El ajuste perjudicar¨¢ a un mill¨®n de pensionistas y a 150.000 funcionarios

Aplicar el plan de ajuste del Gobierno en Galicia ser¨¢ especialmente doloroso. Bastante m¨¢s que en otras comunidades menos dependientes del gasto p¨²blico. S¨®lo hay que echar un vistazo a la estad¨ªstica: de los 2,7 millones de habitantes censados, unos 925.000 cobran alg¨²n tipo de pensi¨®n, subsidio o prestaci¨®n, nada menos que el 33% de la poblaci¨®n. Hay, seg¨²n los c¨¢lculos del Gobierno, 153.000 empleados p¨²blicos. 91.000 dependen de la administraci¨®n auton¨®mica, que este a?o iba a gastarse en n¨®minas 3.770 millones de euros. Con el recorte que se aplicar¨¢ desde junio ser¨¢n unos 94 millones menos. En plantilla est¨¢n casi 40.000 profesores, unos 34.000 sanitarios y 16.000 t¨¦cnicos y administrativos de la propia Xunta o sus organismos aut¨®nomos.

La Xunta no ha modificado su previsi¨®n de crecimiento

Una parte importante de los funcionarios cobra 1.500 euros brutos

719.000 gallegos cobran una pensi¨®n contributiva, que se ver¨¢ congelada

Falta por concretar el impacto que tendr¨¢ el recorte en las inversiones

La tijera tambi¨¦n llegar¨¢ hasta la Administraci¨®n local. Precisar cu¨¢nto ingresan los m¨¢s de 30.000 empleados que fichan en los 315 ayuntamientos de la comunidad aut¨®noma es complicado. Rondan, seg¨²n los datos del Ministerio de Econom¨ªa, los 700 millones de euros, con lo que la medida aportar¨¢ otros 20 millones a la caja com¨²n solo en este a?o. Un ahorro que, por cierto, es inferior a la suma de los sueldos de los altos cargos y personal de confianza (no funcionario) de los propios consistorios.

Aunque despu¨¦s de que se concretasen las rebajas en funci¨®n de los niveles profesionales (que ser¨¢ progresiva, de entre el 0,56% y el 7% del sueldo mensual y complementos de destino) es imposible saber con exactitud c¨®mo se trasladar¨¢ al sistema gallego. "La inmensa mayor¨ªa de este personal se puede considerar mileurista, ya que m¨¢s del 60% no supera los 1.500 euros en bruto", braman desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Para los principales aludidos, las "medidas extraordinarias de inter¨¦s nacional", como las present¨® la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, no son m¨¢s que la conclusi¨®n de los desatinos en pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno. "Retrasan la recuperaci¨®n y desplazan al empleo como objetivo principal de la actividad econ¨®mica", aseguran desde Comisiones Obreras.

Los economistas dan por descontado que el tijeretazo afectar¨¢ seriamente al consumo de las familias y, de rebote, a la evoluci¨®n de la econom¨ªa en su conjunto. Pero no se ponen de acuerdo sobre su intensidad porque falta un elemento muy importante en el an¨¢lisis: en qu¨¦ grado se cercena la inversi¨®n p¨²blica.

Si el Ministerio que dirige Elena Salgado no ha variado la previsi¨®n de crecimiento del PIB para este a?o (que estimaba un descenso 0,3% para el conjunto nacional), es poco o nada probable que la conseller¨ªa de Facenda lo haga con la suya (del 0,2% en positivo, por el efecto del Xacobeo). El a?o pr¨®ximo la evoluci¨®n ser¨¢, seg¨²n el Gobierno, medio punto m¨¢s baja de lo esperado a causa del duro plan de ajuste.

Desde la Facultad de Econ¨®micas de la Universidad de A Coru?a, Federico Mart¨ªn Palmero cree que la incidencia final que tendr¨¢ sobre el PIB la retracci¨®n del gasto de los hogares "ser¨¢ relativa, mucho menor en cualquier caso que si se revisaran, por ejemplo, las prioridades de gasto p¨²blico en general o se incrementara la lucha contra el fraude". Es lo que los economistas llaman efecto precauci¨®n. Profesor titular de Fundamentos de An¨¢lisis Econ¨®mico, Mart¨ªn Palmero advierte que "son realmente las obras p¨²blicas, con su mayor o menor dotaci¨®n, y a la vez su efecto multiplicador, lo que tiene incidencia sobre el crecimiento del PIB". En su opini¨®n, "el ahorro no existe, es simplemente consumo diferido", y en ese sentido, en lo que m¨¢s se va a notar la decisi¨®n del Gobierno "ser¨¢ en las decisiones finales de compra, mucho m¨¢s que en el ahorro".

El tambi¨¦n profesor del departamento de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago Lago estima que el plan de ajuste obligar¨¢ a sacrificar al menos una d¨¦cima de PIB, s¨®lo por la congelaci¨®n de las pensiones y la bajada de los salarios, que afectar¨¢ al 39% de los ciudadanos gallegos.

Son las prestaciones sociales, las que sostienen el Estado del bienestar, las m¨¢s tocadas en este saco de iniciativas. En todo el territorio su congelaci¨®n reportar¨¢ 1.530 millones de euros a las arcas p¨²blicas. En Galicia tiene un granero importante. De ellas dependen 719.000 personas: jubiladas, viudas, hu¨¦rfanas o incapacitadas. Cobran una media de 647 euros mensuales, la m¨¢s baja de toda Espa?a, y as¨ª seguir¨¢n tras la congelaci¨®n. Otras 159.000 ingresan el paro y 47.000 reciben alguna pensi¨®n no contributiva.

"Todo esto es una vuelta a la realidad, porque en este pa¨ªs lo m¨¢s grave no es la deuda p¨²blica, sino el endeudamiento de las familias". Antonio Grand¨ªo, catedr¨¢tico de la Escuela de Empresariales de la Universidad de A Coru?a, considera que "el gasto de las familias, y en menor medida la inversi¨®n, se ver¨¢n afectadas por un efecto psicol¨®gico que puede posponer decisiones, al menos durante los tres a?os que nos esperan hasta volver a la holgura financiera que hemos disfrutado hasta ahora". Con todo, cree que la decisi¨®n del Gobierno de aplicar el ajuste "es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos".