Los emigrantes se movilizan contra el recorte de su derecho al sufragio

Los emigrantes espa?oles, los m¨¢s de 1,3 millones de inscritos en el llamado Censo de Espa?oles Residentes Ausentes (CERA), se han movilizado contra el principio de acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para eliminar su derecho de voto en las elecciones municipales, auton¨®micas y al Congreso de los Diputados, y limitarlo exclusivamente al Senado.

El principio de acuerdo entre PSOE y PP, apoyado por otros partidos, como CiU, supon¨ªa limitar el voto de los emigrantes a cuatro esca?os en el Senado. De esta manera, los partidos deber¨ªan presentar una lista para esa circunscripci¨®n exterior, como si fuera la de cualquier provincia, y todos los emigrantes, vivan donde vivan, votar¨ªan esa misma lista. Si finalmente saliera adelante la iniciativa, habr¨ªa tres tipos de senadores: de designaci¨®n auton¨®mica, elegidos por cada circunscripci¨®n provincial y los elegidos por la circunscripci¨®n exterior.

Los partidos reciben una avalancha de correos electr¨®nicos contra la reforma

La base sobre la que los dos partidos defend¨ªan su propuesta era que, aunque los emigrantes conserven la nacionalidad hasta en tercera generaci¨®n, nunca han residido ni tienen intenci¨®n de residir en los municipios, pero con su voto determinan el color del gobierno local.

Por ejemplo, en las ¨²ltimas elecciones gallegas, en 2009, el PSdeG consigui¨® arrebatar un diputado al PP de Ourense gracias a los votos del exterior -aunque no le sirvi¨® para mantener el Gobierno- y en las elecciones generales de 2008, los emigrantes cambiaron de signo un diputado por Barcelona, que pas¨® del PP a CiU por poco m¨¢s de 200 votos.

Los miembros de la subcomisi¨®n parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral han recibido en las ¨²ltimas semanas cientos de correos de emigrantes que rechazan la reforma. La movilizaci¨®n ha sido tal, que los dos partidos se han plantado y han decidido reconsiderar el voto para el Congreso, aunque no el de las municipales. CiU, por ejemplo, sigue apoyando que se restrinja el sufragio para los comicios locales.

A la presi¨®n individual de los emigrantes se une la de organismos como la Comisi¨®n Delegada de Derechos y Participaci¨®n del Consejo General de la Ciudadan¨ªa Espa?ola en el Exterior, que ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "indignaci¨®n por las medidas previstas". Considera que son "un recorte de derechos fundamentales" y se pronuncia a favor de mantener el voto por correo, en lugar del sistema presencial en los consulados que se intenta establecer tambi¨¦n para los emigrantes.

Dentro del PSOE y del PP, los responsables del partido en el exterior han protestado ante las respectivas direcciones para intentar frenar el acuerdo.

Hay otras iniciativas, como la del Consejo de Residentes Espa?oles de la Demarcaci¨®n Consular de Berna-Basilea, que acord¨® dirigirse al presidente del Gobierno, al del Congreso y al del Senado, a todos los grupos parlamentarios, al Defensor del Pueblo, a los distintos medios de comunicaci¨®n y a la ciudadan¨ªa, para intentar frenar la reforma legal.

A esas peticiones se ha sumado el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, en una carta al presidente de la Comisi¨®n Constitucional, Alfonso Guerra, en la que traslada el malestar de los emigrantes y asegura que la reforma podr¨ªa ser inconstitucional.

La subcomisi¨®n acord¨® el mi¨¦rcoles enfriar el tema y pedir una pr¨®rroga de sus trabajos hasta junio. En todo caso, estudia garant¨ªas y exigencias adicionales, como establecer para el Congreso el llamado "voto rogado", es decir, que los emigrantes tengan que inscribirse antes de acudir a votar y no baste s¨®lo con figurar en el censo electoral.

La subcomisi¨®n ha renunciado a cambiar el sistema electoral, como pretend¨ªan partidos como IU y UPyD, pero ha avanzado ya en importantes propuestas de cambios legislativos, como evitar que el voto de los tr¨¢nsfugas sea determinante en los Ayuntamientos.

Tambi¨¦n han pactado que las televisiones privadas tengan obligaci¨®n de emitir espacios gratuitos de los partidos, como ya hacen las p¨²blicas.

Los partidos minoritarios han conseguido que el PSOE y el PP dieran marcha atr¨¢s en su pretensi¨®n inicial de acabar con las limitaciones a la publicaci¨®n de las encuestas durante la campa?a electoral.

La reforma legal propuesta por el Gobierno para limitar a¨²n m¨¢s las actividades de formaciones que no condenan a ETA ha alterado el calendario previsto por la subcomisi¨®n, que deber¨¢ tramitar esa reforma de la Ley Electoral. Ese cambio legal cuenta con apoyo de PSOE y PP, pero es rechazado por la izquierda y por los nacionalistas.