El tribunal de la discordia

El presidente de la Generalitat compareci¨® el lunes ante el Senado para pedir la renovaci¨®n del Constitucional (TC), estancada en la C¨¢mara alta por la maliciosa propuesta del PP -"lo toma o lo deja"- de dos provocadores candidatos. Esa demora no invalida la capacidad para votar de los magistrados cuyo mandato est¨¦ vencido, que "continuar¨¢n en el ejercicio de sus funciones -establece el art¨ªculo 17 de la ley org¨¢nica- hasta que hayan tomado posesi¨®n quienes hubieren de sucederle".

La responsabilidad de los retrasos tampoco recae sobre el TC, sino sobre el Congreso, el Senado, el Consejo de Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno; en el ¨¢mbito parlamentario, los ¨²nicos culpables son los dos grandes partidos que boicotean el consenso preciso para reunir los 3/5 de esca?os necesarios de las C¨¢maras. Las injustificadas tardanzas y el c¨ªnico descaro de unos partidos que se consideran impunes suscitan la imagen espectral de un Constitucional que se extinguir¨ªa a la larga por la desaparici¨®n f¨ªsica de unos magistrados vitaliciamente en funciones.

El presidente de la Generalitat pide en el Senado la renovaci¨®n del Constitucional

El panorama es desolador. No s¨®lo el mandato de los cuatro magistrados elegidos en diciembre de 1998 por el Senado concluy¨® a finales 2007. Tambi¨¦n la plaza de un quinto magistrado, votado por el Congreso en octubre de 2001 y fallecido hace casi dos a?os, se halla vacante. De a?adidura, el pr¨®ximo oto?o concluir¨¢n su periodo de nueve a?os los otros tres magistrados designados por la C¨¢mara baja. Si la renovaci¨®n continuase paralizada, s¨®lo cuatro de los doce miembros del Constitucional llegar¨ªan a finales de 2010 con su mandato en regla, si bien ¨²nicamente tres podr¨ªan participar en la votaci¨®n sobre el Estatuto de Catalu?a, a causa de la fraudulenta recusaci¨®n de Pablo P¨¦rez Tremps interpuesta por el PP y aceptada por sus desleales colegas.

Pero la autoridad pol¨ªtica y el prestigio jur¨ªdico de una instituci¨®n como el Constitucional son tan importantes como la legalidad de sus decisiones. El visible deterioro sufrido durante los ¨²ltimos a?os por un tribunal profundamente dividido es consecuencia de su vasallaje a la l¨®gica del poder y a los intereses partidistas, aunque su presidenta culpe de ese desgaste a los cr¨ªticos y se refugie tras los cortinones protectores del TC para rehuir sus responsabilidades.

El inter¨¦s de Jos¨¦ Montilla por la renovaci¨®n del TC es tan poco inocente como la resistencia de los populares a facilitarla. El Constitucional tiene pendiente desde hace casi cuatro a?os la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el nuevo Estatuto de Catalu?a de 2006, aprobado por el Parlamento aut¨®nomo, las Cortes Generales y un refer¨¦ndum celebrado dentro de la comunidad aut¨®noma. La divisi¨®n interna en tres bloques le impide al Tribunal Constitucional dictar el fallo.

Dada la correlaci¨®n de fuerzas parlamentarias, cualquier cambio en la composici¨®n del Constitucional durante esta legislatura ser¨ªa beneficiosa para el Gobierno socialista y perjudicial para el PP. Es seguro que el actual TC no declarar¨¢ plenamente constitucional el Estatuto: el quinto borrador de sentencia -derrotada el pasado mes de abril- se aproximaba a los criterios de la Generalitat, pero discrepaba sobre cuestiones tan sensibles como los s¨ªmbolos nacionales, la lengua propia, la organizaci¨®n judicial y la bilateralidad. El llamamiento de Montilla a la renovaci¨®n arroja m¨¢s gasolina a la hoguera, ya que el alto tribunal, una vez remozado, podr¨ªa dictar una sentencia favorable a la Generalitat; en t¨¦rminos futbol¨ªsticos -apuntan algunos cr¨ªticos-, la renovaci¨®n equivaldr¨ªa a cambiar de ¨¢rbitro una vez comenzado el partido y con el marcador en contra.

El actual tribunal de la discordia, abierto solo a las coaliciones negativas obstruccionistas e incapaz de acordar una sentencia, ofrece dilemas de p¨¦sima salida. El Constitucional no puede invocar el non liquet del Derecho romano y est¨¢ obligado a resolver todos los conflictos planteados ante su sede: el recurso del PP contra el Estatuto de Catalu?a no podr¨ªa quedar sin respuesta. Pero el TC tampoco puede recurrir al mecanismo de la Sala de la Discordia de la Ley del Poder Judicial, a fin de construir una mayor¨ªa capaz de dictar sentencia mediante la incorporaci¨®n de nuevos magistrados. ?Qui¨¦n y c¨®mo cuadrar¨¢ el c¨ªrculo?