Prevaricaci¨®n en Rinlo

Seg¨²n ha venido informando detalladamente este peri¨®dico, el fiscal especializado en la defensa del medio ambiente acaba de presentar una denuncia contra Jos¨¦ Manuel ?lvarez-Campana, actual presidente de Portos de Galicia, a quien atribuye un delito de prevaricaci¨®n medioambiental y otro de prevaricaci¨®n urban¨ªstica por haber aprobado en el a?o 2005 una declaraci¨®n de impacto ambiental, favorable al proyecto de puesta en funcionamiento y explotaci¨®n de una piscifactor¨ªa en Rinlo, cuando ocupaba el cargo de director general de Calidade e Avaliaci¨®n Ambiental de la Xunta en el gobierno de Manuel Fraga.

El fiscal hab¨ªa abierto diligencias a la vista de un escrito presentado por el colectivo ecologista Adega y teniendo en cuenta una reciente sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, en la que se anula, por ser contraria a derecho, la referida declaraci¨®n de impacto ambiental, debido a que la ejecuci¨®n del proyecto de piscifactor¨ªa comportaba una "afecci¨®n significativa sobre el estado de conservaci¨®n de dos h¨¢bitats prioritarios de la red Natura 2000", as¨ª como una "fragmentaci¨®n del Espacio Natural protegido", de tal forma que exist¨ªa "una potencialidad de generar un da?o ambiental irreversible". Al propio tiempo, se anula tambi¨¦n la licencia municipal de obra otorgada por el Ayuntamiento de Ribadeo. Con base en ello, el fiscal realiza un pormenorizado estudio de la normativa medioambiental infringida y llega a la conclusi¨®n de que Campana "con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias (...) no consult¨® a la Comisi¨®n Europea", pese a ser preceptivo, con lo que antepuso "los criterios comerciales a los medioambientales".

Hay razones suficientes para que el juez abra una investigaci¨®n penal sobre el presidente de Portos

Ante esta denuncia, Campana (aparte de unos exabruptos dirigidos a los jueces del TSXG y al fiscal) ha esgrimido dos argumentos que son jur¨ªdicamente insostenibles. Por un lado, que la declaraci¨®n de impacto ambiental que ¨¦l firm¨® era un mero "informe", "un acto de tr¨¢mite que no autorizaba la construcci¨®n de la planta", dado que la autorizaci¨®n final era competencia de la directora general de Recursos Mari?os; sin embargo, este razonamiento olvida que en las prevaricaciones medioambientales y urban¨ªsticas nuestro C¨®digo Penal castiga ya como autor a quien "hubiese informado favorablemente", con independencia de la responsabilidad que pudiese corresponder a quien dicte la resoluci¨®n de autorizaci¨®n.

Por otro lado, Campana aduce que en su actuaci¨®n "tampoco hay ning¨²n da?o causado". No obstante, frente a este argumento hay que oponer que los tipos delictivos de las citadas prevaricaciones no requieren da?o alguno: basta con que el informe vulnere la legalidad y (seg¨²n la opini¨®n mayoritaria) que haga posible la aparici¨®n de una conducta penalmente t¨ªpica contra el medio ambiente o contra la ordenaci¨®n del territorio.

Por lo dem¨¢s, el argumento invocado por el presidente Feijoo y por la Conselleira del Mar, relativo al hecho de que hab¨ªa una denuncia de Adega ante las autoridades comunitarias que posteriormente fue archivada, encierra, sin ir m¨¢s lejos, un sofisma, puesto que tal archivo se produjo precisamente merced a la decisi¨®n del Gobierno bipartito de trasladar el proyecto de piscifactor¨ªa a otra zona no protegida por la Red Natura.

En suma, hay razones suficientes para que el juez competente inicie una investigaci¨®n penal sobre la actuaci¨®n de Campana, sin que ello prejuzgue, claro es, por el momento la existencia de indicios racionales de criminalidad que pudieran llevarle a un juicio. Con todo, a la vista de la causa seguida contra Garz¨®n por haber iniciado y prolongado un procedimiento penal por los cr¨ªmenes del franquismo, no me resisto a llamar la atenci¨®n sobre el hecho de que el Tribunal Supremo ha puesto un list¨®n muy bajo en la injusticia y arbitrariedad de las resoluciones para procesar por un delito de prevaricaci¨®n. No quiero decir con ello que yo comparta la actuaci¨®n jur¨ªdica de Garz¨®n en este caso (aunque existen juristas que la avalen y el tema sea m¨¢s complejo de lo que algunos creen), pero s¨ª tengo claro que, si dicha actuaci¨®n merece un juicio por prevaricaci¨®n, todos los jueces espa?oles de lo penal tendr¨ªan que dedicarse exclusivamente de por vida a la instrucci¨®n y enjuiciamiento del ingente n¨²mero de delitos de prevaricaci¨®n que indiciariamente habr¨ªan aflorado de repente, entre ellos, naturalmente, los cometidos por muchos de sus propios compa?eros, jueces del Tribunal Supremo incluidos.