El d¨ªa que la Constituci¨®n se reforme

La Constituci¨®n no es irreformable y en ella misma est¨¢ estipulado el procedimiento a seguir para hacerlo. Los constituyentes estaban convencidos de que no eran infalibles y de que la obra del tiempo podr¨ªa aconsejar a otros representantes del pueblo introducir correcciones, para ponerla al d¨ªa.

En estos m¨¢s de 30 ¨²ltimos a?os la Constituci¨®n, interpretada flexiblemente, nos ha dado el periodo m¨¢s largo de libertades democr¨¢ticas habido en la turbulenta historia de Espa?a. Con ella han funcionado gobiernos de izquierda y de derecha. Hasta que el Partido Popular cambi¨® su forma de hacer oposici¨®n en el cuadro de un sistema parlamentario, como se hac¨ªa en los tiempos que lo dirig¨ªa Manuel Fraga, por las formas crispadas y escasamente parlamentarias adoptadas por el se?or Rajoy y su mentor, el presidente de la FAES.

El TC deber¨ªa dejar el Estatuto catal¨¢n como est¨¢. Y en el futuro habr¨ªa que suprimir ese tribunal

Con estas l¨ªneas, escritas al conocer la experiencia del tratamiento del Estatuto de Catalu?a por el Tribunal Constitucional (TC), yo har¨ªa una demanda al diputado que ocupe el esca?o que tuve durante tres legislaturas -incluida la Constituyente- para que, si tiene una significaci¨®n pol¨ªtica parecida a la m¨ªa, fije la atenci¨®n en el T¨ªtulo IX y proponga su modificaci¨®n. Temo que esta petici¨®n provoque la ira de no pocos juristas porque apunta a la desaparici¨®n del TC.

En estos d¨ªas he llegado a pensar que en aquellas Cortes hubo demasiados profesionales del Derecho, enamorados de su oficio, que contribuyeron -lo digo con todos los respetos- a que incurri¨¦ramos en contradicci¨®n al elaborar la Constituci¨®n. En ¨¦sta se inscribe un principio fundamental de origen republicano, que hoy han asumido las monarqu¨ªas europeas modernas: el principio inalienable de la "soberan¨ªa popular", al proclamar que "todos los poderes emanan del pueblo". En el caso que inspira esta reflexi¨®n se han cumplido -como recordaba recientemente el profesor P¨¦rez Royo- todos los tr¨¢mites que prescribe la Constituci¨®n, para elaborar un Estatuto: hubo un proyecto elaborado por el Parlamento catal¨¢n, aprobado despu¨¦s por las Cortes y sometido a continuaci¨®n a un refer¨¦ndum aprobatorio de los catalanes. Adem¨¢s, ha funcionado durante cuatro a?os sin que se rompa la unidad del Estado espa?ol ni se creen problemas m¨¢s graves que los recursos presentados por el PP y por el Defensor del Pueblo, cuya mentalidad centralista -dicho tambi¨¦n con el m¨¢ximo respeto y desde la amistad que me une desde hace muchos a?os al titular del cargo- es sobradamente conocida.

Me asombra la informaci¨®n de que por lo menos una parte del TC encuentre contradicci¨®n entre "nacionalidad" y "naci¨®n". En pa¨ªses en que este problema fue tratado ampliamente por pensadores y dirigentes pol¨ªticos, como los imperios austro-h¨²ngaro y ruso, hay una amplia cultura sobre el tema y considerable bibliograf¨ªa. Y se ha logrado establecer de manera indudable que una nacionalidad es una naci¨®n que por razones hist¨®ricas determinadas no ha llegado a constituirse en Estado. Yo no entiendo c¨®mo en Espa?a algo tan elemental no acaba de entenderse por personas cultas, y, a¨²n m¨¢s, no entiendo que en el diccionario de la Academia no haya una acepci¨®n, entre las varias que se dan del t¨¦rmino "nacionalidad", que aclare este aspecto.

M¨¢s all¨¢ de esto, la experiencia de que hablo me lleva a plantearme otra cuesti¨®n: si el principio fundamental de la Constituci¨®n establece que la soberan¨ªa pertenece al pueblo y el ¨®rgano de esta soberan¨ªa es el Parlamento, ?tiene sentido que un grupo de juristas, por muy reputados que sean, posea autoridad para anular o modificar lo que ha aprobado el ¨®rgano de la soberan¨ªa popular? ?No significa eso la anulaci¨®n de la soberan¨ªa popular?

En el caso del Estatuto de Catalu?a, me parece una falla que el TC est¨¦ pretendiendo anular una decisi¨®n del Parlamento. Y que si esto prospera, en Espa?a pueda producirse una ruptura, m¨¢s peligrosa a¨²n en periodo de profunda crisis econ¨®mica.

Cuatro a?os de deliberaciones, varios plenos del TC sin llegar a un acuerdo, para desembocar, seg¨²n parece, en tres posiciones distintas, desaconsejar¨ªan meterse en m¨¢s negociaciones. Creo que negociar consensos es m¨¢s una tarea de pol¨ªticos que de magistrados. El TC dar¨ªa una prueba de sabidur¨ªa reconociendo que en estas circunstancias lo mejor es dejar las cosas como est¨¢n, habida cuenta que la pr¨¢ctica de estos ¨²ltimos cuatro a?os de Estatuto catal¨¢n no ha sido negativa.

En la II Rep¨²blica el TC fue un fracaso. Y ese fracaso tambi¨¦n comenz¨® por el "problema catal¨¢n". En 1934, el TC anul¨® injustamente, a causa del poder de los terratenientes en el Bienio Negro, la Ley de Arrendamiento R¨²stico de la Generalitat. Fue el principio de un conflicto innecesario que quiz¨¢ est¨¦ en el origen de la posici¨®n del Gobierno catal¨¢n en octubre de ese a?o. Por cierto, el pueblo de Madrid llev¨® a cabo una formidable huelga general contra esta decisi¨®n del TC y en solidaridad con Catalu?a, una solidaridad que hoy se echa de menos.

Un d¨ªa, cuando las condiciones sean favorables y se acometa la tarea de la reforma constitucional, deber¨ªa abordarse la cuesti¨®n de si el TC debe mantenerse, de si no termina siendo una negaci¨®n de la soberan¨ªa popular. Un ¨®rgano semejante en EE UU, el Tribunal Supremo con mayor¨ªa republicana, fue el que tras unas elecciones dudosas otorg¨® la presidencia del pa¨ªs a Bush, con las consecuencias catastr¨®ficas conocidas.

Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE, es comentarista pol¨ªtico.