Reformas pendientes

En el verano de 2007, Zapatero dijo que la pr¨®xima legislatura -es decir, la actual- ser¨ªa la de la reforma de la justicia. Despu¨¦s, las prioridades cambiaron. La crisis acapar¨® casi toda la atenci¨®n pol¨ªtica y la reforma de la justicia qued¨® una vez m¨¢s aplazada, condenada a ser la eterna reforma pendiente de la democracia. Tres a?os m¨¢s tarde resulta que dos tribunales de naturaleza distinta, el Supremo (¨²ltima y m¨¢xima instancia de la jurisdicci¨®n) y el Constitucional, ajeno a la estructura judicial pero responsable de la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n y de las garant¨ªas jur¨ªdicas de los ciudadanos, est¨¢n a punto de cargarse el pacto Constitucional y de organizar un conflicto pol¨ªtico de envergadura. De modo que no solo queda claro que la reforma de la justicia es imprescindible y no deber¨ªa seguir demor¨¢ndose indefinidamente, sino que tambi¨¦n hay razones para pensar que el Constitucional necesita alg¨²n reajuste.

Solo una dimisi¨®n colectiva enmendar¨ªa el papel¨®n de los miembros del Constitucional

As¨ª lo han entendido los partidos que forman el Gobierno tripartito catal¨¢n y CiU que van a presentar una propuesta de reforma de calado del Constitucional que acabe con los magistrados interinos, que marque plazos que impidan dilaciones en la resoluci¨®n de los recursos que tienen efectos pol¨ªticos colaterales graves, y que limite -por la v¨ªa de una mayor¨ªa cualificada- la capacidad del alto tribunal de cargarse una ley aprobada por la ciudadan¨ªa en refer¨¦ndum. El alto tribunal va ya por su sexto proyecto de sentencia, lo que denota una alarmante incapacidad para cumplir su cometido. Solo una dimisi¨®n colectiva, corolario de desacuerdos sin soluci¨®n, enmendar¨ªa el papel¨®n de los magistrados, por lo menos moralmente. Al PSOE se le plantea un problema pol¨ªtico complicado en un momento en que est¨¢ atrapado en todos los frentes: votar la propuesta catalana o ver c¨®mo 25 de sus diputados -los catalanes- abandonan la disciplina y les dejan en manos del PP. Lo que confirmar¨ªa una sospecha extendida en Catalu?a: que el PSOE no tiene inter¨¦s alguno en evitar un recorte a un Estatuto que nunca ha asumido como suyo, cuando en realidad es m¨¢s suyo que de los partidos catalanes, que hab¨ªan votado otro muy distinto en el Parlamento catal¨¢n.

Lo cierto es que una sentencia dentro de los m¨¢rgenes previsibles, por lo que sabemos de los distintos borradores conocidos, abrir¨ªa una brecha en el pacto constitucional, que en cierto modo ya se est¨¢ viendo en la opini¨®n p¨²blica catalana. Una encuesta publicada ayer en La Vanguardia, eleva los partidarios de la independencia al 37% y certifica el car¨¢cter transversal que tiene la propuesta de separaci¨®n: un 35% de los votantes socialistas apoyar¨ªa la independencia. Con lo cual una vez m¨¢s vamos a la misma cuesti¨®n de siempre: ?Es funci¨®n del Constitucional corregir los pactos pol¨ªticos? Un Estatut no es m¨¢s que un pacto pol¨ªtico para definir el lugar y el papel de una comunidad aut¨®noma en el conjunto de Espa?a. Cierto que hay responsabilidad del PP, al no respetar un pacto del que se autoexcluy¨® y denunciarlo ante el Constitucional. Pero este ha aceptado entrar en un juego que es dudoso que le corresponda.

Del caso Garz¨®n lo que m¨¢s choca es que no haya habido en el Poder Judicial nadie con autoridad y sentido com¨²n para parar este desatino. Desde luego el papel del presidente del Supremo y del Consejo, Carlos D¨ªvar, confirma que a Zapatero, una vez m¨¢s, el PP le col¨® un gol entre las piernas, con la colaboraci¨®n inestimable de la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega, omnipresente en estos l¨ªos.

Por lo dem¨¢s, hay que distinguir dos niveles, el de las rencillas y rencores corporativos, digno de un manual de psicopatolog¨ªa de las peque?as diferencias, y el pol¨ªtico. En este ¨²ltimo el PP arrasa: con la persecuci¨®n de Garz¨®n, avisa a los dem¨¢s jueces sobre cu¨¢l puede ser su destino si se atreven a meterse con la corrupci¨®n del partido y consigue el gran objetivo de blanquear el franquismo, imponiendo su doctrina de que el r¨¦gimen franquista solo debe ser objeto de estudio de los historiadores.

Con lo cual, el esp¨ªritu de la Transici¨®n salta por los aires. En el debate pol¨ªtico, la palabra transici¨®n ha adquirido tal grado de autonom¨ªa que parece que se olvida que carece de sentido si no viene acompa?ada de la palabra democr¨¢tica. Y en una transici¨®n democr¨¢tica, como acaba de decir el Tribunal de Estrasburgo, no se puede negar el car¨¢cter de determinados cr¨ªmenes pol¨ªticos.

Dos tribunales ponen el pacto constitucional en solfa. Es lo que faltaba en plena crisis econ¨®mica. Algunos dir¨¢n que es una estrategia de cortinas de humo de Zapatero para salir del mal paso en que se encuentra. Tengo la sensaci¨®n de que es peor: es la falta de autoridad y de sentido institucional en algunos puestos clave de la estructura del Estado, empezando por la presidencia del Gobierno.