Fiesta lejos de los n¨²cleos urbanos

La sentencia que declara la nulidad de pleno derecho del decreto municipal de Cornell¨¤ y de las tres licencias de apertura concedidas en su d¨ªa a otras tantas discotecas no es ninguna decisi¨®n judicial novedosa. El juez se refiere a tres precedentes de finales de la d¨¦cada de 1990 en los que el Ayuntamiento de Barcelona deneg¨® licencias de apertura o funcionamiento a los promotores que se quieren instalar en suelo industrial. En todos los casos, esas negativas fueron avaladas m¨¢s tarde por la Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) en sentencias dictadas los a?os 2001, 2002 y 2003.

En todos los casos, el concejal del distrito de Sant Mart¨ª primero y m¨¢s tarde el distrito argumentaron que denegaban las licencias porque los locales estaba en suelo industrial y con el mismo argumento que ahora esgrime el juez: que el uso recreativo s¨®lo est¨¢ permitido al personal de empresas de la zona y no para abrir la discoteca a toda la poblaci¨®n, como ocurri¨® en el caso de Cornell¨¤.

El TSJC recuerda que hasta 1995 el Ayuntamiento de Barcelona toler¨® discotecas en suelo industrial e incluso concedi¨® licencias de apertura, pero tambi¨¦n precisa que la igualdad "s¨®lo es predicable dentro de la legalidad", por lo que no se puede pretender que por ese motivo se concedan ahora licencias, "sin perjuicio de las actuaciones que puedan seguirse contra la Administraci¨®n por su irregular actuaci¨®n".

Lo que nadie discute es que lo ocurrido en Cornell¨¤ sucede en numerosas poblaciones del ¨¢rea metropolitana de Barcelona, que han sacado del casco urbano las discotecas y las han concentrado en zonas industriales. Parece fuera de toda duda que si los afectados por las salas de fiesta recurren tienen todos los n¨²meros para que la justicia les d¨¦ la raz¨®n, aunque en derecho dos y dos pueden ser cuatro o 22 y no hay ning¨²n caso id¨¦ntico. Aparte de que la Administraci¨®n agotar¨¢ todos los recursos y tal como funciona de lentamente esa jurisdicci¨®n, hasta que haya sentencia firme pueden pasar varios a?os. Todo eso sin contar lo que cuesta, adem¨¢s, ejecutar una sentencia firme de este tipo.

El magistrado H¨¦ctor Garc¨ªa Morago reconoce que es consciente de que "no cabe excluir la eventualidad de que el inter¨¦s general acaso pudiera recomendar el desplazamiento de discotecas y salas de fiesta a lugares alejados de los n¨²cleos de poblaci¨®n", pero matiza que eso no puede ocurrir "sin adaptar previa y convenientemente el planeamiento urban¨ªstico".