Cotino desv¨ªa a la empresa Vaersa la gesti¨®n territorial y ambiental

La publicaci¨®n ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del decreto ley que agiliza los tr¨¢mites urban¨ªsticos revel¨® algo que la consejera portavoz de la Generalitat, Paula S¨¢nchez de Le¨®n, no explic¨® el viernes al dar a conocer el acuerdo del Consell. La empresa p¨²blica Valenciana de Aprovechamiento Energ¨¦tico de Residudos, SA (Vaersa), salpicada por el caso G¨¹rtel (fue la primera en contratar a la trama de corrupci¨®n en un concurso ficticio del que Orange Market cobr¨® la mitad sin llegar a ejecutar el encargo) y reiteradamente se?alada por la Sindicatura de Comptes por incumplir la normativa de contrataci¨®n p¨²blica, ve ampliada su capacidad para "impulsar la inversi¨®n de la Generalitat en la construcci¨®n de infraestructuras y en la gesti¨®n de servicios p¨²blicos".

Declarada "medio propio e instrumental y servicio t¨¦cnico de la Generalitat", Vaersa se convierte en un instrumento similar a lo que representa Ciegsa para la ejecuci¨®n de inversiones educativas, un ¨®rgano capaz de ejecutar la pr¨¢ctica totalidad de la gesti¨®n del departamento de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino.

Los socialistas denunciaron la maniobra, que pretende, en su opini¨®n, crear "una red opaca de entes p¨²blicos fuera de todo control", unos entes que son el "germen de gran parte de los casos de corrupci¨®n".Vaersa no es la ¨²nica sociedad sobre la que la consejer¨ªa que dirige Juan Cotino deriva su gesti¨®n. En el mismo paquete est¨¢n Epsar (Entidad P¨²blica de Saneamiento de Aguas Residuales) y el Instituto Cartogr¨¢fico Valenciano. Estas sociedades podr¨¢n contratar obras e infraestructuras relacionadas con los sectores de residuos, forestal, h¨ªdrico, modernizaci¨®n de regad¨ªos, agr¨ªcolas y ganaderos.

Desde el punto de vista t¨¦cnico, el decreto impide la fiscalizaci¨®n de los proyectos, sobre todo, a partir de su adjudicaci¨®n, momento en que empieza a regir el derecho privado. As¨ª, cuestiones relacionadas con el control de las certificaciones de obra o con posibles sobrecostes quedan amparados por el r¨¦gimen mercantil y dificultan cualquier control de la oposici¨®n. "Lo que realmente pretende", explic¨® ayer el diputado socialista Francesc Signes, "es incrementar la ya existente opacidad en su gesti¨®n". Otro efecto del decreto es que permite a estas sociedades, como "poder adjudicador", contratar obras con aplazamiento en el pago para no engordar la deuda de la Generalitat.

El decreto que transfiere la gesti¨®n a las sociedades p¨²blicas facilita igualmente la entrada de financiaci¨®n privada en la construcci¨®n de infraestructuras. El consejero de Medio Ambiente, que no sali¨® el viernes a explicar el decreto en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell, justific¨® ayer la modificaci¨®n: "Es para favorecer que los tr¨¢mites sean m¨¢s r¨¢pidos y la burocracia se lleve a cabo en un plazo m¨¢s corto". En la oposici¨®n solo ven nuevas trabas a la ya complicada tarea de fiscalizaci¨®n del Consell.

El decreto convierte en papel mojado la oferta de consenso que el PP lanz¨® a la oposici¨®n para reformar la legislaci¨®n urban¨ªstica. Cotino present¨® un borrador para simplificar el complejo y farragoso cuerpo legislativo urban¨ªstico, con apenas seis a?os en vigor. El texto estaba redactado por tres catedr¨¢ticos universitarios que, entre otras cuestiones, propon¨ªan que cuando los Programas de Actuaci¨®n Integrada (PAI) caduquen, no solo decaiga el proyecto sino que prescriba tambi¨¦n la reclasificaci¨®n de suelo que lleva aparejada. Ese extremo se lo carg¨® de un plumazo el decreto aprobado el pasado viernes por el Consell.

No en vano, el consejero subray¨® entonces, tras conocer el borrador de los expertos, que sus propuestas ser¨ªan tenidas en cuenta por el Gobierno pero ser¨ªa el Consell quien tomara la decisi¨®n ¨²ltima.

"El Gobierno del se?or Camps demuestra con este cambio hasta qu¨¦ punto era falaz su manifestada voluntad de establecer un gran pacto urban¨ªstico", critic¨® Francesc Signes. "Es un parche no consensuado", insisti¨® el diputado socialista, en cuya opini¨®n el Consell renuncia a solucionar la situaci¨®n en que han quedado grandes superficies de suelos programados y reclasificados durante estos ¨²ltimos a?os por el Gobierno del PP.

Sobre el urbanismo valenciano pende no solo la reforma legislativa, sino una denuncia contra Espa?a en el Tribunal de las Comunidades Europeas, cuyo primer tr¨¢mite se llevar¨¢ a cabo el pr¨®ximo septiembre. El abogado del tribunal comunitario expondr¨¢ su postura ante los magistrados en torno a si la Ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV) cumple las directivas europeas en materia de contrataci¨®n.