¨¦ril.

El desaf¨ªo al que se enfrenta la econom¨ªa espa?ola y nuestro a¨²n relativamente modesto Estado de bienestar es de una envergadura muy superior. Con una tasa de desempleo del 19%, una econom¨ªa sumergida que, seg¨²n estimaciones, superar¨ªa el 20% del PIB y una presi¨®n fiscal muy por debajo de la media europea, es dif¨ªcil que cuadren las cuentas p¨²blicas. Pero la soluci¨®n no puede pasar por recortar gastos en los servicios sociales esenciales, que tambi¨¦n est¨¢n por debajo de la media comunitaria, ni por frenar la extensi¨®n de un nuevo derecho, el de la dependencia, que nos aproxima a ese Primer Mundo al que queremos pertenecer y que apenas supone un desembolso anual del 0,5% del PIB.

Respondiendo seguramente a la inquietud general, el presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad que no recortar¨¢ gastos sociales. Pero la realidad es que es su propio Gabinete el que ha puesto sobre la mesa un c¨®mputo distinto para calcular las pensiones, una prolongaci¨®n de la vida laboral hasta los 67 a?os o una extensi¨®n del contrato laboral de despido m¨¢s barato. El problema no es que se apliquen tales medidas, algunas de las cuales, como el retraso en la edad de jubilaci¨®n, est¨¢n plenamente aceptadas por los analistas europeos desde hace a?os, sino la ausencia de un dise?o m¨¢s amplio y ambicioso que despeje las dudas a medio y largo plazo que se ciernen sobre la sostenibilidad del sistema y que son anteriores a esta crisis. M¨¢s all¨¢ de las palabras, es lo que cabr¨ªa esperar de un Gobierno que lleva la pol¨ªtica social en su ADN. Lo contrario conduce a la paradoja de seguir el camino inverso del emprendido por Barack Obama y de alejarse del exitoso modelo n¨®rdico que tanta admiraci¨®n produce en el sur.

El margen para recortar gastos sociales es muy estrecho, pero existe, como lo demuestra el reciente pacto sanitario. Suprimir subvenciones no esenciales (como los 2.500 euros por natalidad) o racionalizar el gasto son v¨ªas a seguir explorando. Pero el desaf¨ªo requiere valent¨ªa en la toma de decisiones. Las acometidas hasta ahora contienen aciertos, pero siguen siendo t¨ªmidas y parciales. El plan contra el fraude fiscal ha quedado corto, como la reforma del impuesto sobre las Sicav, ese refugio de las grandes fortunas cuyos beneficios siguen tributando inicialmente al 1%. Se necesita un sistema impositivo verdaderamente progresivo que obligue a pagar a los que m¨¢s tienen y una revisi¨®n de la redistribuci¨®n de la renta para no despilfarrar ayudas en quienes no las necesitan.

Salir de la crisis no es suficiente. Mantener e incluso seguir avanzando en nuestro Estado de bienestar como hasta ahora es incompatible con el recorte de impuestos que acometi¨® en su d¨ªa Zapatero y que el PP exige. Y la ¨²nica manera de lograrlo es aumentar los ingresos, base sobre la que por cierto se asientan los beneficios sociales de las econom¨ªas centroeuropeas que nos sirven de modelo.