Ch¨¢vez ignora las ¨®rdenes de Interpol
El supuesto etarra Cubillas sigue libre 63 d¨ªas despu¨¦s de su b¨²squeda y captura
Arturo Cubillas Font¨¢n, de 46 a?os, supuesto responsable de ETA en Venezuela, presunto organizador de los cursos de explosivos a las FARC en la selva venezolana y funcionario de seguridad en el Gobierno de Hugo Ch¨¢vez pasea libre por las calles de Caracas. Cuando se cumplen nueve semanas del auto de la Audiencia Nacional que decret¨® su prisi¨®n provisional y b¨²squeda y captura internacional, Cubillas contin¨²a sin ser detenido por las autoridades venezolanas pese a que Interpol activ¨® hace 63 d¨ªas su orden de detenci¨®n por varios delitos de terrorismo.
La orden de b¨²squeda y captura de Cubillas aparece desde el pasado d¨ªa 1 de marzo con ¨ªndice rojo, detenci¨®n para extradici¨®n, en los ordenadores de los 188 pa¨ªses asociados a Interpol, seg¨²n han confirmado a EL PA?S fuentes policiales y judiciales espa?olas. Interpol es la mayor organizaci¨®n de lucha contra el crimen con sede en Lyon (Francia) y entre sus asociados figura Venezuela. Si el etarra abandonara su refugio venezolano ser¨ªa detenido en cualquier aeropuerto del planeta. "No lo hace porque Caracas se ha convertido en su territorio m¨¢s seguro", asegura un mando policial consultado.
La orden est¨¢ vigente en los 188 pa¨ªses asociados a la organizaci¨®n
"La detenci¨®n deber¨ªa haber sido inmediata", se?ala un magistrado
Cubillas y su esposa son altos funcionarios del Ejecutivo chavista
"El Gobierno decide si esa acusaci¨®n es delito aqu¨ª", dice su abogado venezolano
La detenci¨®n de Cubillas que reclama la Audiencia Nacional deber¨ªa haberse producido el mismo d¨ªa 1 de marzo que lleg¨® a Caracas la orden de b¨²squeda y captura internacional tramitada por Interpol y dictada por el juez Eloy Velasco, seg¨²n se?alan fuentes judiciales que destacan la gravedad de las acusaciones: tenencia de explosivos en colaboraci¨®n con banda terrorista y conspiraci¨®n para cometer homicidios terroristas.
"En el ¨¢mbito policial, la detenci¨®n deber¨ªa ser inmediata. Luego ya viene el plano judicial donde se pueden discutir muchas cosas, pero hay una serie de tratados internacionales de colaboraci¨®n que en este caso obligan a detenerle. Esta situaci¨®n es an¨®mala", opina un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este peri¨®dico ha intentado en vano recabar la opini¨®n de Jorge Galindo, portavoz del Ministerio del Interior venezolano.
Un informe de localizaci¨®n de la Guardia Civil que figura en la causa facilita todos los detalles necesarios para encontrar al etarra que desde que recal¨® en Caracas en los a?os ochenta pas¨® de los pucheros de la Casa Vasca y los fogones de su restaurante Oker, el nombre de su antiguo comando de ETA, a dirigir la Oficina de Administraci¨®n y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras en 2005 y la jefatura de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inte), un organismo chavista que ha confiscado 40.000 fincas supuestamente improductivas. El pasado 15 de marzo, Cubillas segu¨ªa en su despacho del Inte en el centro de Caracas, seg¨²n comprob¨® un reportero de este diario.
El juez Velasco dict¨® el auto de procesamiento contra Cubillas y otros 11 miembros de ETA y las FARC el pasado 24 de febrero, una resoluci¨®n pol¨¦mica porque asegur¨® que obran diligencias en el procedimiento que ponen de manifiesto la cooperaci¨®n gubernamental venezolana en la il¨ªcita colaboraci¨®n entre las FARC y ETA, y en especial en el caso de Arturo Cubillas. Pero hasta el pasado 8 de abril las autoridades de Venezuela no han hecho "acuse de recibo" del auto, seg¨²n afirma una fuente autorizada del Ministerio de Asuntos Exteriores espa?ol, que asegura que la fase diplom¨¢tica ha concluido. "Ahora corresponde a las autoridades judiciales de Espa?a y Venezuela la colaboraci¨®n en este caso", a?ade.
El pasado 18 de marzo, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, asegur¨® haber pedido a Interpol Espa?a informaci¨®n de los antecedentes penales y las causas pendientes de Cubillas. Record¨® que cuando el etarra lleg¨® a Caracas en 1989 no ten¨ªa "antecedentes policiales, judiciales, ni estaba siendo requerido en ninguna parte del mundo". Cubillas adquiri¨® la nacionalidad venezolana gracias a su matrimonio con Goizeder Odriozola, que ha ocupado seis altos cargos en la Administraci¨®n de Ch¨¢vez. En la actualidad es directora de la Oficina de Informaci¨®n y Relaciones P¨²blicas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Adem¨¢s, es asesora personal de El¨ªas Jaua, el vicepresidente ejecutivo de la Rep¨²blica.
"No tenemos noticia de ninguna detenci¨®n. De la posici¨®n del Gobierno venezolano lo ¨²nico que sabemos son las declaraciones que en su d¨ªa hizo su presidente", se?alan fuentes de la fiscal¨ªa espa?ola de la Audiencia Nacional que el 14 de noviembre de 2008 present¨® una querella criminal contra Cubillas y otros etarras por sus entrenamientos con explosivos en, al menos, seis campos terroristas de la selva venezolana.
Marino Alvarado, de 50 a?os, abogado venezolano y amigo de Cubillas, asegura en una conversaci¨®n telef¨®nica que este contin¨²a en Caracas y que no ha reclamado sus servicios. "Arturo tiene la condici¨®n de refugiado pol¨ªtico. No se le puede detener ni extraditar porque tiene la nacionalidad venezolana y la Constituci¨®n lo proh¨ªbe. El Gobierno tiene el derecho de calificar si los hechos de los que se le acusan son o no delito aqu¨ª".
Cuarenta asesinatos a sus espaldas
Venezuela se ha convertido en la mayor reserva de refugiados y huidos de ETA de Suram¨¦rica, en su mayor¨ªa veteranos con edades comprendidas entre los 45 y los 55 a?os. Algunos han vuelto hace poco a las armas. De los siete etarras cuya extradici¨®n pidi¨® Espa?a hace a?os y deneg¨® Ch¨¢vez, cinco est¨¢n desaparecidos aunque viven en Venezuela, seg¨²n fuentes policiales. Estos reclamados suman m¨¢s de 40 asesinatos. Se teme que Cubillas pueda aprovechar la inactividad policial para seguir su estela y desaparecer como por arte de magia.
Informes de inteligencia que obran en la causa aseguran que uno de los procesados por el juez Velasco falleci¨® en 2003 en un enfrentamiento en Colombia entre las FARC y el Ej¨¦rcito colombiano. Se trata de Edgar Gustavo Navarro Morales, Mocho, el jefe de este grupo terrorista, que seg¨²n la investigaci¨®n judicial orden¨® el asesinato en Espa?a de Noem¨ª San¨ªn Posada, ex embajadora colombiana en Espa?a y hoy candidata a la presidencia de su pa¨ªs, y del ex presidente Andr¨¦s Pastrana cuando este ¨²ltimo resid¨ªa en Madrid.
Navarro mand¨® a Madrid al miembro de las FARC V¨ªctor Ram¨®n Vargas Salazar para que controlara los itinerarios de ambos y este inform¨® que no ser¨ªa dif¨ªcil atentar contra ellos si contaban con la ayuda de ETA. Fuentes de la fiscal¨ªa aseguran que todav¨ªa no se ha podido confirmar el fallecimiento de Navarro.
El fiscal Vicente Gonz¨¢lez Mota pidi¨® el procesamiento de Cubillas y de otros etarras al aparecer sus nombres en el ordenador intervenido a Ra¨²l Reyes, dirigente de las FARC muerto en un bombardeo del Ej¨¦rcito colombiano. Un viaje del fiscal jefe Javier Zaragoza a Bogot¨¢ (Colombia) fue el preludio de la querella que despu¨¦s apoy¨® el juez Eloy Velasco y que se apuntal¨® con el testimonio a polic¨ªas espa?oles de varios ex miembros de las FARC que participaron en los cursos de explosivos dados por los etarras hasta 2008.
Uno de ellos explic¨® que Cubillas recibi¨® en la selva a los expertos en explosivos de ETA y a?adi¨® que le acompa?aba un var¨®n con vestimenta civil que llevaba un chaleco con el escudo de la DIM (Direcci¨®n de Inteligencia Militar) y "un grupo de personas armadas, que a juzgar por su conversaci¨®n, parec¨ªan militares venezolanos que prestaban escolta y seguridad al resto del grupo".
La causa judicial provoc¨® en febrero una crisis diplom¨¢tica entre Espa?a y Venezuela que hoy se considera cerrada. La investigaci¨®n ha sido declarada secreta y asociaciones espa?olas y venezolanas han solicitado al juzgado personarse como acusaci¨®n popular.
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