Legalidade Urban¨ªstica da tres meses para derribar la urbanizaci¨®n de lujo
El director de la Axencia fue destituido nueve d¨ªas despu¨¦s de firmar la orden
La orden de demolici¨®n de la pol¨¦mica urbanizaci¨®n de Os Raeiros, en O Grove, fue notificada ayer al Ayuntamiento despu¨¦s de tres a?os de resoluciones administrativas y judiciales. La Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica, adscrita a la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, comunic¨® al alcalde la resoluci¨®n que deber¨¢ ejecutarse en el plazo de tres meses y afecta a 52 propietarios que pagaron 540.000 euros por la compra de un chal¨¦ adosado.
La decisi¨®n ya s¨®lo podr¨ªa pararla el tribunal contencioso administrativo de Pontevedra en el supuesto de que la promotora Inproin Galicia, SL recurriese el fallo de la agencia y el juzgado aceptase a tr¨¢mite la apelaci¨®n.La promotora cuenta con dos meses de plazo para lograr la suspensi¨®n del derribo, aunque fuentes consultadas conocedoras del caso dejaron abiertas pocas posibilidades de que el recurso prospere, teniendo en cuenta que el expediente de demolici¨®n acordado en 2007 por la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial fue confirmado recientemente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El hermano del conselleiro de Cultura administra la promotora
La decisi¨®n de la agencia de la Xunta contempla el derribo de 52 apartamentos alineados en grupos de cuatro, cinco y seis viviendas con s¨®tano, primera planta y bajo cubierta. La urbanizaci¨®n cuenta con una zona central donde se sit¨²an varias piscinas, edificio de servicios, muros de contenci¨®n y grandes movimientos de tierras frente a la playa de Balea, en San Vicente do Mar.
El incumplimiento de la resoluci¨®n por parte de la promotora conlleva la ejecuci¨®n forzosa de demolici¨®n as¨ª como la imposici¨®n de multas coercitivas acumulables peri¨®dicamente en cuant¨ªas de 1.000 a 10.000 euros cada una. Tuvieron que transcurrir 14 a?os desde el inicio de las obras para que una resoluci¨®n del anterior Gobierno bipartito declarase ilegal la parcelaci¨®n que se llev¨® a cabo sobre suelo r¨²stico cuando los promotores s¨®lo ten¨ªan licencia auton¨®mica para un apartotel.
La resoluci¨®n de Pol¨ªtica Territorial de 30 de abril de 2007 obligaba a la promotora a restituir la parcela a su estado original, ajustarse a la licencia auton¨®mica y comunicar al registro de la propiedad de Cambados la imposibilidad jur¨ªdica de segregaci¨®n de la finca dado su car¨¢cter indivisible.
Pero la promotora recurri¨® esta decisi¨®n al Tribunal Superior que desestim¨® sus argumentos y concluy¨® que no s¨®lo pretend¨ªa vender ilegalmente 52 chal¨¦s adosados sino que hab¨ªa incumplido flagrantemente la Ley del Suelo al segregar una parcela que estaba catalogada como r¨²stica. Ahora, Inproin tendr¨¢ su ¨²ltima oportunidad de paralizar la orden de derribo recurriendo al tribunal competente en la jurisdicci¨®n donde est¨¢ emplazada la urbanizaci¨®n.
Entre los propietarios de la exclusiva finca, situada en una atalaya desde donde se divisa la isla de Ons, se encuentra el actual conselleiro de Cultura, Roberto Varela Fari?a. Uno de sus hermanos, Fernando Varela, aparece como socio y administrador de la promotora Inproin Galicia, SL.
Los responsables de la promotora de Os Raeiros alegan que "no existen propietarios de chal¨¦s sino socios de un complejo hotelero que disfrutan de una parte proporcional de la parcela". Sostiene que las obras se han ejecutado conforme a la licencia concedida "para uso de apartotel de los 52 apartamentos" y niegan que la finca se haya parcelado o segregado con otros fines que no sean los estrictamente hoteleros.
La orden de demolici¨®n de esta urbanizaci¨®n de lujo fue uno de los ¨²ltimos actos administrativos que firm¨® el ex director de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica Hip¨®lito P¨¦rez, el pasado 2 de marzo. Nueve d¨ªas despu¨¦s, el 11, el Consello de la Xunta aprob¨® la destituci¨®n de este funcionario, previa modificaci¨®n de sus estatutos.
Demolici¨®n n¨²mero 43
Antes de sellar su ¨²ltimo expediente y ser destituido por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, el director de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica hab¨ªa estampado su firma sobre 42 ¨®rdenes de derribo desde que fue nombrado por el bipartito a finales de 2007.
La creaci¨®n de este organismo supuso una nueva era en la lucha contra los desmanes urban¨ªsticos. Fue tambi¨¦n un mensaje a promotores y alcaldes de que el "ti vai facendo" ten¨ªa los d¨ªas contados porque la piqueta iba a entrar de lleno contra las construcciones ilegales. En 30 a?os de historia auton¨®mica s¨®lo se hab¨ªa ordenado una demolici¨®n. En el ejercicio de su estreno, Legalidade Urban¨ªstica firm¨® cinco ¨®rdenes de derribo. Un a?o m¨¢s tarde, en 2009, cuando se reforz¨® el n¨²mero de inspectores y los medios de la agencia cayeron otras 37 edificaciones irregulares. El presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, admiti¨® la pasada semana que ha consignado 600.000 euros para tumbar nuevas aberraciones urban¨ªsticas. Pero su Gobierno ya hab¨ªa descabezado la agencia que ahora cuenta con menos, personal y competencias.
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