La financiaci¨®n de la dependencia premiar¨¢ la agilidad en las ayudas
Gobierno y comunidades aprueban hoy los nuevos criterios - El modelo perjudica a Madrid y Valencia, con mucha poblaci¨®n pero menos cobertura
Las comunidades aut¨®nomas y el Gobierno aprobar¨¢n hoy nuevos criterios para financiar la Ley de Dependencia, criterios que premian la buena gesti¨®n realizada por las Administraciones, es decir, las m¨¢s ¨¢giles en el desarrollo de la ley. Las comunidades que peor han aplicado esta ley en sus territorios -las que tienen menos beneficiarios protegidos- saldr¨¢n perjudicadas si persisten en esa forma de actuar, porque recibir¨¢n menos dinero del llamado nivel acordado, que en la actualidad es de 233 millones de euros. Hasta ahora el criterio que m¨¢s pesaba era la poblaci¨®n; en los pr¨®ximos a?os ser¨¢ la eficacia.
El dinero del nivel acordado se divide ahora en tres fondos, el general, el de compensaci¨®n y el de cumplimiento de acuerdos. El general es el m¨¢s importante porque supone el 80% del total del dinero.
Tener el plan de atenci¨®n hecho no significa que ya se reciba la prestaci¨®n
Conceder servicios en lugar de otorgar dinero ser¨¢ compensado
El fondo general se ven¨ªa repartiendo, sobre todo, en funci¨®n de la poblaci¨®n dependiente calculada para cada comunidad. Ahora se a?aden dos nuevos criterios: el n¨²mero de personas que ya tienen adjudicada una ayuda (PIA) y el n¨²mero de prestaciones de servicios. El primero premia la agilidad en la gesti¨®n y el segundo la concesi¨®n de servicios, una plaza en un geri¨¢trico, por ejemplo, frente a las muy extendidas ayudas econ¨®micas. As¨ª se desprende del documento al que ha tenido acceso este peri¨®dico.
El nuevo acuerdo, plurianual, ir¨¢ adelgazando el peso del criterio poblacional que ahora supone un 55% del fondo general: en 2011 s¨®lo supondr¨¢ un 20%, en 2012, un 10% y el a?o siguiente desaparecer¨¢ por completo.
?D¨®nde ir¨¢ todo ello? Lo que se pierde por esa v¨ªa ir¨¢ engordando cada a?o uno de los nuevos criterios introducidos ahora, el del n¨²mero de personas que ya tienen adjudicada una ayuda. As¨ª que, en 2013, casi un 74% del fondo general se repartir¨¢ en funci¨®n de los dependientes a los que ya les han recetado la ayuda que les corresponde, es decir, ya tienen su plan individual de atenci¨®n (PIA), la ¨²ltima puerta antes de recibir la ayuda.
Normalmente se entiende que el que tiene el PIA ya tiene su prestaci¨®n, pero no siempre es as¨ª de inmediato. Este nuevo reparto puede servir de acicate a las comunidades aut¨®nomas para avanzar en los tr¨¢mites administrativos, pero tambi¨¦n caben las trampas en una ley que ha estado permanentemente jalonada de ellas. A partir de ahora pueden darse prisa en completar los PIA para obtener m¨¢s dinero, pero si despu¨¦s tardan en otorgar la ayuda tendr¨¢n que pagar los atrasos. Es m¨¢s dif¨ªcil hacer trampa.
Estas nuevas medidas se aplauden en las comunidades que van m¨¢s adelantadas en la aplicaci¨®n de la ley, pero penalizan a las dem¨¢s. Madrid y Valencia, por ejemplo, no saldr¨¢n bien paradas si contin¨²an como ahora. La oposici¨®n de estas dos regiones a la medida podr¨ªa hoy arrastrar a la abstenci¨®n a otras comunidades del PP, que s¨ª valoran la propuesta. Pero el acuerdo se alcanzar¨¢ de todos modos.
Una simulaci¨®n sobre c¨®mo afectar¨ªan estos nuevos criterios de reparto en las comunidades si sus datos siguen en la tendencia actual demuestra que las m¨¢s perjudicadas ser¨ªan Canarias, Valencia, Madrid, Galicia y Asturias, mientras que se beneficiar¨ªan Andaluc¨ªa y Murcia, entre otras. Porque a veces unos criterios y otros compensan las p¨¦rdidas.
Personas atendidas
Algunas comunidades, como Castilla y Le¨®n, han valorado este acuerdo, porque creen que va en la direcci¨®n correcta, es decir, premia en el reparto a las que gestionan con m¨¢s agilidad y conceden m¨¢s servicios. Pero fuentes de esa consejer¨ªa lamentan que todo el porcentaje que se pierde por el criterio de la poblaci¨®n vaya a parar solo al de las personas con ayuda adjudicada. Entienden que ser¨ªa m¨¢s justo que el criterio fuera, decididamente, el n¨²mero de personas que ya est¨¢n recibiendo la ayuda o que parte de ese porcentaje de dinero sea en funci¨®n de las prestaciones de servicios, que son las que crean empleo.
Desde la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, tambi¨¦n creen que la iniciativa va en la direcci¨®n adecuada, pero recuerdan que no hay nada tan efectivo como repartir el dinero en funci¨®n del n¨²mero de personas efectivamente atendidas y del coste de cada servicio que reciben, porque no cuesta lo mismo una plaza de residencia que atender a un anciano en casa, por ejemplo.
En 2009, para corregir los desfases de gesti¨®n entre comunidades, se decidi¨® primar con un 20% del total del dinero a las autonom¨ªas que m¨¢s personas tuvieran ya reconocidas como dependientes. Eso se volvi¨® contraproducente, porque algunas comunidades dictaminaron r¨¢pido, pero se demoraron a la hora de dar las ayudas. As¨ª que recib¨ªan m¨¢s por esa v¨ªa las que peor gestionaban.
El reparto del dinero acordado
La financiaci¨®n de la Ley de Dependencia tiene dos niveles, el m¨ªnimo y el acordado. El m¨ªnimo es el m¨¢s importante, un dinero por cada dependiente incluido en el sistema. El acordado se negocia con las comunidades y en ¨¦l se introducen criterios coercitivos. Su monto es de 283.197.420 euros. Queda como sigue:
- Fondo general. Se lleva el 80% del dinero a repartir entre los siguientes criterios: poblaci¨®n potencialmente dependiente (55%, 20% en 2011, 10% en 2012 y nada en 2013); superficie de la comunidad (1,80%); dispersi¨®n de la poblaci¨®n (0,60%); insularidad (0,60%); dict¨¢menes de grado y nivel (6,30%); personas con la ayuda concedida, PIA (18,90%), y prestaci¨®n de un servicio (16,80%).
- Fondo de compensaci¨®n. Supone un 10% del total, repartido as¨ª: capacidad econ¨®mica de las familias (49%), coste de los servicios en cada territorio (49%) y emigrantes retornados (2%).
- Fondo de cumplimiento. Se lleva el restante 10% del total para: formaci¨®n de cuidadores familiares (85%) y transposici¨®n de los acuerdos a la normativa auton¨®mica (15%).
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