En defensa de la pol¨ªtica

La corrupci¨®n agrede a la democracia y la debilita. Su existencia socava los fundamentos de la legitimidad de sus instituciones, pues no hay que olvidar que el sentido de ellas es defender los intereses generales bajo el imperio de la Ley. Esto es especialmente relevante en momentos de crisis, cuando el pueblo mira a sus gobernantes y representantes esperando diligencia en el manejo de los asuntos p¨²blicos, as¨ª como ejemplaridad en sus comportamientos.

En este sentido, nunca sobra la ejemplaridad ni tampoco un ejercicio de virtud c¨ªvica. Ambas, ejemplaridad y virtud, deben dominar el clima institucional de la pol¨ªtica democr¨¢tica. Y ello porque donde impera la corrupci¨®n termina languideciendo y extingui¨¦ndose la libertad misma. Por eso me parece preocupante la acusaci¨®n que algunos deslizan sobre el Partido Popular al decir que vacila ante los presuntos hechos de corrupci¨®n vinculados al asunto G¨¹rtel.

Al calor del 'asunto G¨¹rtel' se intenta invalidar a una oposici¨®n ejemplar

Lo correcto es actuar con prudencia y contundencia

Primero, porque prejuzga el destino que tendr¨¢n los corruptos dentro de un partido con miles de representantes p¨²blicos que ejercen con dignidad, honradez y responsabilidad los cargos para los que fueron elegidos.

Y segundo, porque con esa acusaci¨®n se quiere incapacitar al Partido Popular como alternativa real frente al desaliento e inquietud que genera entre los espa?oles la ineficacia gestora del Partido Socialista cuando nos azota la mayor crisis econ¨®mica y social de nuestra historia democr¨¢tica.

La corrupci¨®n repugna al Partido Popular, como estoy seguro de que pasa con todos los partidos democr¨¢ticos. De ah¨ª que sea una grav¨ªsima irresponsabilidad abordar el tema con la simplificaci¨®n con que algunos hablan de ella al tiempo que olvidan c¨®mo se reparte a lo largo y ancho de la geograf¨ªa nacional y a cu¨¢nta gente realmente involucra. Es m¨¢s, resulta inquietante verlo en boca del Gobierno y del Partido Socialista, ya que con sus palabras alientan la estrategia antipol¨ªtica y populista que, desde hace unos meses, se ha instalado entre quienes dibujan la imagen de una clase pol¨ªtica corrompida, m¨¢s preocupada por el medro particular que por servir a los intereses de una sociedad que sufre resignadamente la crisis. Por todo ello, me parece injusto acusar al Partido Popular de vacilar ante la corrupci¨®n cuando se han depurado internamente todas las responsabilidades vinculadas a los hechos del asunto G¨¹rtel.

La actual direcci¨®n que lidera Mariano Rajoy no tiene nada que ocultar en este caso pero s¨ª unos m¨ªnimos procesales que respetar, ahora y siempre. Esto explica que las medidas adoptadas hayan sido graduales, sometidas a sus propios tiempos y no a una presunta

alarma social inflamada a golpe de titulares. Hoy, nadie involucrado en el asunto est¨¢ en los ¨®rganos dirigentes del partido ni tampoco milita en sus filas. Y ello sin que todav¨ªa se haya acreditado nada judicialmente, esto es, sin que haya sido concluida siquiera la investigaci¨®n en los ¨®rganos jurisdiccionales que conocen del caso.

Esto ¨²ltimo merece una consideraci¨®n particular, ya que se exigen medidas en tiempo real sin tener en cuenta algo que es b¨¢sico en una democracia liberal: que se respeten las garant¨ªas procesales del Estado de Derecho. Los defensores de la acci¨®n directa en estos temas consideran que estas garant¨ªas son accesorias ante la urgencia del reproche social que provoca la corrupci¨®n.

Aqu¨ª, hay que recordar que la democracia liberal surgi¨®, entre otros empe?os, de la lucha contra la arbitrariedad y del esfuerzo por lograr que los acusados por la presunta comisi¨®n de un delito fuesen procesados bajo la fr¨ªa objetividad del imperio de la Ley. Parte de la lucha del parlamentarismo gir¨® alrededor de proteger a los representantes del pueblo frente a denuncias falsas urdidas desde el poder con el fin de debilitar a una oposici¨®n que cuestionaba la tentaci¨®n desp¨®ti-ca de aquel.

Los cortafuegos institucionales frente a la arbitrariedad de los poderosos nacieron como un paso que condujo finalmente a la democracia. Sin ellos, sin instituciones que amparasen al ciudadano y a sus representantes en su presunci¨®n de inocencia, nunca se hubiese logrado esa victoria pol¨ªtica que contribuy¨®, finalmente, al triunfo de la libertad colectiva.

As¨ª, la inversi¨®n de la carga probatoria que dej¨® atr¨¢s el r¨¦gimen inquisitorial y los juicios de Dios, fue una conquista de la civilizaci¨®n jur¨ªdica y de la racionalidad legal que hoy en d¨ªa no pueden debilitarse tampoco por razones de alarma social ocasionados por el afloramiento de casos de corrupci¨®n.

Con esto nadie dice que haya que quedarse de brazos cruzados ante ella mientras se espera el dictamen de la justicia. Ni tampoco que haya que permanecer en silencio y con los ojos cerrados ante los manejos corruptos. Lo correcto es actuar con prudencia y contundencia a la vez, asumiendo de antemano que el retardo en la administraci¨®n de justicia no excusa a quien presuntamente es corrupto a que responda de ello. Pero los indicios merecen un tr¨¢mite de evidencia previa, un soporte acreditativo, pues, de no producirse ¨¦ste, se deja expuesta a la democracia a la arbitrariedad de los denunciantes, sean cuales sean los m¨®viles de ¨¦stos, honrados en unos casos, pero espurios e inicuos en otros. De ah¨ª que no pueda responderse en tiempo real sino mediante una actuaci¨®n gradual. La v¨ªa directa es mala consejera. Especialmente porque allana el ejercicio de la antipol¨ªtica de aquellos que no les importan las reglas procesales sino la democracia directa y, a poder ser, la democracia que funciona por aclamaci¨®n, o sea, ninguna.

En este sentido, una democracia liberal no puede permitirse el lujo de que paguen justos por pecadores, que es lo que acaba sucediendo si se impone a los representantes del pueblo una debilidad estructural que los hace sospechosos a priori y, por tanto, expuestos a la presi¨®n de poderosos que act¨²en sin controles democr¨¢ticos. Es indudable que cuando una sociedad sufre una crisis econ¨®mica como la actual, la indignaci¨®n que provoca entre la gente conductas como las que presuntamente se han cometido en el asunto G¨¹rtel ofenden a cualquiera. Pero es preocupante que al calor de este asunto que, insisto afecta a un grupo reducido de militantes y cargos de mi partido, se trate de invalidar a una oposici¨®n que se comporta ejemplarmente en el desempe?o de sus funciones representativas.

En este sentido, comprendo que desde el Gobierno se quiera poner freno al desgaste electoral que sufre ante los espa?oles por su inacci¨®n e ineficacia ante la crisis, pero no lo comparto porque en pol¨ªtica no vale todo, y menos a¨²n dar alas a una antipol¨ªtica que avanza a pasos agigantados en pos de organizarse partidistamente.

Jos¨¦ Mar¨ªa Lassalle es secretario nacional de Cultura del PP y diputado por Cantabria.