Extremar la prudencia

La resoluci¨®n que el Parlamento de Catalu?a aprobar¨¢ hoy, con el voto del 88% de los diputados, es una prueba del profundo malestar provocado en esta comunidad por la incapacidad del Tribunal Constitucional para resolver en cuatro a?os el recurso sobre el Estatuto. Pero ser¨¢ dif¨ªcil que desbloquee una situaci¨®n an¨®mala, porque implicar¨ªa el acuerdo de las dos c¨¢maras y de los dos principales partidos.

En todo caso, la suerte del Estatuto no debe ser un pulso sin reglas fijas entre las instituciones catalanas y el Constitucional, ni una batalla en el interior de este. La realidad es que esas reglas existen, aunque algunas se hayan erosionado. El desenlace afecta a todo el sistema institucional.

Quienes apoyan la resoluci¨®n declaran que el Estatuto es constitucional. Es una afirmaci¨®n l¨®gica, pues fueron los diputados auton¨®micos catalanes quienes fabricaron la primera versi¨®n del texto, luego ajustada en las Cortes. Pero no son, ley en mano, los ¨²ltimos en decidir. Ese es precisamente el dictamen que corresponde al tribunal, y es la causa que lo mantiene dividido y paralizado.

Los promotores de la resoluci¨®n incluyen en ella su determinaci¨®n de emprender las iniciativas necesarias para que el actual tribunal se declare incompetente. A?adir¨¢n tensi¨®n al ambiente, aunque ya haya habido otras recusaciones. Por ello, deber¨¢n ser muy cuidadosos en que este prop¨®sito se ejerza por v¨ªas estrictamente legales y que no supongan una injerencia pol¨ªtica sobre el tribunal.

El anuncio de iniciativas para reformar la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, tambi¨¦n recogido en la resoluci¨®n, interpreta como una disfunci¨®n de la actual regulaci¨®n lo que ha sido, por el contrario, un uso fraudulento. El fraude ha consistido en la apropiaci¨®n del tribunal por los dos principales partidos -excluyendo al resto- y en sus tacticismos en la renovaci¨®n de los magistrados, ejercitados a veces con la pretensi¨®n de convertirlo en una tercera c¨¢mara. Ser¨ªa mejor que el fin de estas pr¨¢cticas llegase merced a un acuerdo pol¨ªtico generalizado. Pero de no ser as¨ª, resultar¨ªa oportuno un cambio legal que impida la pr¨®rroga autom¨¢tica del mandato de los titulares, que hoy supera en alg¨²n caso los dos a?os. En suma, el Parlamento y los partidos catalanes ejercen su derecho haciendo o¨ªr su voz. Pero deben extremar la prudencia para no deslizarse por un camino que desborde sus funciones o invada las de otras instituciones.