La fiscal¨ªa responsabiliza a Gibraltar de los vertidos en la bah¨ªa algecire?a
La memoria de Medio Ambiente alerta del paso de buques con seguridad deficiente
La Fiscal¨ªa Superior de Andaluc¨ªa ha pedido m¨¢s control y vigilancia a los barcos que frecuentan la bah¨ªa de Algeciras para evitar que se produzcan vertidos contaminantes que luego son muy dif¨ªciles de castigar. "No resulta f¨¢cil determinar la autor¨ªa y se producen situaciones indeseables de impunidad", explican desde la Fiscal¨ªa de C¨¢diz. La petici¨®n viene recogida en la memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Hist¨®rico de 2009, hecha p¨²blica ayer.
En ella se incide en que las denuncias de los vertidos de buques en tr¨¢nsito se suelen archivar por la dificultad para determinar el autor y porque las autoridades de Gibraltar eluden su responsabilidad. "Permiten el paso por lo que ellos consideran sus aguas territoriales de buques con deficiencias de seguridad o que incumplen la normativa internacional en materia de prevenci¨®n marina y la realizaci¨®n de trasvases de combustible a los buques desde gasolineras flotantes sin respetar la normativa comunitaria", critica la Fiscal¨ªa de ¨¢rea de Algeciras. Esta pr¨¢ctica, conocida como bunkering, entra?a "grav¨ªsimos riesgos ambientales" que no pueden evaluar por la falta de peritos especialistas en los delitos ambientales.
La memoria repasa las incidencias de estas fiscal¨ªas especializadas provincia por provincia y vuelve a alertar de las presiones de los promotores -particulares y empresarios- que han levantado viviendas ilegales en numerosos ayuntamientos. Estas personas y empresas que han realizado un notable da?o ambiental y urban¨ªstico durante los a?os de auge de la construcci¨®n y que en muchas ocasiones tienen procedimientos penales abiertos, no han desaparecido de escena. Los fiscales de medio ambiente los consideran "aut¨¦nticos grupos de poder" que se imponen en la pol¨ªtica urban¨ªstica de los municipios. Presionan no solo para que se legalicen sus obras y evitar las demoliciones, sino tambi¨¦n para que sean todos los ciudadanos los que asuman, a trav¨¦s de los fondos p¨²blicos, el pago de los viales, infraestructuras y dotaciones que les corresponder¨ªa pagar a ellos por levantar sus casas ilegalmente.
"Organizan manifestaciones para pedir que no se aplique la legalidad urban¨ªstica, exigen estar presentes en las juntas de gobierno local y acaban imponi¨¦ndose ante la pasividad de los ciudadanos", destaca la fiscal¨ªa de Medio Ambiente de C¨¢diz.
Los fiscales de varias provincias inciden en lo dif¨ªcil que resulta ejecutar las demoliciones y de las vueltas que los constructores dan antes de aceptar la piqueta. "Est¨¢ suponiendo todo un pulso con el condenado para no llevar a cabo la demolici¨®n", comenta la fiscal¨ªa de Huelva.
En M¨¢laga consideran que la demolici¨®n se est¨¢ acogiendo con "m¨¢s claridad" en los fallos judiciales, aunque citan una sentencia en la que se preve¨ªa que no se ejecutara si en dos meses, una de las acusaciones solicitaba la legalizaci¨®n de la vivienda. "La demolici¨®n no se puede supeditar a condici¨®n alguna, pues se atenta contra el principio de legalidad y seguridad jur¨ªdica", explican. En Sevilla se ha llegado a pactar la demolici¨®n antes de que se celebre el juicio, despu¨¦s de ofrecerles a los acusados una "atenuante privilegiada".
Pintadas contra la ley
Copan los centros hist¨®ricos de las ciudades y los bienes culturales, pero son invisibles para el derecho penal. La Fiscal¨ªa cree que es necesario que las pintadas se recojan en la estad¨ªstica criminal para conocer las verdaderas dimensiones del problema, el perfil de los agresores o su persistencia. Con ello se pretende combatir las agresiones sufridas por los Bienes de Inter¨¦s Cultural declarados o en proceso de declaraci¨®n y proteger el patrimonio de una comunidad aut¨®noma que tiene en su riqueza hist¨®rica y monumental su principal activo. En un documento elaborado junto a la Universidad de Granada, la Fiscal¨ªa Superior establece las bases para el an¨¢lisis jur¨ªdico del problema de los graffitis. En determinados casos su autor puede enfrentarse a infracciones como injurias y calumnias, amenazas o apolog¨ªa de la discriminaci¨®n. Con todo, la mayor¨ªa de casos no incluyen estos mensajes y habr¨ªa que determinar si la conducta supone un delito o una falta de da?os o de deslucimiento.
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