Un t¨¦cnico del PP de Castell¨®n aval¨® sobrecostes a firmas ligadas a G¨¹rtel

El alcalde de Castell¨®n, Alberto Fabra, y el vicealcalde, Javier Moliner, alegaron en su comparecencia en la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el caso G¨¹rtel abierta en el Ayuntamiento que ellos se limitaron a firmar los informes facilitados por los t¨¦cnicos municipales y que, ¨²nicamente, los avalaron con su r¨²brica como responsables pol¨ªticos. La comisi¨®n, que hoy debate sus conclusiones, investiga la relaci¨®n del consistorio con Lubasa, Piaf y Facsa, tres de las cinco empresas que, seg¨²n los informes policiales del caso G¨¹rtel, est¨¢n vinculadas con la presunta financiaci¨®n ilegal del PP.

Las tres son adjudicatarias de distintos servicios municipales. Sin embargo, al margen de estos, las empresas han emitido, entre 2003 y 2009, facturas por otros trabajos encargados, a dedo, al margen de los contratos. La mayor¨ªa de las facturas correspondientes a este tipo de trabajos, realizados sin consignaci¨®n presupuestaria para ello, ni fiscalizaci¨®n previa, ni un procedimiento de contrataci¨®n reglado, cuenta con el visto bueno del jefe de secci¨®n de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castell¨®n, Crist¨®bal Badenes, quien, adem¨¢s, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castell¨®n, elegida en el congreso de 2008, en la que ocupa el cargo de secretario ejecutivo de Infraestructuras. El t¨¦cnico tambi¨¦n fue secretario general del PP de L'Alcora, donde ahora mantiene el puesto de secretario ejecutivo de Empleo.

La comisi¨®n de investigaci¨®n debate hoy sus conclusiones

As¨ª, Badenes y Moliner comparten reuniones en el ¨®rgano de direcci¨®n del PP provincial de Castell¨®n desde diciembre de 2008, fecha en la que el vicealcalde de Castell¨®n fue nombrado adjunto a la presidencia del partido en la provincia. Sin embargo, su relaci¨®n es anterior ya que Badenes fue uno de los ingenieros industriales que realiz¨® las pr¨¢cticas en la empresa de Javier Moliner en 2004, cuando este ya era concejal del Ayuntamiento de Castell¨®n.

Crist¨®bal Badenes entr¨® en el Ayuntamiento de Castell¨®n, como funcionario y por oposici¨®n, en 2007. Desde ese momento, pas¨® a firmar la mayor¨ªa de las facturas emitidas sin contrato reglado de dos de las empresas a las que la polic¨ªa atribuye la financiaci¨®n ilegal del PP, Piaf y Lubasa. En el caso de las facturas de Facsa, su intervenci¨®n es m¨ªnima.

El Ayuntamiento de Castell¨®n adjudic¨® a dedo a las tres empresas, a las que la polic¨ªa atribuye la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, servicios por un valor de m¨¢s de 26 millones de euros, tal como se desprende de las facturas emitidas entre 2003 y 2009. Piaf, Lubasa y Facsa tienen contratos suscritos con el consistorio como concesionarias para la realizaci¨®n de servicios que salieron a concurso de forma reglada. Sin embargo, las tres empresas han emitido infinidad de facturas, sobre todo en el caso de Lubasa y Piaf, por trabajos realizados sin consignaci¨®n presupuestaria, ni fiscalizaci¨®n previa, ni un procedimiento de contrataci¨®n reglado.

El informe policial realizado tras el an¨¢lisis de la contabilidad de las empresas del caso G¨¹rtel indica que una de las empresas de Francisco Correa, Orange Market, factur¨® a las tres mercantiles. Piaf, por ejemplo, aparece como una de las empresas a las que supuestamente se cobr¨® por trabajos realizados al PP. En el caso de Facsa, Orange Market le factur¨® por trabajos que estaban contabilizados como cargos al PP.

El caso m¨¢s voluminoso es el de Piaf. La empresa es actualmente adjudicataria del mantenimiento de los edificios p¨²blicos y colegios de la capital de La Plana, ya que result¨® elegida tras un concurso en enero de 2007. Antes, la mercantil logr¨® tambi¨¦n el contrato, por cuatro a?os, en 1994 y el de 1999, que fue prorrogado hasta 2006. Este se firm¨® por 1,2 millones de euros, pero, al menos a partir de 2003, Piaf factur¨® alrededor de un mill¨®n m¨¢s al a?o por trabajos realizados, tambi¨¦n en edificios p¨²blicos, al margen del contrato. En 2007 se sac¨® a concurso de nuevo el servicio y, tras la experiencia del sobrecoste de estos trabajos, el Ayuntamiento no s¨®lo no increment¨® la cantidad presupuestada para tal fin, sino que la rebaj¨® en, aproximadamente, 100.000 euros.

La comisi¨®n de investigaci¨®n abierta en el Ayuntamiento de Castell¨®n ha destapado que, entre 2003 y 2009, Piaf factur¨® alrededor 19 millones de euros al margen de su contrato. En el caso de Lubasa, la facturaci¨®n por trabajos realizados a dedo asciende, aproximadamente, a un mill¨®n de euros por a?o.

Las facturas emitidas al margen de contratos est¨¢n incluidas en la ley bajo la figura del reconocimiento extrajudicial de deuda, aunque este se reserva a casos excepcionales y urgentes. La norma entiende que si se acredita la realizaci¨®n del trabajo facturado, la Administraci¨®n debe proceder a su pago para evitar el enriquecimiento injusto de las arcas p¨²blicas. Para la aprobaci¨®n del pago es necesario su paso por el servicio de Intervenci¨®n. En el caso de las facturas presentadas ante el Ayuntamiento, todas ellas cuentan con el informe negativo de este servicio, ya que las obras o servicios carecen de contrato. En cualquier caso, se procede a su pago si cuentan con la firma de un t¨¦cnico y la del concejal que, como responsable pol¨ªtico, avala el pago.

Desde 2008, las facturas presentadas por Piaf est¨¢n firmadas por el jefe de secci¨®n de Infraestructuras del Ayuntamiento de Castell¨®n, Crist¨®bal Badenes, quien, adem¨¢s, forma parte de la junta directiva provincial del PP de Castell¨®n. El montante total de las facturas de Piaf que cuentan con el visto bueno de este t¨¦cnico es de m¨¢s de 11 millones de euros. En el caso de Lubasa, entre 2008 y 2009, la empresa factur¨®, al margen de cualquier tipo de contrato, 3 millones de euros al Ayuntamiento de Castell¨®n.

La comisi¨®n de investigaci¨®n del Ayuntamiento debatir¨¢ hoy sus conclusiones, tras seis meses de an¨¢lisis de facturas. La intenci¨®n es concluir con un dictamen que ser¨¢ debatido en el pr¨®ximo pleno municipal, la semana que viene.

En el transcurso de la comisi¨®n los responsables de las tres empresas fueron preguntados si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucci¨®n para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer. Los tres contestaron negativamente a las tres cuestiones.