Velas al diablo

El Tribunal Supremo decidir¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 12 la suerte judicial de Francisco Camps. En esa fecha se sabr¨¢ si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia deber¨¢ sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat, seg¨²n solicitaba el juez Flors, instructor del caso, o si convalida la decisi¨®n de la sala, que no apreci¨® en su d¨ªa el delito de cohecho impropio. Pero, entretanto, se han ido conociendo nuevos datos sobre el funcionamiento de la red corrupta dirigida por Francisco Correa y sobre los delitos de los que podr¨ªa acabar presuntamente respondiendo el presidente Camps.

En estos momentos, el regalo de los trajes aparece sobre todo como el hilo que permiti¨® descubrir otros tres casos de corrupci¨®n, que, dependiendo de la decisi¨®n que adopte el Supremo, har¨ªan inviable la continuidad de Camps al frente del Gobierno valenciano. La pr¨¢ctica fraudulenta de fragmentar los contratos p¨²blicos de manera que pudieran adjudicarse sin concurso fue habitual en la mayor parte de las consejer¨ªas del Ejecutivo presidido por Camps, lo que ha llevado al juez Pedreira a solicitar el nombre de sus titulares durante el periodo investigado. Las empresas beneficiarias de estos contratos pertenec¨ªan, adem¨¢s, a la red de Correa, lo que hace inveros¨ªmil que, como ha sostenido hasta ahora la direcci¨®n del PP, el partido haya sido v¨ªctima y no parte de la corrupci¨®n.

La contrataci¨®n frecuente y mediante los mismos procedimientos fraudulentos tambi¨¦n utilizados con ocasi¨®n de la visita del Papa a Valencia apunta hacia la financiaci¨®n ilegal del PP. Sin tomar en consideraci¨®n alg¨²n tipo de beneficio para el partido resultar¨ªa dif¨ªcil explicar la largueza con la que algunas Administraciones en manos de los populares, como la Generalitat valenciana, aunque no sea la ¨²nica, han tratado a las empresas de Correa. Al margen de que la investigaci¨®n policial aporta pruebas e indicios m¨¢s que suficientes de una largueza equivalente por parte de la red corrupta a la hora de organizar los actos del PP, de la que luego se resarc¨ªa a trav¨¦s de contratos p¨²blicos ama?ados.

Hasta ahora, Mariano Rajoy y la direcci¨®n del PP hab¨ªan defendido a Camps sobre la base de que no exist¨ªan m¨¢s cargos contra ¨¦l que los que desestim¨® el Tribunal Superior. M¨¢s que un argumento, es una coartada para diferir cualquier decisi¨®n acerca del presidente de la Generalitat, a la espera de que, llegado el caso a una situaci¨®n insostenible, sea el propio l¨ªder valenciano el que dimita. Los populares no han renunciado a seguir poniendo velas al diablo en esas v¨ªsperas judiciales de Francisco Camps, intentando desacreditar el sumario que le puede llevar al banquillo. As¨ª lo demuestra el recurso -ins¨®lito en quien est¨¢ personado en el procedimiento como acusaci¨®n particular- contra la providencia del juez instructor en la que pide la identidad de 17 altos cargos, entre ellos Camps, que dieron contratos a la red corrupta.