El Gobierno prohibir¨¢ por ley las campa?as de propaganda institucional

Las campa?as de publicidad, propaganda y comunicaci¨®n de las administraciones p¨²blicas vascas van a tener por fin una regulaci¨®n por ley, de la que Euskadi carece hasta la fecha y de la que s¨ª disponen otras comunidades aut¨®nomas y la Administraci¨®n estatal. El Gobierno central cuenta con una regulaci¨®n desde el a?o 2005, lo mismo que Catalu?a (2000), Andaluc¨ªa (1995), Valencia, Arag¨®n (ambas en 2003), Asturias (2006) y Castilla y Le¨®n (2009).

El texto del proyecto de ley, que el Ejecutivo espera aprobar en breve, establece en su primer art¨ªculo que ser¨¢ de aplicaci¨®n a "las administraciones p¨²blicas del Pa¨ªs Vasco", es decir, el Gobierno, el Parlamento, las diputaciones, los ayuntamientos y cualquier consorcio o entidad de sus respectivos sectores p¨²blicos. Aqu¨ª encontrar¨¢ su primer escollo, por la resistencia de las diputaciones a someterse a esta regulaci¨®n apelando a sus propias competencias. La nueva norma les impondr¨ªa adem¨¢s limitaciones que ahora no tienen ante las elecciones forales de 2011.

La ley hubiese impedido publicitar el 'plan Ibarretxe' con dinero p¨²blico

El Gobierno describe 11 supuestos en los que se podr¨¢n contratar campa?as de publicidad o comunicaci¨®n y dicta la prohibici¨®n de hacerlo en otros cinco. Entre estos ¨²ltimos, figura, en primer lugar, realizar campa?as que difundan propuestas de partidos no aprobadas por las c¨¢maras representativas (el Parlamento o las Juntas Generales).

Esta primera limitaci¨®n habr¨ªa impedido, por ejemplo, la vasta publicitaci¨®n del plan Ibarretxe que realiz¨® el anterior Ejecutivo con cargo al presupuesto, tras presentarlo en el debate de pol¨ªtica general de 2002, que se materializ¨® en el env¨ªo a 815.000 hogares de la propuesta. Fue s¨®lo una de las muchas actuaciones previas a la aprobaci¨®n del plan en la C¨¢mara dos a?os despu¨¦s. El uso de dinero p¨²blico en aquellas campa?as, muy controvertidas en su momento, colea a¨²n, pendiente de una petici¨®n de informaci¨®n al actual Gobierno sobre los recursos invertidos en promocionar la iniciativa soberanista.

Tampoco podr¨¢n las administraciones hacer autobombo de sus logros de gesti¨®n, ya que se entiende que las campa?as no responden al inter¨¦s de quienes gobiernan, sino a su obligaci¨®n de proporcionar la mejor informaci¨®n al ciudadano, como parte de su obligaci¨®n de garantizarle sus derechos y facilitar su participaci¨®n en la vida p¨²blica.

Todas las campa?as institucionales, tanto de publicidad como de comunicaci¨®n, estar¨¢n prohibidas en per¨ªodos electorales desde el d¨ªa de la convocatoria de los comicios hasta su celebraci¨®n, algo ya previsto como legislaci¨®n b¨¢sica en la ley que aprob¨® el Congreso en 2005. Igualmente, no podr¨¢n realizarse campa?as que perturben pol¨ªticas de otro poder p¨²blico y las que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas, contrarios a los derechos humanos y a los principios valores y derechos democr¨¢ticos y constitucionales, o las que inciten, de modo directo o indirecto, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jur¨ªdico.

El proyecto de ley impide que las instituciones usen en sus campa?as s¨ªmbolos, lemas, ideas, expresiones, dise?os o im¨¢genes similares a los de cualquier partido u organizaci¨®n social y, a la inversa, que los partidos usen elementos que evoquen las campa?as institucionales. Todas deber¨¢n identificarse con claridad como tales e incluir la menci¨®n expresa de la administraci¨®n promotora. El texto obliga tambi¨¦n a que las campa?as se desarrollen en las dos lenguas cooficiales.

El Gobierno ha renunciado a incluir la creaci¨®n de una Comisi¨®n de Publicidad y Comunicaci¨®n, con representaci¨®n de todas las administraciones, para evitar la proliferaci¨®n de ¨®rganos y la burocracia a?adida.