Barber¨¢ autoriza el derribo de 31 casas en El Cabanyal

El gobierno local de Valencia, que encabeza la popular Rita Barber¨¢, ha condenado a la piqueta otras 31 viviendas emplazadas en El Cabanyal. El concejal delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, dio ayer cuenta tras la Comisi¨®n de Urbanismo de la tramitaci¨®n de las nuevas licencias pese a que los derribos est¨¢n suspendidos.

En total, son 18 las licencias concedidas y 31 las viviendas amenazadas, muchas de ellas todav¨ªa propiedad de los particulares.

Bellver asegur¨® que las licencias no se aprobaron ayer, sino que se autorizaron cuando la ley de la Generalitat -la que desproteg¨ªa el barrio marinero- estaba en vigor. El Gobierno present¨® a principios de abril un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, lo que interrumpi¨® de nuevo las demoliciones. "La publicaci¨®n del recurso [del Gobierno ante el Constitucional] en el BOE es del 21 de abril, y las dos ¨²ltimas licencias de derribo se firmaron el 20", dijo Bellver para justificar que entonces no hab¨ªa limitaciones.

Algunas de las licencias amenazan las casas de un dirigente de Salvem

La oposici¨®n se mostr¨® indignada. "El gobierno ha tramitado las licencias con unas prisas y una aceleraci¨®n indignas. Ha aprovechado lo que considera un vac¨ªo legal, que no es tal, para tramitar nuevos derribos", critic¨® el concejal socialista Vicente Gonz¨¢lez M¨®stoles. Para este edil de la oposici¨®n, conceder estas licencias "es situarse fuera de la legalidad". Este agreg¨® que la mayor¨ªa de viviendas condenadas -30- est¨¢n afectadas por el plan especial y s¨®lo una est¨¢ fuera del ¨¢mbito.

Para la Asociaci¨®n de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar la mayor¨ªa de licencias de derribo concedidas resultar¨ªan "ilegales", dado que la mayor¨ªa de las casas est¨¢n incluidas en el cat¨¢logo de edificios protegidos del PGOU.

La mayor¨ªa de los edificios sobre los que ya pesa la licencia de derribo est¨¢n entre las calles de San Pedro y de Luis Despuig, y en muchos casos no son todav¨ªa de propiedad municipal. Los vecinos denuncian desde hace tiempo al consistorio por acoso inmobiliario.

"No es un capricho del equipo de gobierno", dijo el concejal delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, que, sin embargo, se apresur¨® a aclarar que las licencias quedan suspendidas.

Bellver revel¨® que el gobierno local ha consultado con la Audiencia Nacional -donde la corporaci¨®n ha recurrido la orden ministerial- qu¨¦ parte del plan est¨¢ afectada por la orden de Cultura, si todo o s¨®lo la zona afectada por la prolongaci¨®n de la avenida de Blasco Ib¨¢?ez, y este tribunal ha respondido que el Ayuntamiento est¨¢ obligado a la suspensi¨®n inmediata de la ejecuci¨®n del plan, "as¨ª como de todas las actuaciones administrativas". A la pregunta de por qu¨¦ entonces se han aprobado estas nuevas licencias -si el PEPRI est¨¢ paralizado-, el concejal delegado respondi¨®: "No tiene ninguna finalidad. Cuando se firmaron las licencias no hab¨ªa inconveniente. Adem¨¢s, vamos a seguir tomando decisiones respetando la legalidad". La intenci¨®n del consistorio es, si los juzgados le dan la raz¨®n, tenerlo todo dispuesto para que "as¨ª se puedan aplicar inmediatamente".

Los socialistas rechazaron estos argumentos. "No hay voluntad de respetar las leyes ni El Cabanyal. Hay una suspensi¨®n y traer esto hoy [por ayer] es una insensatez", apostill¨® Gonz¨¢lez M¨®stoles, quien record¨® que los informes previos a las licencias se evacuaron entre el 8 y 9 de abril y la resoluci¨®n de los derribos fue posterior a la admisi¨®n a tr¨¢mite por parte del Constitucional del ¨²ltimo recurso presentado por el Gobierno, el pasado 14 de abril.

La asociaci¨®n de vecinos, contraria a la prolongaci¨®n de la avenida, utiliz¨® los argumentos del consistorio para quitarles la raz¨®n sobre los ¨²ltimos derribos. "La alcaldesa dijo que el recurso de inconstitucionalidad les imposibilitaba regenerar el barrio y ahora se autoconcede licencias en edificios que, en muchos casos, ni siquiera son de propiedad municipal, sino de propietarios". Cuatro de los inmuebles sentenciados al derribo son propiedad de la familia de Faustino Villora, dirigente de Salvem El Cabanyal.

Maribel Dom¨¦nech, presidenta de la plataforma, acus¨® a Barber¨¢ de no ejercer sus obligaciones dentro del sistema democr¨¢tico. "S¨®lo entiende la dictadura y su capricho personal", dijo. Dom¨¦nech interpret¨® la concesi¨®n de estas nuevas licencias como "un ataque frontal al Tribunal Constitucional, a la democracia y a los vecinos". "Desde enero, con la orden ministerial en vigor, est¨¢ paralizado cualquier acto administrativo y estos lo son, as¨ª que est¨¢n fuera de la ley", enfatiz¨®.

La direcci¨®n de Esquerra Unida en Valencia conden¨® la actitud de la alcaldesa. "El PP gobierna contra la ley, provocando la indefensi¨®n entre los ciudadanos", declar¨® Amadeu Sanchis, coordinador del partido en la capital.

El Tribunal Constitucional resolver¨¢ en unos meses el conflicto de competencias entre las dos administraciones p¨²blicas. El contencioso estall¨® despu¨¦s de una sentencia del Tribunal Supremo en la que reconoc¨ªa que el Ministerio de Cultura era la autoridad competente para pronunciarse si el plan de El Cabanyal supon¨ªa un expolio para el barrio o no. Cultura dict¨® una orden que suspend¨ªa el plan por el riesgo que entra?aba. La Generalitat ha intentado eludir por dos veces esta orden, primero con un decreto y luego con una ley, ambas recurridas por el Gobierno ante el Constitucional.